La tortura es el grave dolor físico o psicológico infligido a una persona de forma deliberada con el fin de obtener algo de ella, especialmente una confesión o una determinada declaración. Ha sido aplicada desde el inicio de los tiempos y, a pesar de declaraciones formales y de leyes, se sigue aplicando principalmente en regímenes dictatoriales como política de Estado, pero también en gobiernos democráticos con el argumento de combatir el terrorismo, movimientos subversivos o para desmantelar bandas criminales. Desde luego, también hay caso de torturadores en cuerpos policiales que actúan por decisión personal.
En épocas antiguas se torturaba para castigar a los esclavos, ya de por si torturados por estar sometidos a trabajo forzoso y también a los enemigos capturados. Gradualmente, se fue imponiendo la llamada tortura judicial, para obtener la confesión de un delito real o inventado, con la participación del ejecutante de la tortura, como de los jueces que la ordenaban. La perversidad de ser humano inventó instrumentos para que el imputado confesara cualquier cosa.
En la Edad Media se establecieron las ordalías o “juicios de Dios”, en las que el acusado era sometido al fuego a al agua caliente y si salía sin daño era prueba de su inocencia. La Inquisición la inició el papa Lucio III en 1184 contra las sectas cristianas consideradas herejes. Posteriormente, se aplicó contra quienes se consideraban falsos conversos, particularmente judíos, también a practicantes de cualquier cosa que se tildara de brujería o por la posesión de libros prohibidos. A Francisco de Miranda le abrieron un expediente por esta causa. No se aplicó contra quienes profesaban otras religiones. La expulsión del territorio tradicionalmente ocupado fue otro tipo de tortura, tal como la aplicaron los llamados reyes católicos, Fernando e Isabel, en 1492 contra los judíos y Felipe III, en 1609, contra los moriscos musulmanes.
En Venezuela, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hubo numerosos casos de torturas en la cárcel de La Rotunda, principalmente por causas políticas. Calabozos sin ventanas, comida deficiente, vidrio molido, palizas y pesados grillos en los pies para dificultar el movimiento y trabajo obligatorio en las carreteras están documentados. La dictadura procedía selectivamente en contra de opositores que consideraba peligrosos. Que recordemos, nunca contra mujeres.
El dictador Pérez Jiménez, entre 1951 y 1957 aplicó la tortura como política de Estado. La sede de la Seguridad Nacional, la cárcel de El Obispo, los presidios en las islas de Guasina y Sacupana fueron sitios de feroces torturas realizadas por Miguel Silvio Sáenz y esbirros como “Suelaespuma”, el bachiller Castro, Braulio Barreto y otros. La represión fue básicamente contra activistas de Acción Democrática, del partido comunista, incluyendo mujeres, y contra un grupo de militares. También hubo asesinatos políticos.
Durante el período democrático 1959 a 1969 hubo encarcelamientos sin juicios, torturas, asesinatos, desaparecidos y exiliados. La represión fue contra militantes de la extrema izquierda castrista que participaban en la guerrilla y actos de terrorismo urbano. La excusa fue parecida a la esgrimida por el general francés Massu durante la guerra de Argelia, o sea para obtener información que evitara víctimas inocentes. Sin embargo, es inaceptable. En la represión participaron algunos militares en los Teatros de Operaciones antiguerrilla y del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA), pero fundamentalmente agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Digepol).
En los regímenes de Chávez y de Maduro, entre los años 2002 y la actualidad, se han producido numerosos asesinatos, encarcelamientos y torturas. Además, muchos ciudadanos han tenido que exiliarse para evitar ser encerrados injustamente. No se han limitado a opositores que los han enfrentado, sino también a mujeres y hombres por participar en protestas políticas o por la escasez de electricidad, agua, alimentos, medicinas, bajos salarios y pensiones, o simplemente por expresar su oposición en los medios de comunicación formales y en las redes sociales. Es decir, la represión ha sido masiva. Han participado numerosos oficiales de la Fuerza Armada asignados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional. Ahora, disfrazaron al organismo policial que era Faes en el Daet, y siguen las torturas. Además, casi por primera vez, con la complicidad de fiscales que han imputado sin pruebas y de jueces que han sentenciado siguiendo instrucciones de Miraflores. Mujeres y familiares Los casos más recientes son el de seis sindicalistas, sentenciados a 16 años por exigir mejores condiciones de trabajo y el del estudiante John Álvarez, quien perdió un ojo por las torturas.
Nicolás Maduro no puede alegar que ignora las torturas a presos políticos y comunes, ni la persecución sistemática que se realiza desde el año 2002. En la mayoría de los casos se ejecuta para obligar al detenido a confesar un hecho que puede o no haber cometido, sino para que involucre a otros que el régimen quiere sacar de circulación. El torturado es apresado en base a un testigo anónimo conocido como “patriota cooperante”. Los juicios son una patraña.
Los Informes de Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos y de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, así como los elementos que tiene en su poder el Fiscal Khan, de la Corte Penal Internacional, contienen numerosas pruebas de los delitos, los cuales aspiramos determinen el enjuiciamiento de Maduro y de otros que han cometido delitos de lesa humanidad.
Como (había) en botica: Apoyamos totalmente a la Comisión Nacional de Primaria. Seguimos instando a nuestros precandidatos a pronunciarse sobre el caso de Citgo, empresa en gran riesgo de perderse por la irresponsabilidad de Chávez y de Maduro. ¡Bravo Miguel Cabrera! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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