Iris Varela ha sido la ministra con más años controlando el sistema penitenciario de Venezuela.
Sebastiana Barráez – Infobae
Aún no explican cómo y dónde obtuvieron los presos el gran lote de municiones que poseían y que las más importantes se las llevaron consigo. El entramado que oculta la toma de las cárceles en Venezuela y la fuga de los pranes con armas, droga y dinero.
Desde que el 20 de septiembre 2023 arrancó la puesta en escena del régimen venezolano con la toma del Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, una cárcel a dos horas de Caracas, tres hechos fueron evidentes: la operación era del conocimiento de los líderes de la banda El Tren de Aragua, que abandonaron el lugar mucho antes, a través de un túnel, con centenares de presos. El Gobierno desplegó una fuerte propaganda tratando de demostrar la eficiencia de la operación, donde el único muerto, por un supuesto golpe en la cabeza, fue un oficial. El otro hecho relevante es que Tocorón era la primera, pero no la única cárcel que sería tomada, en ninguna estaban los pranes, las armas más importantes, la droga ni el dinero.
El Ministro de Interior Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, anunció que en la toma de Tocorón participaron unos once mil efectivos militares y de seguridad, sin que hubiese mayor resistencia. El esquema de Tocorón, se repitió en casi todas las tomas de los penales de Tocuyito en Carabobo, Centro Penitenciario Puente Ayala en Anzoátegui, Internado Judicial de La Pica en Monagas, cárcel de Vista Hermosa en Bolívar, La Cuarta como se conoce al Internado Judicial de San Felipe en Yaracuy y La Sexta que es el Internado Judicial de Trujillo. Aun no explican cómo y dónde obtuvieron los presos el gran lote de armas y municiones que poseían y que las más importantes se las llevaron consigo.
La intención del gobierno, con las tomas de las cárceles con aviso previo a los pranes sin hechos violentos, es enviar un mensaje positivo como respuesta al tema de los DDHH en expedientes que están sustanciados en la Corte Penal Internacional (CPI), le dice a Infobae un oficial que durante años se ha relacionado con el Sistema Penitenciario venezolano y órganos de inteligencia y seguridad.
Las imputaciones a los encargados o responsables de los penales, como una forma de tomar acciones, no es más que señalar a funcionarios que, como chivos expiatorios, desconocen el alcance de las mafias y son amenazados de muerte o con hacerles daños a sus familias; es un “sacrificio” para luego darles medidas cautelares e incluso beneficios económicos por ser la tapadera de la farsa gubernamental.
Está convencido, que “no menos de 500 tienen documentos, pasaportes, pasajes y financiamiento, para generar violencia y desestabilización en países latinoamericanos y en EEUU; poseen un certificado original de no tener antecedentes penales, sin borrarles internamente los antecedentes como medida de extorsión si se niegan a cumplir las misiones que tienen, esos son llamadas brisitas bolivarianas”, cuando en realidad son parte de un ejército de capuchas rojas y falsos activistas delincuentes.
En el 2001/2002 el sistema penal venezolano, con las mismas cárceles actuales, tenía capacidad de albergar a una población de 4.000 a 4.500 privados de libertad; hoy, sin haber construido nuevos centros penitenciarios, alberga el doble.
Poder, dinero y control
El oficial, en conversación con Infobae, explica una serie de eventos concatenados para evidenciar que ha sido una patraña conspirativa y falsa narrativa que el régimen se esfuerza por construir en el caso de las cárceles y sus pranes.
Año 2011: Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entonces Ministro de Interior Justicia y Paz, presenta ante la Asamblea Nacional, la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que finalmente fue promulgada en junio 2013, donde el control absoluto de las armas pasa a manos del Estado. El argumento del ahora defenestrado exministro es que “esta perversidad del mercado de armas es una herencia que arrastramos, en los gobiernos puntofijistas fue donde más se vendieron armas”. El 29 de febrero 2012 le dieron el visto bueno a la normativa la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme. Así la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dependiente del Ministerio de la Defensa, queda encargada de supervisar y controlar el armamento.
