El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, dice que las autoridades aún no rinden cuentas del total de reclusos que se fugó de Tocorón antes de la intervención.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que la figura del pranato en la cárcel de Tocorón, controlada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, contó con la complicidad de funcionarios militares y del Ministerio de Servicio Penitenciario. Además, cuestionó que las autoridades no mencionen la responsabilidad de las ministras que han estado en esa cartera
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera que la sorpresiva intervención del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, reavivó la tesis de que el Estado venezolano ampara el crimen organizado dentro de las cárceles del país.
En entrevista con El Pitazo, Prado señaló que el Gobierno protegió las operaciones del Tren de Aragua, una banda que echó raíz en el interior de Tocorón, se expandió hacia otros estados de Venezuela y tiene presencia en siete países de América Latina, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil.
Si bien la toma de Tocorón, ejecutada el 20 de septiembre de 2023, mostró la imagen de un Gobierno interesado en desmantelar el crimen organizado en las cárceles del país, Prado recordó que no es una novedad la existencia del pranato dentro de los centros penitenciarios del país.
Indicó que desde mediados de 2008 han denunciado la creación de estos grupos que imponen sus reglas dentro de las cárceles para someter a los reclusos y cometer delitos de extorsión, secuestros, tráficos de drogas o armas y trata de personas, en complicidad con militares y funcionarios públicos.
Durante el espacio El Pitazo En Vivo, Prado sostuvo que la Guardia Nacional y el Ministerio de Servicio Penitenciario tienen una corresponsabilidad en la permanencia de la figura de pranes dentro de las cárceles.
Reiteró que los funcionarios permiten el ingreso de armas y, adicionalmente, facilitan la salida y entrada de los líderes de la banda del penal. “Allí (en Tocorón) no entra lo que la Guardia Nacional no quiera”, recalcó.
La omisión de las autoridades, comentó Prado, facilitó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, consolidara la megabanda Tren de Aragua, en la que funge de cabecilla y quien ahora está prófugo. El Gobierno, incluso, ofreció una recompensa para dar con el paradero de Guerrero.
Con un despliegue inédito de 11.000 funcionarios de seguridad en la cárcel de Tocorón, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, anunció que la intervención del penal duró dos horas, una vez que las autoridades negociaron el desalojo pacífico de los reclusos.
Sin embargo, tras la clausura del centro penitenciario, el Gobierno no ofreció más detalles sobre el proceso judicial contra “Niño Guerrero” y en las primeras declaraciones tras la intervención no hubo menciones directas sobre el Tren de Aragua.
El OVP sostiene que la salida de Guerrero se negoció una semana antes de la toma del penal. Otras versiones sugieren que pudo escaparse por los túneles construidos en el interior de la cárcel.
Las autoridades reconocieron que él cumplió los 17 años de condena por el asesinato de un funcionario público en 2005 y otros delitos. Pero Guerrero se mantuvo dentro de Tocorón y en febrero de este año tenía una nueva orden de captura.
“Para hacer la toma de una cárcel como Tocorón, las autoridades debieron entablar conversaciones previas. “Niño Guerrero” estaba tan conectado que pudo huir por los túneles, por la puerta o con el apoyo de un funcionario”, dijo Prado.
A la par, comparó las horas que tomó la intervención de Tocorón con el número de días requeridos para asumir el control de la cárcel de Uribana, en 2013, y la Penitenciaría General de Venezuela, en 2016: 3 horas y 32 días.
La opacidad que permea la toma de Tocorón ha impedido conocer el destino de los 1.600 reclusos que fueron trasladados hacia otros centros penitenciarios, sus identidades y su integridad física.
Según los datos del OVP, Tocorón es una cárcel con capacidad para 750 reclusos. Hasta 2023, se estimaba que tenía 3.000. Las autoridades no han reportado el total de reclusos que escapó antes de la intervención.
El director del OVP advirtió que el Ministerio Público no investigó las denuncias de violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos por el Tren de Aragua contra la población reclusa dentro de una cárcel que debía ser controlada por el Estado.
“El fiscal no debe ver la toma de Tocorón como un triunfo político sino como una situación jurídica en la que tuvo que resguardar los derechos fundamentales de todos los reclusos”, dijo en respuesta a las declaraciones de Tarek William Saab sobre la intervención.
Prado cuestionó que el Gobierno no haga mención de la responsabilidad de las tres ministras que han ocupado el cargo en el Ministerio de Servicio Penitenciario desde su creación en 2011 ni del patrón de complicidad entre el pranato de Tocorón y los funcionarios.
Armando Altuve – El Pitazo
