Cuando le quitaron al partido del presidente de Colombia “Pacto Histórico” la presidencia del Congreso, el primer mandatario señaló que se trataba de un golpe blando, inspirado en el interés por obstaculizar o torpedear iniciativas o ideas adelantadas por parte de su gobierno. La crítica de Gustavo Petro, al parecer, estaba dirigida al Consejo de Estado, que había tomado la decisión de retirar la elección de Roy Barreras como presidente del Senado de la República, imponer la sanción a un senador del partido gobernante y la suspensión de un congresista. El argumento central consiste en el alegato de que las instituciones estarían actuando con el fin de cambiar con sus decisiones la voluntad popular expresada en las urnas.
El choque por parte del presidente con actuaciones de la Procuraduría y del mismo procurador desde entonces han ido en aumento, sin que esta situación tenga algo novedoso en las complejas relaciones interinstitucionales de Colombia. Es evidente que estos elementos no permiten hablar de un “golpe blando”, expresión que se ha utilizado en casos de tan diversos gobernantes como Fernando de la Rúa en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en el Perú. Todos estos casos llevan su situación especial en contextos específicos de su país, pero se les está sumando a una categoría de destituciones (reales o intencionadas) o renuncias (forzadas o voluntarias), de manera que no se prestan para una análisis serio.
Guatemala ¿Un golpe blando en marcha?
Un caso diferente y novedoso es el proceso que actualmente se vive en Guatemala después de la victoria electoral de Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente del país, quien debe asumir su nuevo cargo el día 14 de enero de 2024. Desde el momento de su sorpresivo segundo lugar en la primera vuelta y su éxito rotundo, con más de 60%, en la votación en el balotaje del 20 de agosto de 2023, ha habido cantidad de intervenciones jurídicas por parte de la Fiscalía y ciertos jueces de su país para poner en duda el resultado.
Así, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral anuló a su partido Semilla por un supuesto caso de firmas falsas durante su creación, y se trató de impedir de que se presentara en la segunda vuelta electoral. Hasta el día de hoy siguen las acciones judiciales contra el resultado de las elecciones, con el claro intento de que Arévalo pueda asumir su cargo. El mismo Arévalo insistió en que “estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente”. Su análisis de la situación es explícito y claro: “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. Se evidencia que se están llevando a cabo acciones contra el presidente electo desde las instituciones que deberían garantizar la justicia, especialmente la Fiscalía, cuyas limitaciones habían sido expuestas durante la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), expulsada del país en 2019. Por su actuación arbitraria, decenas de periodistas y jueces anticorrupción tuvieron que optar por el exilio.
Los golpes blandos, una nueva modalidad destituyente en democracias formales
El uso de las instituciones para legitimar intentos por controlar el poder por parte de élites que tradicionalmente ostentaron la capacidad de regular el acceso a las instancias superiores de toma de decisión no es algo nuevo en América Latina. Siempre han existido intentos de manipulación de instituciones formales, al igual que se ha recurrido a elementos adicionales, como a estrategias de deslegitimación, al debilitamiento de los apoyos sociales, a atizar protestas callejeras, y a la fractura institucional. Que las oposiciones quieran promover el desgaste de un gobierno es, en ese sentid,o una táctica establecida para promover la desvinculación sistemática entre los gobernantes y los estratos sociales que los apoyaron.
Sin embargo, en este punto, la línea que separa la crítica y la acción legítimas de un llamado “golpe suave” es muy delgada, ya que sería erróneo considerar que cualquier amplificación de reclamos sociales, o la continua crispación de controversias y enfrentamientos políticos, sean ya parte de un intento golpista que algunos políticos tratan de invocar con cierta facilidad en un ambiente de ingobernabilidad.
Trabajar en condiciones de malestar en la sociedad es parte convencional de cualquier gobierno en el mundo. Una cosa muy diferente es utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho en contra de gobiernos o actores políticos que cometieron la osadía de cuestionar el statu quo interno y externo de las sociedades latinoamericanas.
El caso guatemalteco demuestra que el diseño institucional de los sistemas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de ciertos estratos sociales que no conocen límites en su esfuerzo de quitarle el poder del Estado a gobiernos o actores políticos que les resultan incómodos, o cuyas posiciones están en contra de sus intereses. La retórica golpista -también la variante “blanda”-, por lo tanto, habrá que utilizarla con cautela y debería limitarse a aquellos casos donde es visible el abuso de facultades institucionales contra posturas políticas cuyo avance se desea frenar desde el inicio.
