El 30 de agosto, tropas de élite masacraron a más de 50 civiles que planeaban protestar por la supuesta injerencia extranjera en el este de la RDC, tres meses antes de las elecciones. El gobierno ha pedido a la ONU una retirada acelerada de las tropas de mantenimiento de la paz.
¿Qué ocurrió en Goma el 30 de agosto y después?
En la madrugada del 30 de agosto, soldados de la Guardia Republicana y otras unidades del ejército asaltaron una iglesia y una emisora de radio pertenecientes a un grupo religioso conocido como Agano la Uwezo/Wazalendo (Iglesia de los Patriotas, en kiswahili) en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Estos habían anunciado su intención de manifestarse contra la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, o MONUSCO, así como contra la fuerza de la Comunidad del África Oriental, que se desplegó para frenar la violencia de los grupos armados en el este de la RDC en agosto de 2022, y contra las ONG occidentales que operan en la zona. Testigos presenciales informaron de que soldados de élite armados mataron a tiros a decenas de civiles, hirieron y detuvieron a muchos más, y arrojaron los cuerpos de los muertos a la parte trasera de camiones militares antes de prender fuego a la iglesia.
Cuando los vídeos de la masacre empezaron a circular por las redes sociales, las autoridades provinciales cifraron el número provisional de muertos en seis civiles más un policía linchado por los lugareños. Mientras tanto, el gobernador militar de Kivu Norte, el general Constant Ndima, calificó a la secta de grupo de bandidos armados en un aparente intento de justificar la operación. Al día siguiente, el gobierno revisó al alza el balance de víctimas, anunciando que había 43 muertos, 56 heridos y 138 detenidos; declaró que los arrestados serían juzgados por los actos de conspiración criminal y participación en un movimiento insurreccional. (Posteriormente, las autoridades provinciales volvieron a ajustar el número de víctimas mortales, hasta 51). En un incendiario comunicado de prensa, el portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, trató de incriminar a la organización acusando a sus miembros de atentar contra el orden público, afirmando que habían matado a pedradas a un agente de policía, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad. Muchos observadores creen que, por el contrario, el linchamiento se produjo después de que los soldados hubieran abierto fuego.
En lugar de aliviar la indignación pública por el descarado ataque, la torpe respuesta de las autoridades avivó las llamas. Los residentes de Goma no sabían cómo explicar la crueldad de la redada, que fue extraordinaria incluso para los pobres estándares de derechos humanos del país. Percibiendo el estado de ánimo de la opinión pública, Kinshasa cambió de rumbo. El 1 de septiembre, el presidente Félix Tshisekedi exigió a su gobierno que esclareciera la “espantosa tragedia”. Después de que ministros clave del gobierno realizaran una apresurada visita a Goma al día siguiente, las autoridades detuvieron a dos oficiales superiores de la Guardia Republicana y a cuatro soldados por su presunta implicación en el asalto, afirmando que serían juzgados de forma inminente. Kinshasa también llamó al gobernador militar, Ndima, a Kinshasa “para consultas”. Ndima es la máxima autoridad de Kivu del Norte desde mayo de 2021, cuando Tshisekedi puso la provincia, junto con la adyacente Ituri, bajo la ley marcial (denominada “estado de sitio”) para hacer frente a las decenas de grupos armados extranjeros y locales que operan en la zona.
Cuando se inició el juicio de los soldados el 5 de septiembre, el fiscal de la RDC afirmó que los acusados habían actuado con independencia del Estado en su “macabra empresa”. Pero el proceso se ha centrado cada vez más en el papel de Ruanda en el este de la RDC, especialmente en su apoyo al movimiento rebelde M23 que resurgió tras casi una década de letargo, atacando posiciones del ejército en Kivu del Norte en 2021. El 8 de septiembre, el comandante de la Guardia Republicana en Goma, el coronel Mike Mikombe, declaró que la inteligencia militar le había informado de que quienes planeaban la marcha eran “auxiliares del M23”. Días antes, el ministro del Interior, Peter Kazadi, ya había justificado el despliegue del ejército el 30 de agosto como una defensa contra una amenaza de Ruanda, señalando que “las fuerzas especiales ruandesas se habían desplegado a lo largo de toda la frontera”. Las fuerzas especiales de la Guardia Republicana, dijo, entraron por tanto en acción “para tranquilizar a la población y crear un efecto disuasorio”.
