Los inversionistas están a la expectativa de una reestructuración por 60 mil millones de dólares en deuda impaga de la República de Venezuela y de Pdvsa, pero para muchos este proceso luce lejano y complicado. Analistas afirman que solo se puede ejecutar luego de las elecciones presidenciales previstas para 2024 y las cuales tengan como resultado un cambio político en el país. El asesor de inversiones Jorge Piedrahita sostiene que esta negociación podría darse hasta tres años después de instaurado un nuevo gobierno y solo tendrá éxito si va acompañado de un descuento importante de pago.
El levantamiento a la prohibición de negociar en el mercado secundario de Estados Unidos, los bonos de deuda externa de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa, fue considerado como el punto más importante en la flexibilización de las sanciones financieras del gobierno de Joe Biden. Tras una serie de licencias emitidas en octubre pasado, la referida a los títulos venezolanos no cuenta con un plazo de vigencia por seis meses, por lo que esto contribuyó a que los inversionistas comenzaran a negociar de manera importante los papeles generando un alza en su cotización. Claro está, la expectativa de todo ello es que se ejecute una reestructuración, pero que para analistas consultados, éste plan podría tardar en llegar.
Luego de que el Departamento del Tesoro de EEUU modificara dos licencias para permitir la negociación de los bonos de deuda venezolana, éstos han más que duplicado sus precios. La emisión 2018 de Venezuela subió 17 centavos a 8,75 dólares, mientras que el bono 2020 de Petróleos de Venezuela subió 13 centavos a 6,5 dólares.
La agencia Bloomberg señaló también recientemente que los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 cuestan ahora alrededor de 18 centavos de dólar desde los 10 centavos en los que se encontraban durante la prohibición comercial. Por su parte, los bonos de Pdvsa con vencimiento en 2026 subieron casi cinco centavos a 11,5 dólares en el mismo período.
La deuda del país se ha negociado a una pequeña fracción de su valor nominal luego del incumplimiento de pagos en 2017 de $60 mil millones en deuda y, las restricciones posteriores impuestas al comercio secundario que mantuvieron a los inversionistas estadounidenses fuera de este mercado. Los precios se desplomaron aún más en 2019, cuando JPMorgan expulsó los títulos venezolanos de su índice de mercados emergentes. Ahora se espera que éstos papeles regresen progresivamente al índice lo que contribuiría a mejorar su rendimiento.
Los inversionistas están a la expectativa de una reestructuración por esos $60 mil millones en deuda impaga desde el año 2017, pero para muchos esta negociación podría ser complicada. Otros consultados afirman que solo se puede ejecutar luego de las elecciones presidenciales previstas para 2024 y las cuales tengan como resultado un cambio político en el país.
Jorge Piedrahita, experto financiero y asesor de inversiones del Fondo Copérnico, agrega que una renegociación consensuada de la deuda pública externa venezolana «es lo único que salvaría a Citgo Petroleum», de ser vendida para cubrir las deudas por expropiación de varias empresas que demandaron al país en tribunales norteamericanos.
Destacó además que para que una reestructuración de la deuda venezolana tenga éxito será necesario una reducción del dinero que adeuda tanto la República como Petróleos de Venezuela, esto para facilitar las negociaciones. Sostuvo que ese descuento podría llegar hasta 80% del total de la deuda, una cifra bastante importante que puede significar pérdidas para el acreedor, pero que sería la opción para recuperar algo de la inversión y finiquitar la operación.
«Tiene que haber una quita importante sino tendríamos un país esclavizado para el pago de su deuda. Hay que recordar que la deuda es casi tres veces el producto interno bruto venezolano», la cual Piedrahita calcula en $90 mil millones.
Considera que la eliminación de las restricciones a la compra y venta de bonos en el mercado secundario, es de carácter permanente, es decir, es una decisión que no cambiará. Representantes del gobierno norteamericano han señalado que pueden revertir la flexibilización de las sanciones, si el gobernante Nicolás Maduro no cumple con el acuerdo de Barbados suscrito con la oposición venezolana. Para ello tiene hasta este próximo jueves 30 de noviembre.
Piedrahita acotó que los volúmenes de compra de bonos fueron importantes, debido a que muchos tenedores que estaban agotados de esperar a una resolución con la deuda venezolana quisieron salir de ellos y, otros que prefirieron tener a la mano estos papeles porque lo ven como una oportunidad, es decir, hubo un mercado con suficiente liquidez.
«El que la licencia sobre los bonos no tenga un período específico de vigencia, hizo que se generara un salto en el precio. Esto fue posible porque hubo demanda de un nuevo grupo de compradores que estaban restringidos para hacerlo y, luego como esto está en un contexto en el cual se espera que este cambio en el regimen de sanciones va a permitir un aumento de los ingresos por petróleo y gas de Venezuela, les permite proyectar que el PIB del país será más elevado de lo que se esperaba, por lo que el valor de recupero debería ser mayor también», dijo.
