¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es la pregunta que se planteó a la ciudadanía de Ecuador en el plebiscito celebrado el pasado 20 de agosto, en paralelo a las elecciones presidenciales (primera vuelta entre la candidata de Revolución Ciudadana –correísta- Luisa González, y el empresario neoliberal Daniel Noboa, finalmente electo).
Con el 59% de los votos, la ciudadanía rechazó la explotación petrolera en el área amazónica de Yasuní; en la consulta popular realizada en la circunscripción de Quito, los ciudadanos también manifestaron su oposición a la minería en la reserva natural del Chocó Andino (68% de votaciones favorables).
“La abreviatura ITT de la consulta corresponde a las áreas de exploración petrolera conocidas como Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que conforman el bloque 43 dentro del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Yasuní”, informaron la agencia Tierra Viva y el periódico Resumen Latinoamericano.
La ONG EntrePobles y la campaña Sí al Yasuní organizaron el 24 de octubre una jornada en Valencia con la presencia de dos activistas de Sí al Yasuní, movimiento ecologista “que consiguió una consulta popular sobre la extracción de petróleo”: Jorge Andrés Espinosa (arquitecto y cofundador de la plataforma YASunidos) y Zenaida Yasacama (primera vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE).
Los activistas pronunciaron una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universitat de València sobre la lucha ecologista en el Yasuní; además participaron en un Encuentro de intercambio de saberes –en la librería La Repartidora del barrio de Benimaclet- con el movimiento Per L’Horta, Acció Ecologista Agró, la Comissió Ciutat-Port, Amigues de la Terra-València y Extinction Rebellion (Yasunicemos el mundo!).
La convocatoria de los actos ponía el acento en tres puntos: el anuncio por parte del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2013, de “la cancelación de la iniciativa que protegía el Yasuní (en el noreste del país, provincias de Pastaza y Orellana), para poder extraer el petróleo”.
Además en el hecho de que la zona figurara en el el catálogo de la UNESCO Reserva de la Biosfera (declaración en 1989); y, en tercer lugar, que se encuentre habitada por dos de los últimos pueblos indígenas que viven “en aislamiento voluntario” en Ecuador: los Tagaeri y los Taromenane.
Se trata, en síntesis, de una década de lucha hasta lograr la consulta popular vinculante –y la consiguiente victoria- del 20 de agosto (5,5 millones de votos favorables), lo que el movimiento ecologista e indígena calificó como “un ejemplo mundial de la lucha ambientalista”; han conseguido, de hecho, que se mantenga en el subsuelo el crudo de un territorio que alberga “la mayor biodiversidad del planeta”.
“El Yasuní es el Parque Nacional más grande de Ecuador, con 1 millón de hectáreas”, subraya Yenaida Yasacama, miembro del pueblo Kichwa de Payakayu en Pastaza; y “pese a todo, alberga ocho bloques de extracción de petróleo, entre los que está el 43”.
En el comunicado remitido por EntrePobles, la activista de la CONAIE apunta algunos de los impactos ambientales de la extracción de hidrocarburos, como el uso de dinamita en las exploraciones, la deforestación para construir carreteras, las amenazas para la fauna o los posibles derrames (se remite a los datos del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador: “Hay derrames petroleros en el país cada día, y en la zona Yasuní-ITT se produjeron 18 entre 2016 y 2022”).
A ello se suman los efectos para la salud humana: los casos de aborto en las comunidades, cerca de los pozos, son un 150% más frecuentes que en Quito, los de cáncer un 130% superiores a los de la capital y el riesgo de mortalidad aumenta un 260%, denunció Yasacama en la nota informativa.
El defensor de los derechos humanos y la naturaleza, Jorge Andrés Espinosa, recuerda el itinerario de las reivindicaciones desde 2013 hasta la fecha de la consulta; así, del medio millón de firmas requeridas en tres meses, alcanzaron las 755.000, pero fueron objeto de una campaña de boicot, la denegación de las firmas en el Consejo Nacional Electoral, emprendieron una batalla judicial que llegó hasta la Corte Constitucional de Ecuador, sufrieron agresiones policiales, detenciones, amenazas y pinchazos telefónicos.
YASunidos ha hecho hincapié en la merma -durante los últimos años- del relieve del petróleo en la economía ecuatoriana; A partir de los datos del Banco Central, destacan que el crudo representó el 62% de las exportaciones del país en 2008, mientras que en 2022 el peso había descendido al 36%; añaden que la participación del petróleo en los ingresos fiscales pasó del 39% en 2011 al 19% en 2022.
En un pronunciamiento del pasado 16 de mayo, el colectivo YASunidos recordaba que Ecuador inició -hace medio siglo- la extracción “agresiva” de crudo en la Amazonía; y que la participación de multinacionales como Shell y Texaco (que lograron grandes beneficios) no ha implicado una reducción de las tasas de pobreza y desigualdad en el país.
La campaña Sí al Yasuní ha difundido entre los medios informativos análisis como el de Alternativas económicas a la explotación del Yasuní-ITT, de la economista Wilma Salgado; establece comparaciones en conceptos como monto de las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios (en el IVA y el impuesto a la renta –entre otros- de personas y empresas), que alcanzó los 6.338 millones de dólares en 2021 según el Servicio de Rentas Internas (SRI); y la previsión de ingresos fiscales por la explotación petrolífera del bloque 43 durante tres décadas (2023-2055), que suma 4.883 millones de dólares.
Otra investigación que los activistas hicieron pública es la del economista Carlos Larrea, de la Universidad Andina Simón Bolívar (Costos, precios e ingresos fiscales del petróleo en el ITT); el trabajo adopta como punto de partida la riqueza y biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, con más de 150 especies de anfibios, 593 de aves, 500 peces y 4.000 plantas.
¿Qué panorama se avizora tras la victoria ciudadana en el referéndum de agosto? “Ahora el Gobierno está obligado al desmantelamiento de la infraestructura en el plazo de un año, y a la reparación social y ambiental en el bloque 43 (…); la explotación es de la petrolera estatal Petroecuador, aunque es operada por una empresa china, que está ‘presionando’ para que no se cumpla con la voluntad popular; hay otros 235 pozos petrolíferos en el área del Yasuní”, por lo que la lucha continúa, concluyen Jorge Andrés Espinosa y Zenaida Yasacama.
