El pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional acordó por unanimidad convocar un Referendo Consultivo para que “el pueblo venezolano tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el Territorio de la Guayana Esequiba”. Cuesta mucho no darse cuenta de las motivaciones propagandísticas, así como de su escasa o nula utilidad práctica para el legítimo interés nacional, pero como no confío en que parte interesadas interprete mi silencio, he dicho en las redes y ratifico aquí, de ser la consulta de marras convocada efectivamente iré, haré cola y votaré SÍ.
Cuando las autoridades del CNE anunciaron rueda de prensa casi enseguida, pensé que sería para dar otro paso en la patriótica gesta convocada por unanimidad parlamentaria. Sinceramente, nunca se me ocurrió que sería para dar respuesta a la comunicación que les enviara hace tres meses la comisión nacional de primaria. De ese ofrecimiento ya se ocupan el profesor Casal y la comisión, los dirigentes políticos y los equipos técnicos. Y he decidido confiar en ellos.
Así que volvamos al asunto principal. Conjeturo que el silencio del Poder Electoral ante el acuerdo capitolino, puede deberse a que los abogados a cargo de nuestro caso en La Haya, lanzaran señal de alerta. Ahí, discretamente, el grupo en el poder ha rectificado y reforzado su equipo jurídico con profesionales muy competentes. Y si esa gente alberga dudas acerca de la pertinencia del referendo, ojalá meta la mano para que la gracia no se vuelva morisqueta.
A ver, Venezuela tiene años reclamando su soberanía en ese territorio que de apropiación de facto pasó a sernos formalmente despojado en el Laudo de París de 1899. La contención quedó clara y aceptada como zona sujeta a reclamación en el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito por Venezuela, Reino Unido y Guyana que hasta ese año era Guayana Británica. Allí convienen encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes.
Lo reclamamos porque lo consideramos parte de nuestro territorio. Y en la Constitución, artículo 1, la integridad territorial es un “derecho irrenunciable” de la Nación. De ninguna manera podíamos renunciar soberanamente a nuestra soberanía. Entonces ¿Sobre qué debe decidir el pueblo venezolano?
Supongo que todos estamos por la defensa de los intereses nacionales. En ese caso, las opciones de respuesta a la pregunta serían algo así como Sí, Claro que Sí, Por supuesto que Sí o Usted ¿Por quien me ha tomado? Pero, sinceramente, sonaría a chanza y no creo que sea humorístico el ánimo de la Asamblea. Así que cabe suponer, que las opciones serán Sí (por la que votaría, insisto) y No.
Así las cosas, no pregunto si es constitucional porque no lo es, pero ¿Es lógico pedirnos que decidamos democráticamente si el territorio que reclamamos es o no nuestro? ¿No es un riesgo innecesario?
Si acudieran a votar pocos electores ¿Se fortalecería o debilitaría nuestro derecho? Si una parte de los venezolanos decidiera votar no ¿Cómo quedaría nuestro caso? Las hipótesis no son ociosas, porque el de Venezuela es un gobierno con niveles bajísimos de popularidad. Hay encuestas que la ubican en un dígito y hasta las más complacientes lo sitúan en posición muy precaria. Envolverlo con el tricolor nacional puede resultar en un daño irreparable a la Patria y un característico tiro por la culata a los que mandan, con perjuicio al país.
Si el referendo no agrega nada a nuestra posición ¿para qué convocarlo? Y en este caso, aquello de lo que abunda no daña no aplica, porque sí puede dañar.
Errores políticos, diplomáticos y jurídicos han metido a la República y su reclamación en un brete. Se ha rectificado para asumir la senda de seriedad que pueda sacarnos del terreno cenagoso y devolvernos al terreno factible. Cuidado. La propaganda tiene sus límites. En casa de mis abuelos nos dejaban jugar con todo, menos con los coroticos del pesebre.
