Nos organizamos a través de los consejos comunitarios de las comunidades negras; aquí la gente de San Miguel se dedica a la agricultura y también, durante muchos años, a la minería ancestral; realizamos trabajos colectivos (mingas) en la comunidad, por ejemplo de limpieza en la que participan adultos y niños; asimismo, en ocasiones, labores en el campo, explica un líder de la comunidad de San Miguel (municipio de Medio San Juan, Chocó).
En alguno de los municipios cercanos -Condoto- una multinacional canadiense, AuVert, desarrolla proyectos en torno a la minería aurífera; “en la cabecera municipal –Andagoya (Medio San Juan)- otras transnacionales explotaron años atrás la minería, lo que vino deteriorando el territorio; personas de fuera del Chocó llegaron para extraer el oro; también sabemos que en la región hay petróleo, y que las empresas pretenderán extraerlo”, añade el líder popular, que prefiere mantener el anonimato.
Numerosas fuentes permiten complementar los testimonios orales; por ejemplo el reporte ¿La última esperanza para la paz? Informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas en 2022, realizado por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI); durante el citado año se registraron 108 homicidios de personas indígenas en Colombia (promedio de un asesinato cada cuatro días), con una tasa de crecimiento del 184% entre los años 2017 y 2022.
En 2022 el ODTPI documentó 11 masacres (al menos una de las víctimas pertenecía a alguna población indígena), y 29 en el quinquenio 2017-2022; en un contexto de masacres fueron asesinadas 34 personas durante 2022 en Colombia.
Además los mapas del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I) documentan la frecuencia de las masacres por departamentos; si se toma como inicio 2017 (tras la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto) y 2021, la mayor parte de las masacres se produjeron en el Cauca (44%) y Nariño (28%); y si se centra el cómputo en 2022, las matanzas tuvieron lugar en cinco departamentos colombianos: La Guajira (3); Nariño (3); Chocó (2); Putumayo (2) y Cauca (1).
El Observatorio advierte, asimismo, sobre la situación el pasado año en La Guajira y Chocó: “Se observó una tasa de crecimiento de las masacres en un 200% y 100%, respectivamente, en relación con las cifras recopiladas en años anteriores (de 2017 a 2021)”.
De ello se deduce que las acciones “de violencia directa en contra de los pueblos indígenas se ha ido dispersando y profundizando (…)” en diferentes zonas del país tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Otra de las circunstancias de las que advierte el ODTPI es la afección de las carnicerías al pueblo Wayú (La Guajira): nueve asesinados en diferentes masacres durante 2022; a esto de añade la impunidad y desconocimiento -en la fecha de publicación del informe- respecto a la autoría.
También fueron víctima de las escabechinas en Chocó, durante 2022, los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, en los municipios de Alto y Bajo Baudó: siete personas indígenas asesinadas.
Al contexto de violencia hace referencia asimismo el documento Siempre en pie, publicado en septiembre de 2023 por Global Witness; la ONG analiza la situación de las personas defensoras del medio ambiente en el planeta, durante 2022, y llama la atención sobre el caso colombiano: 60 defensores del territorio asesinados, casi del doble que el año anterior (33); Colombia fue el país con más defensores víctimas del mundo.
“Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medio ambiente han sido duramente golpeados”, subraya Global Witness.
Siempre en pie califica 2022 como “un año especialmente trágico para Colombia”, ya que se produjeron casi el doble de homicidios de personas defensoras que en Brasil o México.
Si el análisis se realiza a largo plazo, en la década 2012-2022, Colombia es también el país líder en crímenes contra activistas: 382 víctimas, seguido de Brasil (376), Filipinas (281) y México (185).
Entidades como la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia realizan denuncias concretas; el pasado 20 de junio alertaron de que continuaba la “crisis humanitaria” en los municipios de Nóvita y Sipí (Chocó), como consecuencia del conflicto armado.
La Red detallaba que las comunidades de Cañaveral, San Agustín, Brisas y Barranconcito fueron objeto de desplazamiento forzoso hacia otras tres comunidades: San Miguel, Negria y La Marqueza. Las (al menos) 357 personas desplazadas en junio se agregaban a otras 1.500 durante los últimos meses (620 familias).
Rosa Elena Celix Guañarita. Su fotografía es una de las 18 que figuran en un cartel difundido por dhColombia el pasado 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer. Lucha. Resiliencia y Resistencia); el cartel de la asociación informaba que una veintena de lideresas, mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y activistas fueron asesinadas durante 2022-2023.
El 26 de febrero de 2023, fecha del homicidio, la lideresa Rosa Elena Cerix ejercía como vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de la vereda Los Guayacanes (ASOVIC), en el municipio de Santa Rosa (Bolívar); dos disparos por la espalda acabaron con su vida en la vía entre San Pablo y Santa Rosa.
Otro caso reseñado es el de la lideresa afrocolombiana de 60 años, Jesusita Moreno Mosquera (seño Tuta); murió en junio de 2022 en la ciudad de Cali, por efecto de las balas del “poder criminal y genocida”; se desempeñaba como “madre, mayora, mujer resistente y constructora de paz en el San Juan, sur de Chocó”.
El recorrido por la violación de los derechos humanos podría continuar en agosto de 2023, con la masacre contra la comunidad campesina de la vereda San Pablo (municipio de Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño); el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y las comunidades del país se manifestaron contra la matanza (seis personas muertas) perpetrada por los paramilitares de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
