A primeras horas de la tarde del 1 de agosto, los venezolanos conocimos que un Tribunal del Área Metropolitana de Caracas condenó a dieciséis años de prisión al líder sindical Gabriel Blanco y a los activistas Alcides Bracho, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, conocidos en redes y medios como Los luchadores sociales, un grupo de venezolanos que salieron a la calle para exigir un salario digno y el fin de la aplicación del llamado Instructivo ONAPRE.
Detenidos en julio del año pasado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en procedimientos irregulares, se les acusó de conspiración y asociación para delinquir presentando como evidencia, capturas de conversaciones, mensajes en redes sociales, una supuesta declaración de un “patriota cooperante” que no acudió al juicio y un alambicado relato, del que ya nos tienen acostumbrados, según el cual estaban involucrados en planes conspirativos e intentos de golpe de Estado.
Este procedimiento, viciado desde el origen, constituye otro capítulo del extenso expediente de abusos desplegados por el poder en contra de las libertades sindicales y nos confirma que el sistema judicial es un apéndice de una estructura pensada para controlar y reprimir a los venezolanos, tal y como ha advertido con suficientes evidencias, los Altos Comisionados de la Organización de las Naciones Unidas, el Fiscal de la Corte Penal Internacional y activistas de Derechos Humanos, periodistas, líderes y ONG en Venezuela.
Apenas pasaron 29 días de la sentencia en contra de Los luchadores sociales, cuando los venezolanos nos enteramos de la detención del joven John Kelvin Álvarez Peña, 24 años, estudiante de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Su caso ha arrancado titulares dentro y fuera del país: la juventud de la víctima, los detalles de las torturas a las que ha sido sometido, la arbitrariedad con la que obra el poder a través de su sistema judicial, nos recuerda la violencia y los riesgos a los que estamos expuestos todos los que luchamos por el regreso de la democracia. Su caso está vinculado al ataque contra el sindicalismo venezolano y la crueldad a la que ha sido sometido, busca lograr de él una declaración que incrimine a otros líderes, como bien lo ha señalado el abogado Joel García: “estamos frente a una escalada de persecución a todos los gremios organizados, sindicalistas, estudiantes”.
Lo ocurrido el pasado mes de agosto fue mucho más que una decisión judicial y una acción represiva, es una “declaración de principios” emitida por los poderosos que nos gobiernan. La incapacidad para hacer frente a la emergencia humanitaria, la profundización de la crisis económica y migratoria, las persistentes luchas sindicales y las inéditas movilizaciones políticas en torno a las primarias, requería un golpe sobre la mesa para intentar obligar a los venezolanos para que abandonemos la calle y dejemos de luchar por la Venezuela del cambio que todos queremos.
El 1 y el 30 de agosto de agosto fueron días tristes para todos los que están comprometidos por el retorno de la democracia. Unas fechas que debemos recordar para renovar nuestros esfuerzos por documentar y denunciar ante los organismos multilaterales la violación de los Derechos Humanos, unos días que deben apuntalar nuestro compromiso en la lucha por las libertades sindicales, la organización social, el apoyo a los liderazgos populares y todas las iniciativas que contribuyan a un cambio pacífico en Venezuela.
Los que seguimos comprometidos por el regreso de la democracia, tenemos que exigir la liberación de Jhon Álvarez, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Quienes creemos en la libertad y luchamos por ella, vamos a repetir sus nombres hasta que sean liberados, asumir su compromiso y ser la nueva ola de luchadores sociales que necesita nuestro país.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