Al presentar sus acciones como parte de los esfuerzos para contrarrestar al M23 y a Ruanda, los acusados y el gobierno justifican la incursión del 30 de agosto como vinculada a la protección de Goma. Pero a medida que avanzaba el juicio, esta línea de defensa empezó a desmoronarse, con el testimonio de varios testigos que pusieron de manifiesto graves problemas en la cadena de mando del ejército. Por ejemplo, en su comparecencia del 9 de septiembre, el jefe de la inteligencia militar de Kivu Norte acusó a la Guardia Republicana de matar a civiles desarmados, después de que él mismo hubiera sido desarmado por orden del coronel Mikombe: “El comandante de la Guardia Republicana me pidió que dejara de hablar con los manifestantes. Los manifestantes estaban desarmados cuando yo hablaba con ellos. Yo estaba allí y contamos 42 muertos y 33 heridos in situ”.
¿Por qué el incidente es un mal presagio para las elecciones nacionales previstas para diciembre?
La represión se enmarca dentro de tensiones generalizadas en Goma. Los rebeldes del M23, fuertemente armados, han avanzado periódicamente sobre la ciudad, desplazando a miles de personas. Muchos residentes están resentidos con la MONUSCO, la fuerza de la ONU de 16.000 efectivos, a la que consideran desdentada ante el empeoramiento constante de la inseguridad. En junio y julio de 2022, violentas manifestaciones contra la MONUSCO provocaron la muerte de cinco miembros de las fuerzas de paz y 30 civiles en Goma, así como en las ciudades de Beni, Butembo y Kasindi, también en Kivu del Norte. Desde entonces, la fuerza de la ONU ha mantenido un perfil bajo. El enfado popular con las fuerzas extranjeras en suelo congoleño se dirige ahora también contra la fuerza de África Oriental, que los residentes consideran tan ineficaz como la misión de la ONU. El descontento con Tshisekedi, que llegó al poder prometiendo llevar la seguridad al este, también es palpable. Su popularidad en Kivu Norte, una importante circunscripción electoral, ha caído en picado antes de las elecciones presidenciales previstas para diciembre.
Además, los residentes de Goma se quejan de que la ley marcial ha estrechado el espacio cívico y restringido gravemente las libertades políticas. Desde mayo de 2021, miembros del parlamento nacional y activistas de la sociedad civil han sido detenidos, juzgados y encarcelados por criticar o manifestarse pacíficamente contra el estado de sitio. Las autoridades provinciales también han respondido a las notificaciones de protestas previstas advirtiendo a los organizadores de que “se enfrentarían al rigor de la ley” si seguían adelante. El alcalde de Goma lanzó advertencias similares antes de la masacre del 30 de agosto.
La popularidad de los movimientos religioso–políticos en cuestión complica aún más las cosas. La secta Wazalendo es uno de los muchos grupos mesiánicos congoleños cuyo mensaje religioso se entrelaza con un discurso político centrado en cómo los forasteros están supuestamente socavando la soberanía congoleña. Sus líderes han denunciado los acuerdos del gobierno con “fuerzas extranjeras” (es decir, socios de seguridad y ONG) y la imposición de la ley marcial. Afirman inspirarse en figuras históricas como el ex primer ministro Patrice Lumumba y el difunto líder religioso Simon Kimbangu.
Al gobierno le preocupa que estas sectas puedan intensificar sus protestas, galvanizando la oposición a Kinshasa y empeorando los ya importantes problemas de seguridad. Esta preocupación no es nueva, y la masacre de Wazalendo tampoco es la primera de este tipo. En 2020, la policía lanzó un asalto contra los lugares de culto del movimiento religioso–político Bundu dia Kongo de Ne Muanda Nsemi, matando al menos a 55 personas en la provincia de Kongo Central y en Kinshasa antes de prender fuego a las iglesias del grupo. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido sancionado por el incidente.
