¿Cómo nos piden que nos retiremos de los Territorios Ocupados? Si allí no vive nadie. Golda Meir 1969.
Suena algo extraño que se hable en medio de una guerra del clima de negocios en la franja de Gaza, pero apelando a las estrategias neoliberales utilizaremos sus eufemismos y demás artilugios idiomáticos que han servido de herramienta apropiada a los adeptos de la postmodernidad capitalista (léase neoliberalismo) para engañar, falsificar y distorsionar la realidad, porque no nos serviría a nosotros. A nadie se le podría ocurrir hablar de inversión extranjera directa, estabilidad macroeconómica, clima de negocios o protección de derechos de propiedad, eso que llaman seguridad jurídica, menos en Palestina. Pues se equivocan. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su oficina de Asuntos Económicos Empresarios, realizó un estudio sobre “Declaraciones sobre el clima de inversión para 2023: Cisjordania y Gaza” donde evalúa, antes de los misiles, of course, las posibilidades de invertir en Palestina
Comencemos con los detalles del lugar donde se tendría que invertir. Un pueblo, como ha explicado el escritor palestino-estadounidense Ra’fat Al-Dajani, donde la deshumanización para el mundo se basa en dos principios ampliamente difundidos entre los medios occidentales: «Los palestinos son violentos por quienes son, por algo intrínseco a su propia naturaleza y la cultura”. Como corolario sostiene: “dado que los palestinos carecen de estándares básicos de moralidad… la única manera de interactuar con ellos es mediante el uso de la fuerza, ya sea fuerza patrocinada por el Estado, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, o por actores no estatales, como los colonos israelíes. La fuerza es el único idioma que entienden”. Esta construcción perversa hace que los civiles palestinos no sean considerados víctimas inocentes de la guerra, sino que siguen siendo, en gran medida, responsables de sus propias muertes y destinos desesperados, por lo que invertir, generar empleo, y hasta explotar a estas personas es tentador, pero es todo un tema.
Innumerables vidas perdidas, constante robo de terrenos y tierras, medios de vida y tradiciones antiguas destruidos en un ciclo agotador de reconstrucción de utopías, sueños e infraestructura, para luego ver cómo toda las promesas y posibilidades de prosperar se convierten, en un instante, en polvo y escombros por un misil. Imaginar el desarrollo económico de un pueblo encarcelado, encerrado como ganado detrás de muros y cercas de alambre de púas, donde el agua, la electricidad, los alimentos y el combustible se encienden y apagan según el capricho de una potencia colonial, es realmente difícil.
La actividad económica que miraremos tendrá lugar en una carcel que tiene un muro de hormigón que bordea totalmente la Franja de Gaza con una longitud de 65 kilómetros. Se hunde hasta 20 metros en el suelo para obstruir los túneles que construyen las milicias de Hamás. Enfrente hay 41 kilómetros de mar, en un territorio sin barcos, y dos fronteras, una al norte, Israel, y Egipto al sur. El distrito del norte de Gaza comparte una frontera de 10 kilómetros con Israel. Cualquiera que se acerque a 1 kilómetro de esta barrera corre el peligro de recibir un disparo del ejército israelí, que patrulla las fronteras norte y este de Gaza.
En la frontera sur, que podría ser la puerta de escape o de circulación de ese cautiverio, lo que se llama el cruce Rafah (Egipto), estuvo abierto solo 125 días en 2021. Todo el tráfico marítimo hacia y desde Gaza está prohibido. Si bien en virtud del derecho internacional y de los Acuerdos de Oslo de 1993, Gaza tenía una zona de pesca de 20 millas náuticas de ancho desde su costa, ahora tiene una zona reducida a 3 millas por Israel a partir de enero de 2009, y el acceso está prohibido a los pescadores palestinos en sus franjas septentrional y meridional. En este contexto, las pescas han disminuido de más del 60%. No obstante, este sector económico es vital para Palestina. En síntesis, nada entra, nada sale.
En esta caja de experimentos económicos no existe moneda nacional, lo que deja a la Autoridad Palestina sin la posibilidad de recurrir a políticas monetarias y cambiarias para compensar los desequilibrios macroeconómicos. Los esfuerzos en general son plasmados como austeridad, siguiendo la lógica de los acuerdos basados en tres monedas convertibles: el shekel israelí, el dinar jordano y el dólar de los Estados Unidos. O sea, no existe emisión, no hay devaluación competitiva, no existen incentivos, el crédito es escaso debido a la reticencia del sistema bancario a conceder préstamos a largo plazo debido a los riesgos derivados de la dificultad de igualar la denominación monetaria de sus activos y pasivos.
Como el régimen israelí fiscaliza las fronteras, controla el tránsito de mercancías y también los ingresos fiscales palestinos basados en las importaciones que cobran los israelíes y posteriormente transfieren a la Autoridad Palestina, a la que se le encomendó la tarea del gasto público. El presupuesto de la Autoridad Palestina depende desproporcionadamente de los impuestos a las importaciones recaudados por Israel en su nombre. Sólo en un contexto político tan retorcido puede surgir un acuerdo peculiar mediante el cual el régimen israelí recauda impuestos de importación de los territorios que ocupa y posteriormente transfiere estos ingresos al organismo palestino local encargado de administrar esos territorios, consiguiendo, además de sojuzgar a Palestina, al manejar a placer la temporalidad de la distribución de los ingresos, deformar la estructura fiscal por la ausencia de soberanía.
