¡Ay, qué terribles 4:41 de la madrugada!, cabe decir parafraseando a García Lorca, aunque no era la sangre causada por un toro, sino por guardias nacionales y policías que disparaban perdigones y repartían peinillazos. Niños asfixiados por las bombas lacrimógenas lanzadas por chacales con vestimentas militares. Ancianos despavoridos. Mujeres amedrentadas por gritos de ¡Putas!, nosotros sí somos machos”, proferidas por uniformados embriagados de odio y quizá de algo más. Hombres tratando de proteger a sus familias. Madrugada de terror para las valientes familias petroleras residentes en Los Semerucos. Deshonra no solo para los agresores directos, sino también para los cobardes que les ordenaron o permitieron la alevosía Se valieron de la complicidad de la obscuridad para agredir a seres indefensos. Vergüenza del género humano que a veces se degrada.
En la madrugada del 25 de septiembre del 2003, cientos de guardias nacionales del Destacamento 44 y de efectivos movilizados desde Barquisimeto, y policías del estado Falcón entraron al campo residencial con gritos de guerra. El enemigo no eran guerrilleros de la Farc, ni del ELN, que tienen a nuestro país como refugio, campo de entrenamiento y fuente de ingresos para sus fechorías, ante la complicidad del general Padrino López y de un grupo de generales. En este caso el enemigo eran ciudadanos indefensos que trataban de conciliar el sueño a sabiendas de que serían agredidos.
Las viviendas estaban ocupadas por familias de compatriotas que trabajaban en el Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), despedidos ilegalmente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El desalojo no procedía, ya que la ocupación de las residencias estaba amparada por el contrato de trabajo y este estaba vigente porque ni la Inspectoría del Trabajo, ni los Tribunales se habían pronunciado sobre los despidos. Los chacales entraron a la urbanización sin orden judicial, como consta en las actas de la Guardia, lo cual desmiente las declaraciones del entonces Comandante General de la Guardia Nacional, general Jesús Villegas Solarte.
Quedaron grabados en videos tomados por los propios residentes. Eva Riera, periodista de El Nacional, reseñó las agresiones. Toda Venezuela presenció el ataque, gracias a los medios de comunicación que en aquel tiempo todavía no estaban controlados por el régimen. Gente del Petróleo y Unapetrol denunciamos los atropellos. Quien esto escribe lo detalló en el libro Ni un paso atrás: en defensa de la democracia, publicado en el 2004 por la Fundación Andrés Mata.
Previamente, violaron los derechos de Edgar Rasquin, Gerente General del CRP antes de los despidos e Iván Hernández, gerente en ejercicio, impidió la inscripción de los niños en las escuelas, violando la ley y la disposición del tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del municipio Los Taques. Además, paramilitares chavistas lanzaron artefactos explosivos contra la residencia y contra un pequeño negocio de una pareja de compañeros de Gente del Petróleo.
Diecinueve ciudadanos resultaron lesionados, cuatro de ellos con heridas de consideración, y 36 niños fueron atendidos en las clínicas por asfixia. En el desespero, un niño fue protegido dentro de una nevera y otros sacados por las ventanas envueltos en sábanas para mitigar el efecto de las lacrimógenas. Detuvieron a un grupo de residentes.
Gente del Petróleo y Unapetrol han sometido el caso ante la Corte Penal Internacional, solicitando se investigue la violación de derechos humanos por los entonces teniente coronel Lenin González Trompiz, mayor Manuel Graterol, capitanes Giovani Bianco y Raúl Millán, teniente Montilla, sargento Omar Luque Z., cabos Julio Mireles y Bravo, y guardias Alirio Barradas, Bermúdez y Piña. Igualmente, del teniente coronel retirado Dionisio Durán, gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, así como de los ciudadanos Iván Hernández, gerente del Centro de Refinación de Paraguaná, y de otros que puedan haber actuado o dado las órdenes. Desde luego esa acción contó con el visto bueno del entonces presidente Hugo Chávez, de Alí Rodríguez Araque quien ocupaba la presidencia de Pdvsa, de Rafael Ramírez Carreño, quien era ministro de Energía y Minas, de Jesús Montilla, gobernador de Falcón, del mencionado general Villegas Solarte y de los jueces Guillermo Infante y Pastor Liscano.
¡Honor a las valientes familias de Los Semerucos! ¡Vergüenza para los agresores!
Como (había) en botica: Chávez y Maduro no defendieron el derecho de Venezuela que llega hasta la margen izquierda del rio Esequibo. Al respecto, el distinguido abogado Héctor Faúndez escribió “La Asamblea Nacional quiere preguntarle a los venezolanos qué hacer. Eso deberían saberlo los abogados del gobierno, que son los que llevan el caso, y que son los que profesionalmente deberían estar en capacidad de dar una respuesta apropiada. Pero parece que ellos tampoco lo saben, porque no lo han estudiado, o porque no es su campo de experticia”. (Se refiere a la AN 2018). La sentencia de hasta 30 años a ocho militares y dos civiles es otra arbitrariedad del régimen valiéndose de la sumisión de la jueza Grendy Duque. El almirante( r) Remigio Ceballos, ministro del Interior, al frente de 11.000 efectivos militares y policiales (entre 11 y 13 batallones) tomó la cárcel-ciudad de Tocorón, donde convivían familias, había piscina, máquinas para minar criptomonedas, discoteca, restaurantes, motos, gran cantidad de armamento y era centro para organizar atracos, secuestros y extorsiones. Los líderes escaparon o los dejaron escapar por un túnel. Y el bufón Ceballos dice que fue un éxito y que ahora el Estado tiene el control de esa cárcel. Los demócratas estamos de luto por la partida prematura del doctor Román Duque Corredor, excelente jurista y respetado ciudadano. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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