Con los preparativos muy avanzados y la probabilidad de que las elecciones se celebren en diciembre, la masacre del 30 de agosto arroja serias dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar las inevitables manifestaciones durante la próxima campaña (entre noviembre y diciembre) y el periodo posterior al anuncio de los resultados, a partir de finales de diciembre. El incidente, además, se produce tras la violenta represión de las marchas de la oposición en Kinshasa del 20 de mayo.
¿Por qué se ha involucrado a las fuerzas de la ONU en los acontecimientos?
La presencia militar de la ONU en la RDC se remonta a hace 24 años. Entre 1999 y 2010, una fuerza de la ONU se desplegó para supervisar el alto el fuego entre las tropas gubernamentales y los rebeldes apoyados por extranjeros que controlaban franjas del este del país; después participó en los esfuerzos para reunificar el país. En 2010, la MONUSCO tomó el relevo, intentando consolidar la paz, en particular mediante la protección de los civiles. Pero trece años después, los grupos armados siguen campando a sus anchas por el campo, saqueando los recursos naturales de la región y matando a civiles. Aunque sería injusto culpar de la inseguridad a la MONUSCO, o sugerir que la misión no ofrece ningún beneficio a la (la fuerza es en algunos lugares la única fuente de seguridad para comunidades muy vulnerables), es innegable que la misión de la ONU ha sido ineficaz a la hora de realizar su labor principal. La región no es segura, lo que hace que los habitantes de Goma se sientan profundamente frustrados y hagan llamamientos cada vez más enérgicos para que las fuerzas de paz se marchen.
Kinshasa mantiene desde hace tiempo una relación difícil con la misión de la ONU, aunque mejoró durante un tiempo tras la toma de posesión de Tshisekedi como presidente en enero de 2019. El 20 de diciembre de 2021, el gobierno y la MONUSCO acordaron un plan de transición para una retirada “ordenada y responsable” a finales de 2024, en palabras de Bintou Keita, representante especial del secretario general de la ONU en la RDC y jefe de la MONUSCO.
Sin embargo, los lazos parecen haberse deshilachado mucho tras el incidente del 30 de agosto. Cuando Kinshasa se dio cuenta de que culpar de los asesinatos a los supuestos métodos subversivos de la secta tenía pocas probabilidades de funcionar, también dirigió su ira contra la fuerza de la ONU. El 1 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Christophe Lutundula, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que avanzara inmediatamente con un plan de transición acelerado que pusiera en marcha la retirada de la MONUSCO para finales de 2023. En una larga carta dirigida al Consejo, Lutundula cita, entre otras cosas, “los últimos y desafortunados incidentes ocurridos en Goma el 30 de agosto de 2023, que se saldaron con la pérdida de vidas humanas” entre las razones para solicitar la salida acelerada de la fuerza de la ONU.
El Consejo aún no ha respondido. Aunque la carta deja margen a la interpretación, el efecto principal puede ser adelantar la fecha de inicio de la retirada a antes de las elecciones, e incluso puede que ese acuerdo no se mantenga dado que las prioridades pueden cambiar a medida que la campaña se ponga en marcha. Pero el cambio de tono llamativo puede teñir las relaciones entre Kinshasa y Nueva York a lo largo de 2024.
Pedir que se acelere la retirada de la MONUSCO tras las matanzas de Goma es una oportunidad política que podría impulsar la posición popular de Tshisekedi. La decisión de Mali de dirigir la retirada de la misión de la ONU encargada de operar allí parece estar resonando favorablemente entre muchos congoleños en redes sociales. Sin embargo, la retirada precipitada de las tropas de la ONU de las zonas del este de la RDC donde constituyen el único baluarte, por débil que sea, contra los abusos de los grupos armados podría tener consecuencias nefastas.