La consultora de riesgo político Eurasia Group indicó recientemente en un reporte que «la reestructuración de la deuda venezolana será un proceso complicado. Será largo y estará plagado de múltiples obstáculos políticos y económicos. Hay una amplia gama de instrumentos financieros en mora, sujetos a diferentes condiciones jurídicas y económicas».
Los argumentos de Eurasia Group se basan en que ven como poco probable que se levanten las sanciones que limitan la emisión de deuda en el mercado primario hasta después de las elecciones presidenciales, «como muy pronto, lo que apunta a que la reestructuración no se producirá hasta 2025».
También dependerá de que se lleven a cabo «unas elecciones presidenciales suficientemente competitivas y del reconocimiento del gobierno de Estados Unidos».
Recalca la consultora que -cuando estén las condiciones adecuadas- la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda antigua es perfectamente posible, aunque hayan aún problemas legales que atender. Es por ello que resaltan el papel importante que podría tener China en este tema como acreedor importante de Venezuela. Explicaron que ante la imposibilidad de acceder al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que «podría complicar los esfuerzos para lograr un acuerdo», el gobierno chino podría atender las necesidades de financiamiento del gobierno de Maduro.
Jorge Piedrahita coincide con que un acuerdo para reestructurar la deuda venezolana podría darse tras un cambio político en el país, pero va mucho más allá que Eurasia Group, porque su previsión es que se podría iniciar tres años después del 2025 en caso de elegirse un gobierno distinto al chavismo.
Al respecto, explicó que además de las razones políticas para comenzar un proceso de negociación financiera, las nuevas autoridades darían prioridad en el corto plazo a otros temas relacionados a la situación social de la población como la crisis humanitaria, la falta de insumos para atender la salud, grandes necesidades de actualizar la infraestructura básica, seguridad, reordenamiento de la economía, un nuevo pacto jurídico que implica reformas de leyes, ordenar las estadísticas, «y estas acciones llevan tiempo».
Tanto la República como Pdvsa aún tienen limitaciones para emitir nuevos bonos de deuda en el mercado primario debido a las sanciones de EEUU.
Un artículo del diario inglés Financial Times refirió sobre la deuda venezolana que los inversores consideran que la relajación de las sanciones podría allanar el camino para una eventual reestructuración por parte de las autoridades en Caracas. También podría permitir «a los pesos pesados de Wall Street» sumergirse en el mercado con la esperanza de obtener grandes ganancias en bonos que aún se negocian a niveles muy bajos.
«Creemos que este es el comienzo de un proceso de varios pasos… para reintroducir a Venezuela en la corriente financiera principal», dijo Nick Lawson, director ejecutivo de la firma londinense Ocean Wall y tenedor de bonos venezolanos desde 2021.
«Eso probablemente incluirá el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo y gas natural de Venezuela, la reincorporación de los bonos en los principales índices de mercados emergentes, las negociaciones de liquidación de la deuda y la eventual reestructuración», resaltó.
Destacó el reporte que entre los hedge funds que se beneficiaron de la subida de los papeles figura Altana Wealth, de Lee Robinson, que lanzó un fondo para comprar deuda venezolana hace tres años. La empresa tiene $75 millones invertidos en bonos soberanos y de Pdvsa con un valor nominal combinado de casi $500 millones a finales de septiembre, según declaró Robinson al Financial Times.
«Ha habido un gran impulso por ambas partes (para mejorar las relaciones) durante más de dos años. Oriente Medio y el ataque ruso a Ucrania quizás hayan aumentado la urgencia por parte de (EEUU) y sus aliados», señaló Robinson.
¿Acuerdo con el FMI?
Con respecto a la flexibilización de las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y al estatal Banco de Venezuela, Jorge Piedrahita considera que esto significa una reinserción del país a los sistemas financieros del mundo.
En el caso del BCV recordó que en el año 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó $650 mil millones en derechos especiales de giro (DEG) a los países miembros y, a la nación venezolana le correspondería $5 mil millones. Por lo que el hecho de que el Banco Central no sea una entidad sancionada abriría las puertas a acuerdos entre los socios del Fondo para que ese dinero sea administrado durante la gestión de Maduro.
«Lo que ocurrió con las sanciones fue mucho más amplio de lo que muchos esperábamos y en ese sentido sorprendió, pero también debemos recordar que Estados Unidos fue muy claro al señalar que la falta de cumplimiento del acuerdos de Barbados podría retraer la situación anterior», reiteró el experto financiero.
Un punto importante en el tema de la deuda venezolana, es el riesgo-país, el cual se mantiene en un índice muy elevado, por lo que no habrá acceso al crédito internacional mientras no se resuelva el tema político.
Ahiana Figueroa – TalCual