26 de julio 2011: El entonces presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, crea el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al frente del cual designa a María Iris Varela Rangel. “Ella toma el control de los penales y establece acuerdos de protección con los pranes, empoderándolos como nunca¨, dice el oficial en la conversación con Infobae. “En la llamada cuarta Republica los Pranes, no llegaron a los niveles estratosféricos de poder que alcanzaron con Varela. Antes existía una Dirección de Inspecciones que cumplía, dentro de sus funciones, la labor de atacar el flagelo y minimizar el poder de los lìderes negativos de los penales.
La Ministra: Iris Varela pacta un acuerdo de protección y cooperación con los líderes negativos, luego PRAN (Preso Resteado Asesino Nato) lo que les garantizó sus fechorías y empoderó la construcción de un emporio delictivo muy bien estructurado que se ha convertido en una organización criminal transnacional como el Tren de Aragua, cuyos tentáculos se extienden más allá de Venezuela, en Latinoamérica, incidiendo en la desestabilización de la seguridad y el orden interno de distintos países”, agrega el oficial.
El Aissami: La llegada de Tareck a la Gobernación de Aragua, el 27 de diciembre 2012, el mismo que propuso la Ley Desarme, empodera al Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Ferrocarril del Centro, precisamente el tramo del Tren de Aragua, entregando armas a dicho Sindicato entre 2013 y 2015, que a su vez tomo como centro de operaciones el penal de Tocorón”. El sindicato del crimen, organizado como Tren de Aragua, vinculado directamente con el Pran de Tocorón, se diversificó y expandió en una poderosa red organizada, que contó con el beneplácito de altos funcionarios convertidos en ejército para la defensa de la revolución Bolivariana.
Los pranes: gobiernan las cárceles, dirigen todo en su interior: los movimientos de reos, si este puede o no asistir a las audiencias en tribunales, las visitas e incluso ponen y quitan a los directores del penal, como sucedió en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) cárcel de Santa Ana en el Táchira, donde el Pran “El Loco Willy”, solicitó el cambio de la Directora por no estar de acuerdo con sus normas pues reñían con las del pran. Eso ocurrió días después de las tomas de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, evidenciando que la estructura criminal del pranato sigue funcionando. Los “pranes” controlan todo, las audiencias de los reos, hasta jueces, fiscales y alguaciles.
La toma de Tocorón
El oficial que habló con Infobae revela que “días antes de la toma de Tocorón, el pran “El Níño Guerrero” y cincuenta de sus lugartenientes portando el armamento pesado, se evadieron por un enorme túnel con la construcción necesaria para movilizar todo el material de guerra que lograron llevares, en un recorrido de cinco kilómetros. El túnel fue construido, bajo la sospechosa e impune mirada o complicidad de las del estado Aragua, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Ministerio de Interior y Justicia, dada la envergadura de la infraestructura”.
Asegura que alias El Niño Guerrero y cinco de sus más cercanos colaboradores, estuvieron retenidos en el Fuerte Militar Tiuna en Caracas, cumpliendo el acuerdo de protección pactado con el régimen, a través de Iris Varela y El Aissami; quince días después los sacaron con paradero desconocido. Esos criminales tienen salvo conductos comprometidos con sus cómplices, para que no les puedan desaparecer fácilmente ya que se exponen a qué sea revele la serie de crímenes cometidos por el régimen.
Aparte del arsenal de armas que se llevaron, alias el Niño Guerrero y sus secuaces, les habrían pagado 10 millones de dólares y se fueran sin problemas. Estos pranes emplean en todas las regiones del país, y dentro de sus mismos penales, porque en la práctica “son de ellos” el sistema conocido como “prote”, es decir la “vacuna” o extorsión que todo reo interno debe pagar para cumplir sus procesos.
Todo comerciante de la región de influencia del penal debe pagar la “prote”; cuando a una persona le roban su vehículo en la calle debe pagar su “prote” para recuperarlo, acudiendo al penal, todo eso ocurre con la complicidad de los militares de la Guardia Nacional en la entradas de las cárceles que reciben el dinero en bolsas negras, de mano de las personas que desean recuperar su vehículo y luego los efectivos se lo entregan a los llamados Luceros, que son los guardaespaldas bien armados. Es un esquema de crimen organizado en todo el territorio nacional que se extiende a los lugares más recónditos como los pandemonios mundos del Arco Minero en Bolívar y Amazonas.
@SebastianaB
