El gobierno de Maduro quiere empantanar el Acuerdo de Barbados, brújula esencial que debe marcar la hoja de ruta de los venezolanos para salir de esta oprobiosa situación, la cual no es otra que elecciones transparentes y en igualdad de condiciones. Su propósito no es otro que provocar a la inmensa mayoría de venezolanos cansados con esta tragicomedia oficialista y apuestan a una salida electoral.
Aprovechando su control sobre los poderes públicos, el régimen usa a su fiscal Tarek William Saab para intimidar y acusar a los directivos de la Comisión Nacional de Primaria de cometer un supuesto fraude electoral el pasado 22 de octubre. Una clara estrategia de crear miedo y frustración entre los electores que decidieron acudir a esa importante consulta interna para avanzar en un cambio de gobierno. No le basta dictar inhabilitaciones violatorias de la Constitución, sino crear un clima de incertidumbre y desasosiego en ese gran universo esperanzado por salir de esta pesadilla. Por eso, los voceros del régimen cantan fraude en la primaria, aunque no tengan parte en ese asunto.
En razón de lo anterior, es pertinente resaltar que el fraude comprende cualquier acción contraria a la verdad y rectitud, usando todo tipo de engaño y artilugio para perjudicar a un tercero. De manera que en toda acción fraudulenta se toma en cuenta tres aspectos relativos a la conducta de las partes: 1) la buena fe, es decir, la conducta admitida como correcta, legítima y ajustada a los valores y principios de la sociedad, 2) lealtad y probidad, vale decir, el comportamiento ético y honradez al actuar y 3) Temeridad y malicia que configuran la mala fe del proceso. También es una conducta infundada, arbitraria, imprudente o negligente orientada a afectar a un tercero.
Este último aspecto no estuvo presente en un acto tan importante para los venezolanos como fue la primaria del 22 de octubre. Allí no se presentaron acciones dolosas destinadas a retardar u obstruir el proceso electoral interno y, en consecuencia, perjudicar a uno o varios candidatos en beneficio de otro. Quedó evidenciado, salvo pruebas en contrario, que María Corina Machado ganó contundentemente con un 92% respecto a los restantes candidatos.
Además, el Acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales, conocido como el Acuerdo de Barbados y firmado por el Oficialismo y la Plataforma Unitaria, contempla que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen. Eso echa por tierra el cacareado fraude anunciado por los voceros oficialistas. Se percibe que ellos le han dado un manotazo a la mesa de negociación, entiéndase Barbados. El gran fraude lo ha cometido este gobierno con las múltiples acciones y procedimientos públicos que han causado un grave daño patrimonial a la nación, verbigracia, el desfalco a PDVSA y diversas obras no concluidas.
Visto así el panorama, advertimos en que el oficialismo pretende torcer la ruta electoral que hoy defiende la mayor cantidad de venezolanos y debemos evitar que eso suceda. Hemos insistido en la gran responsabilidad de toda la dirigencia opositora a fraguar un gran frente nacional, más allá de los desencuentros y visiones diversas, para defender los derechos políticos y garantías electorales del Acuerdo de Barbados. Afortunadamente, María Corina acaba de anunciarlo. Eso sería un gran salto en esta compleja situación política que vivimos. Tal iniciativa implica vernos los rostros directamente, exponer sin tapujos los diversos escenarios, reconciliarnos y tomar consensuadamente la decisión más óptima para seguir avanzando en esa exitosa ruta electoral que se presenta victoriosa para el 2024. Ese, justamente, es el mensaje que acaban de dar los venezolanos, aunque algunos aún no lo hayan comprendido.
Politólogo y Secretario General del MAS Sucre-Cumaná