Estarían especialmente en peligro las decenas de miles de desplazados internos agrupados en campamentos alrededor de las bases de la MONUSCO en Ituri, así como otras comunidades vulnerables. Cuando la ONU se retire, y especialmente si la retirada es de algún modo precipitada, y con el ejército nacional incapaz de detener los combates en el este, el próximo presidente de la RDC se enfrentará al enorme reto inmediato de llenar el vacío de seguridad dejado por la fuerza de la ONU.
¿Tendrá la masacre consecuencias políticas y qué se puede hacer para evitar que se repita?
Los sucesos del 30 de agosto sacaron a la luz los enormes fallos del dispositivo de seguridad de Tshisekedi para el este del país y amenazan con enturbiar su campaña para un nuevo mandato. Aunque el pueblo congoleño simpatizaba ampliamente con el ejército en su lucha contra el M23, la ilusión se rompió cuando los soldados – y no unos soldados cualquiera, sino miembros de la Guardia Republicana, que depende directamente de Tshisekedi – se volvieron tan descaradamente contra sus compatriotas, incluidos niños y mujeres.
Consciente del impacto potencialmente perjudicial para su candidatura a un segundo mandato, Tshisekedi contrarrestó rápidamente los intentos del gobernador militar de justificar los abusos de las fuerzas de seguridad y los posteriores mensajes acusadores de su portavoz gubernamental. Al llevar ante los tribunales a los seis militares implicados en el derramamiento de sangre, Tshisekedi busca probablemente distanciarse de la Guardia Republicana. Queda por ver si esta maniobra convencerá a los observadores de la inocencia profesada por el gobierno en el asunto. Muchos congoleños se preguntan cómo una unidad militar que depende de la presidencia ha podido desplegarse y actuar sin el escrutinio de sus superiores en la capital.
El estado de sitio se suma a los numerosos agravios de la población en el este, sin que el presidente muestre signos de aflojar el control del poder militar. Aunque la Constitución prevé estados de sitio de quince días de duración, renovables previa evaluación, el actual lleva en vigor de forma ininterrumpida desde mayo de 2021, sin aportar ninguna mejora apreciable en la situación general de seguridad. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y otras han hecho repetidos llamamientos para que se revierta.
Entre el 14 y el 16 de agosto, Tshisekedi organizó en Kinshasa una mesa redonda que reunió a actores políticos y miembros de la sociedad civil del este, la mayoría de los cuales instaron a las autoridades a levantar inmediatamente el estado de sitio. El gobierno ha ignorado hasta ahora sus llamamientos y el 30 de agosto prorrogó la medida durante quince días. Muchos sospechan que los militares utilizan el control que les proporciona el estado de sitio para enriquecerse aprovechándose aún más de la población.
La prioridad inmediata de Tshisekedi debería ser poner en marcha las medidas necesarias para asegurar la mayor parte posible de Kivu Norte a medida que se acercan las elecciones, al tiempo que pone fin de inmediato a la ley marcial, que no hace sino avivar el descontento local. También debería hacer un esfuerzo renovado para acabar con la violencia y la impunidad entre sus propias fuerzas de seguridad, no sea que vuelva a ocurrir algo como la tragedia del 30 de agosto, cuyo riesgo solo puede aumentar en medio de las crecientes tensiones de la campaña electoral.
Es un paso positivo que la justicia militar haya iniciado rápidamente el juicio de los presuntos autores de los asesinatos de Goma. Pero las autoridades deben garantizar, mediante una investigación seria, que todos los implicados, incluidos los miembros de la jerarquía militar de Goma y Kinshasa, rindan cuentas de sus actos. En cuanto a la retirada de la MONUSCO, todas las partes implicadas –el gobierno y la ONU– deberían mantener su compromiso de garantizar que se produzca sin contratiempos mediante un plan de transición consensuado. Actuar precipitadamente cuando se ponen en marcha unas elecciones potencialmente peligrosas puede resultar especialmente nocivo para la RDC.
Crisis Group – Política Exterior
