El gobierno nacional al verse acorralado ante cualquier situación que se le señala, y específicamente en el plano de los derechos humanos (DDHH), busca minimizar el impacto para hacer ver que lo descrito no es cierto. Sucedió con lo acontecido en la ciudad de Tocoron, así, la ciudad, no el penal de Tocoron, porque lo que desmantelaron allí no es distinto a lo que se registra en otros centros de reclusión del país. Si existía un zoológico, piscina, discoteca, clubes privados, burdeles, túneles con todas las comodidades para entrar y salir, solo les faltaba el submarino con armas nucleares…la pregunta es ¿cómo lo hicieron? ¿Quiénes son los responsables? ¿está mejor organizado los criminales que el gobierno y sus instituciones? ¿se premia al crimen y se castiga al inocente?
El alboroto generado por tal acción tenía el propósito de evitar que los ciudadanos se enterarán del contenido que sería difundido en la conferencia de prensa que realizó la Misión de determinación de los hechos sobre la violación a los DDHH en Venezuela, y que será presentado el lunes 25 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nada bueno se señala en el contenido de esas investigaciones, y es pertinente que se apliquen los correctivos para el respeto que se merecen los ciudadanos, y las instituciones del país. Quebrantamiento a los derechos como la alimentación, a la vida, a la información, libertad de expresión, a la libertad de prensa, de asociación y arrestos arbitrarios, a la salud, al de propias posesiones, son entre otros, aspectos que se señalan en el marco de las investigaciones que adelanta la referida comisión, que ya tiene varios años de investigación sobre la materia en suelo venezolano, todos ellos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno venezolano ha negado permanentemente los hallazgos presentados en los informes y ha rechazado igualmente las recomendaciones realizadas por la comisión, aumentando la vulnerabilidad de la población e incrementando que la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incidan con acciones contundentes para proteger los DDHH en el país. La situación venezolana se torna desesperante y el cuarto informe de la mencionada comisión es un llamado de atención urgente al gobierno venezolano y a la comunidad internacional, para que el tema sea abordado con seriedad y determinación, para consolidar la sana convivencia ciudadana, y el respeto a la aplicación de justicia en los términos consagrados en la Ley. Ningún gobernante en el mundo está facultado para violentar los DDHH de las personas. Tampoco la fuerza pública puede ser usada para el amedrantamiento y la siembra del terror en las comunidades y núcleos familiares. Hoy la justicia internacional toca a la puerta del gobernante. Tocoron fue la distracción.
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