Como ilustramos, los ingresos por liquidación de impuestos sobre las importaciones que primero deben ingresar a través de una frontera controlada por Israel generaron el 65% del presupuesto total de la Autoridad Palestina. Por el contrario, las fuentes restantes de ingresos de la Autoridad Palestina bajo su control directo de recaudación (como los impuestos sobre la renta internos, los impuestos sobre la propiedad y los ingresos no tributarios) constituyeron el 25.2% de sus ingresos en 2022. Es muy inusual que un estado obtenga la mayoría de sus ingresos de impuestos relacionados con las importaciones en lugar de impuestos internos.
La generación y recaudación de impuestos internos es una función de la productividad económica y la soberanía, dos cosas de las que carece la franja de Gaza, y el prolongado confinamiento y control de los palestinos bajo ocupación militar por parte del régimen israelí ha devastado la capacidad de la Autoridad Palestina para imponer la recaudación de impuestos. A su vez, sin independencia fiscal o monetaria, la Autoridad Palestina ha sido incapaz de dirigir políticas hacia las necesidades de desarrollo local, debilitando aún más su legitimidad entre el pueblo palestino.
Las principales exportaciones de Palestina son a Israel, que concentra el 80.5% de ellas, y casi 9% a Jordania, los demás países hacia donde van sus exportaciones, de unos 1.47 millones, son marginales. Pero importa por casi 7 mil millones de dólares, de los cuales el 60% proviene de Israel, lo que genera un déficit comercial relevante. El transporte de personas es casi imposible, pero el de mercaderías no se queda atrás. Desde el 2006, cuando inició el bloqueo de varios cruces, quedando sólo disponible el cruce Kerem Shalom, la selectividad, velocidad y cantidad de transporte ingresante o saliente va a gusto del ocupante. En el 2005 ingresaban a Gaza 10.400 camiones por mes, del 2007 a 2010 sólo 2.400 por mes, una reducción del 23%; en el primer semestre del 2022 ingresaron 6.087, es decir, sólo en 50% de las necesidades. Lo mismo pasa con los camiones de exportaciones, en 2005 salían 833 por mes, en 2022, 139 mensuales.
Durante casi 17 años Israel ha impuesto un bloqueo asfixiante a la Franja de Gaza, que afecta a todos sus sectores vitales (sociales, económicos y humanitarios). A pesar de que la situación humanitaria de Gaza ha alcanzado un deterioro sin precedentes y de la sucesión de siete gobiernos israelíes desde el comienzo del bloqueo, Israel ha mantenido su política de castigo colectivo contra más de 2,3 millones de habitantes de esa zona de una manera que expone claramente la intención de infligir grandes cantidades de impacto material y daños morales.
El bloqueo provocó la multiplicación de los indicadores de crisis humanitaria en Gaza. Por ejemplo, la tasa de desempleo ha aumentado del 25,6%, antes de la imposición del bloqueo en 2005, al 45,2% del desempleo juvenil a finales de 2021, una de las tasas más altas del mundo. Asimismo, la pobreza se disparó drásticamente debido a las restricciones israelíes del 40% en 2005 al 69% en 2021. Los largos procedimientos de cierre, la prohibición de exportaciones e importaciones y la destrucción de fábricas e instalaciones económicas durante los ataques militares dejaron grandes pérdidas en todos los sectores económicos y productivos. Sólo el ataque militar más reciente, ocurrido en mayo de 2021, destruyó cientos de instalaciones económicas, con una pérdida total de alrededor de 400 millones de dólares, y no estamos hablando de los ataques actuales.
A pesar de estas vicisitudes, el PBI cayó solamente a menos de la mitad. Venía de crecer un 7% al salir de la pandemia, cayó al 3.9% en el 2022 y se proyectaba un crecimiento del 2.5%, que será realmente incierto, para fines del 2023. El sector agrícola es uno de los sectores económicos más importantes de Gaza. Unas 40.000 personas trabajan en este campo y se estima que indirectamente emplea a unas 200.000 personas. El control de las autoridades israelíes se extiende, como ya dijimos, a las tierras agrícolas imponiendo una zona de amortiguación de 1.000 a 1.500 metros de ancho a lo largo de la valla de separación. Esta zona constituía aproximadamente el 17% de Gaza y el 35% de sus tierras agrícolas, con lo cual los agricultores se exponen a graves peligros al acercarse a esa zona y, por tanto, no pueden realizar sus actividades con normalidad.
