El 20 de septiembre de este año, una operación conjunta de más de once mil agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevó a cabo la toma del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón. A pesar de los esfuerzos de Nicolás Maduro por presentar este operativo como un gran éxito en su lucha contra la criminalidad en el país, el hecho suscitó en la opinión pública una serie de interrogantes a las cuales el régimen no ha dado respuestas.
¿Cómo pudo uno de los centros penitenciarios más grandes de Venezuela caer bajo el control absoluto de los reclusos, quienes acumularon un vasto arsenal, incluyendo rifles automáticos, ametralladoras y miles de cartuchos? ¿Cómo se justifica que criminales de alta peligrosidad pudieran salir y entrar a la cárcel a su conveniencia? ¿Cómo se entiende que Tocorón fuera un recinto penitenciario sin celdas, sino con unidades abiertas donde los criminales vivían y disfrutaban, junto a sus familias y visitantes, de restaurantes, discotecas, piscinas e incluso un zoológico? Lo más preocupante, es ¿cómo logró operar desde allí por tanto tiempo al “Tren de Aragua”, una banda criminal transnacional cuyas actividades ilícitas se extienden a más de nueve países en América Latina?
Este tipo de inquietantes interrogantes no son exclusivas de este operativo, sino que se repiten respecto a otras acciones gubernamentales recientes, como el escándalo de corrupción de Pdvsa-Cripto o la devastación ecológica en el Arco Minero al sur de Venezuela. ¿Cómo es posible que actos criminales de esas magnitudes, que involucran a una gran cantidad de personas y funcionarios públicos, sean perpetrados durante largos periodos de tiempo, mientras las autoridades permanecen pasivas, a pesar de las numerosas denuncias presentadas por periodistas, ONGs, expertos y otros segmentos de la sociedad?
Contrario a los deseos del régimen, lo que estos operativos gubernamentales han reafirmado en la opinión pública es la gran debilidad e incapacidad del Estado venezolano y de su maquinaria administrativa para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y enfrentar sus desafíos más apremiantes.
El Estado venezolano, frágil e ineficiente
Esta debilidad creciente del Estado venezolano para cumplir con sus tareas se ha visto reflejada en las evaluaciones anuales que realiza el “Índice de Fragilidad Estatal” (FSI), desarrollado por la organización no gubernamental “The Fund for Peace”. Este índice analiza el riesgo y la vulnerabilidad al colapso de 178 Estados en todo el mundo.
De acuerdo con el FSI, Venezuela ha experimentado en los últimos 17 años un deterioro significativo en sus niveles de fragilidad estatal. En 2006, el país ocupaba la posición 63ª entre los estados más frágiles del mundo, con un puntaje de 81.2 sobre un total de 120. En contraste, para este año 2023, Venezuela ha descendido al puesto 29º, con una puntuación de 90.5, convirtiéndose así en el segundo país más frágil de América Latina, solo superado por Haití.
La elevada vulnerabilidad del Estado venezolano encuentra su origen en diversas causas, siendo una de las más significativas la baja capacidad de gestión de su administración pública. El pobre desempeño del aparato burocrático venezolano se ve reflejado en el “Índice de Eficacia del Gobierno” del Banco Mundial, el cual evalúa anualmente la percepción sobre la calidad de los servicios públicos, la competencia de la función pública y la eficacia en la formulación e implementación de políticas gubernamentales en países de todo el mundo.
En las últimas dos décadas, el índice de eficacia del gobierno venezolano ha experimentado una continua caída, descendiendo desde 26.2 puntos sobre 100 en el año 2000 hasta situarse en apenas 8.9 puntos sobre 100 en 2022. En contrapartida, el promedio de este índice para América Latina se mantiene en 48,51 puntos. En esta evaluación de 2022, el régimen venezolano comparte junto con Haití la calificación más baja de la región.
Estos resultados no sorprenden a quienes han estudiado de cerca el proceso de constante deterioro institucional que ha socavado la capacidad de la Administración Pública Nacional (APN) para cumplir eficazmente con sus responsabilidades.
El crecimiento desmedido de la Administración Pública
A pesar de sus promesas iniciales en campaña, el expresidente Hugo Chávez llevó a cabo un aumento progresivo del número de ministerios en la Administración Pública Nacional de Venezuela, pasando de 16 en 1999 a 28 en 2012. Esta tendencia continuó bajo su sucesor Nicolás Maduro, quien incrementó aún más el número de despachos ministeriales, llegando a la cifra de 33 ministerios y 7 Vicepresidencias. Además de esta expansión, los entes descentralizados adscritos a los ministerios y vicepresidencias aumentaron en un asombroso 424%, pasando de 313 en 1998 a 1.642 en 2017, según datos proporcionados por la experta Eglé Iturbe en su estudio “La Administración Pública Nacional”.
Un dato significativo es que aproximadamente el 60% (990) de estos organismos son entes con fines empresariales. Muchos de estos solían ser empresas privadas prósperas que fueron estatizadas por el régimen chavista. Tras su transición a la gestión estatal, la mayoría de estas empresas han experimentado dificultades financieras, incluyendo cierres, quiebras o la prestación de servicios deficientes. Esta expansión descontrolada y la gestión deficiente de las entidades estatales han contribuido en gran medida al caos y la ineficiencia de la Administración Pública venezolana.
Adicionalmente, el régimen chavista puso en marcha entre 2001 y 2017 un total de 50 “misiones” y “Grandes Misiones”. Estos programas de carácter social operan como estructuras paralelas a la Administración Pública Nacional. Esta práctica de diseñar y ejecutar políticas sociales al margen de los ministerios correspondientes resultó en una notable erosión institucional, en particular en el Ministerio de Salud, ya que los programas tradicionales fueron abandonados y se asignaron mayores recursos a las misiones. Por otra parte, estas misiones sociales han exhibido un marcado énfasis clientelista y electoralista, y sus resultados han quedado muy por debajo de las proyecciones, tal como lo revelan estudios como los de las Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). Asimismo, muchos de estos programas, como la Misión de Alimentos MERCAL y la Misión Vivienda, se han visto envueltos en grandes escándalos de corrupción.
Este crecimiento inorgánico e irracional de la administración pública nacional ha dificultado en gran medida su dirección, coordinación y supervisión, haciéndola considerablemente menos eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Tal y como advierte Eglé Iturbe, “la APN es un monstruo que continúa creciendo día a día debido a la política del gobierno de crear organizaciones para abordar problemas, en lugar de definir políticas públicas para resolverlos”.
Desprofesionalización de la Administración Pública
Otro factor que ha incidido de forma muy negativa en la calidad de la gestión pública ha sido la pérdida de cuadros profesionales y técnicos de la APN. Durante estas dos últimas décadas, los requisitos mínimos de experiencia y conocimientos técnicos para ocupar posiciones de alto y medio nivel en la Administración Pública cedieron el paso a criterios de lealtad a la revolución y afiliación al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Un hito significativo de esta política se manifestó en los años 2002 y 2003, cuando más de 19.000 empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron destituidos debido a su participación en el paro petrolero. Igualmente, durante esos años varios miles de funcionarios públicos de la APN fueron expulsados por haber respaldado la solicitud del referéndum revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez.
Otra fuente adicional de pérdida de cuadros profesionales y técnicos de la burocracia venezolana se ha originado por la migración de funcionarios públicos a otros campos laborales o al extranjero, motivados fundamentalmente por los magros salarios y condiciones laborales que ofrece la APN en medio de la grave emergencia humanitaria compleja que sufre el país. Esta situación ha tenido un impacto especialmente significativo en los sectores de la salud, educación, electricidad y agua, donde la renuncia y la partida de personal altamente capacitado han afectado de manera sustancial la calidad y continuidad de estos servicios públicos.
La militarización de la Administración Pública
La presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Administración Pública Nacional ha experimentado en estas décadas un marcado crecimiento como resultado de la alianza cívico-militar promovida por Chávez. Según datos recopilados por la ONG Control Ciudadano para septiembre de este año, un 40% de los ministros que componen el Gabinete de Maduro provienen de las filas de la FANB. Además, un número considerable de altos cargos en los ministerios, empresas y organismos estatales también son ocupados por personal militar.
Esta militarización de la burocracia ha tenido un impacto negativo en la eficiencia de la gestión pública, ya que ha introducido prácticas y estilos de gestión característicos del ámbito militar. Estos enfoques difieren notoriamente de los métodos más flexibles y abiertos a la participación y el consenso que son esenciales para una gestión civil efectiva, como destaca la experta Eglé Iturbe.
Por otra parte, esta sobrecarga de responsabilidades a la FANB, ajenas a su ámbito natural de competencia, ha tenido un efecto negativo en su desempeño propiamente militar, como lo demuestra la falta de control territorial, en especial en las regiones fronterizas del país, donde grupos guerrilleros como el ELN y cuerpos paramilitares delincuenciales han ocupado parte de esos territorios.
Opacidad y ausencia de controles de gestión
Otro factor clave que ha promovido en gran medida la ineficiencia de la burocracia venezolana es la notable opacidad que el chavismo ha impuesto a la APN con la intención de evitar cualquier tipo de evaluación por parte de la sociedad. Durante estas décadas, la APN ha dejado de generar o publicar información oficial relevante, incluyendo datos sobre homicidios, informes epidemiológicos, índice de remuneraciones, estadísticas sobre pobreza, fuerza laboral, así como documentos relacionados con el presupuesto, memorias y cuentas de los ministerios. Sin estos datos, paradójicamente, también se le hace imposible al alto gobierno chavista evaluar el logro de sus metas.
Al mismo tiempo, la pérdida de equilibrio entre los poderes del Estado en Venezuela ha llevado a una situación en la que la gestión pública no está sujeta a vigilancia y control administrativo, ni por los órganos de contraloría interna de la APN, ni por la Contraloría General de la República, ni tampoco por el Poder Legislativo o, incluso, por el Poder Judicial. Cuando estos órganos actúan, lo hacen en gran medida bajo la tutela directa del Poder Ejecutivo, generalmente impulsado por consideraciones de índole política en lugar de un genuino interés en garantizar la transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración pública.
Si bien el chavismo ha logrado mantener el control del poder político en Venezuela a lo largo de casi un cuarto de siglo, ha demostrado al propio tiempo su completa incapacidad para garantizar el bienestar de la población venezolana. El excesivo estatismo del modelo chavista, sumado a la politización y debilitamiento institucional de la administración pública venezolana, son factores claves para comprender su profundo fracaso.