Los pescadores de Gaza sufren la imposibilidad de ejercer libremente su trabajo en la zona en la que tienen permitido navegar y trabajar como consecuencia de los repetidos ataques israelíes, limitando la zona de pesca, además de prohibir la pesca y el ingreso de suministro de equipos. Debido a restricciones, ataques periódicos y prohibiciones a la entrada de abastecimientos necesarios para que los pescadores continúen su trabajo, el número de personas que trabajan en la pesca disminuyó de aproximadamente 10.000 en el año 2000 a aproximadamente 4.000 en 2022, lo mismo sucede con alrededor de unos 500 trabajadores de profesiones relacionadas con el ramo, como pescaderos, mecánicos, electricistas, constructores de barcos y comerciantes de equipos de pesca que se quedaron sin trabajo. Estas personas mantienen a unas 50.000 más, lo que significa que amenazar el sustento de estos pescadores lo hace también con las vidas de decenas de miles de ciudadanos en Gaza.
Una de las últimas escalas del experimento económico nos lleva a la crisis energética, que se remonta al 28 de junio de 2006, cuando el ejército israelí bombardeó la única central eléctrica de la Franja de Gaza durante una de sus operaciones militares. Esto provocó la destrucción de seis transformadores principales de la estación. Desde entonces, Gaza ha sufrido un gran déficit energético, y por lo tanto de agua.
La prohibición israelí de la entrada de combustible a Gaza significa que la producción de electricidad está gravemente limitada. En 2023, Gaza tenía sólo 13 horas de electricidad al día. Esto, a su vez, ha causado graves problemas con el suministro de agua y el saneamiento, los constantes apagones han impedido que las plantas de tratamiento de agua funcionen correctamente. Los acuíferos de Gaza, su principal fuente de agua, también están casi agotados y contaminados por aguas marinas y residuales. Una parte importante de todas las enfermedades reportadas en la zona es causada por el acceso deficiente al agua potable. El bloqueo también ha afectado a las instalaciones médicas de la franja. Los hospitales carecen de suministros, equipos e infraestructura básicos y no pueden atender casos graves ni brindar atención adecuada a los enfermos crónicos.
Hundir la Franja en una completa oscuridad y hacer imposible seguir proporcionando todos los servicios básicos de vida, no hablemos de la producción, todos los cuales dependen de la electricidad, que es posible operar parcialmente con generadores, y la imposibilidad de suministrar combustible, generará una crisis humanitaria para todos los residentes de la Franja de Gaza. Es decir, las represalias de Israel serán uno de los mayores crímenes colectivos contra civiles indefensos en la historia moderna.
Para la OIT, en su informe “La situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados 2023”, la salida del Covid marcó el reinicio de los mercados laborales en todo el mundo, menos en Palestina, donde otras restricciones y limitaciones juegan más allá de la pandemia. La ocupación de 55 años restringe la circulación de personas, los derechos laborales dada la limitada creación de empleo. Esta idea ya derivó hacia el derecho internacional humanitario, por lo que la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia que determinara las consecuencias jurídicas de la continua violación de los derechos del pueblo palestino y sus consecuencias. La corte laudó a favor de Palestina y propuso que se terminara tal atropello. La contestación israelí fue apropiarse de 40 millones de dólares que cobra por impuesto a las importaciones y desviarlo a familias israelíes asesinadas por ataques palestinos. Imagínense la inversa.
Lo anterior fue sólo una muestra que un sitio bloqueado por tierra, mar y aire, con mínimo apoyo internacional, es un lugar complejo para generar trabajo y un blanco perfecto para explotarlo. Un día de trabajo en Gaza, sin contar la cantidad de horas, es de 13 dólares y en Israel de 80 dólares, por lo que aspirar a trabajar en Israel es el deseo de cualquier palestino, aun y cuando se le pague la mitad. En el 2022 se expidieron 27.000 permisos laborales para que los habitantes de Gaza pudieran trabajar en Israel, la cifra más alta desde el bloqueo, determinación que ayudó a la economía de Gaza y que será elimina en la actualidad.
Uno de cada dos habitantes económicamente activos en Gaza está desempleado, para jóvenes y mujeres la situación es desesperante. El incremento de la inflación se ha deglutido el 10% de los ingresos de los trabajadores de esta región, ya que los alimentos representan el 38% de los gastos del 10% más pobre. La falta de moneda y de una política fiscal laxa, que ayude a las pequeñas empresas a generar trabajo o producir los alimentos y bienes necesarios por las limitaciones de ingresos al país, vuelve a la franja de Gaza un recipiente de pobreza e inmovilidad.
Los liberales suelen denominar a los países que carecen de libertad económica autárquicos. En el caso de Palestina, el carcelero es quien impide la movilidad de bienes, inversiones y personas. Bloqueado por tierra, mar y aire, sin moneda ni capacidad tributaria, sin permiso a probar suerte en otro lugar del mundo, sin trabajo, luz, agua, sanidad, ayuda social, sin poder sembrar, exportar ni producir, los malos hombres de este mundo se encuentran en Gaza. Eliminar, arrasar, destruir, borrar, hambrear, dejar sin medicamentos o alimentos a los combatientes de Hamas, solo esa idea en el siglo XXI es algo inverosímil de aceptar, de digerir. Que medios mundiales hablen sueltos de cuerpo, sin la más mínima reacción social de las futuras humillaciones, de crímenes a Hamas para toda la sociedad civil palestina, es la aceptación del trayecto de los indignos escalones que llevan a la humanidad a la cima de la vergüenza.
