Razones morales y de justicia bastan para reconocer que, sin las mujeres como actoras y beneficiarias, no hay desarrollo sostenible, ni democracia legítima y justa. Sumar los talentos y visiones de las mujeres, resulta eficaz, genera mejores respuestas, más completas, más duraderas, sea en economía, en política o en procesos de negociaciones de paz. Los argumentos de justicia, legitimidad y eficacia para promover el acceso de las mujeres al mercado laboral y a la toma de decisiones no son novedosos, ya fueron formulados por John Stuart Mill en 1860 en El sometimiento de la mujer.
Hoy parecería que existe un acuerdo sobre esto, ambas regiones, América Latina y el Caribe y la Unión Europea, llevan décadas reivindicando una agenda transformadora hacia la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres que ha permeado las normas, instituciones y las políticas públicas. Ahora bien, sabemos que la participación de las mujeres y su empoderamiento económico y político no son suficientes si no resolvemos las condiciones de esa participación, y si no asumimos el coste de la no participación de los hombres y de las instituciones (aún masculinizadas) en la dimensión menos reconocida y más invisible de la economía, los cuidados.
Tras la Cumbre EU-CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), los(las) jefes(as) de Estado y de gobierno emitieron una Declaración conjunta y una hoja de ruta UE-CELAC 2023-2025. Ambos documentos reflejan algunas de las recomendaciones y preocupaciones de la sociedad civil que fueron discutidas en distintos espacios de articulación antes de la Cumbre, en particular, en el Foro de Igualdad de Género UE-LAC.
A ello contribuyó también la acertada Comunicación conjunta de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo, en junio 2023, al proponer que se incorpore como uno de los objetivos comunes a ambas regiones la promoción de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales, la no discriminación y la agenda de la igualdad de género. Ahora tocará trabajar para que la igualdad en todo, entre hombres y mujeres, se sitúe en el centro de los debates y planes de acción de cara a definir el marco de las nuevas relaciones entre ambas regiones.
Ninguno de los temas previsibles –materias primas y energía, alianzas diplomáticas frente a retos geopolíticos y climáticos, reindustrialización y digitalización, derechos humanos y democracia–1 puede dimensionarse bien sin tener en cuenta cómo afecta, qué impacto tiene, qué le aportan las mujeres. No es un tema más. Debe ser inherente a cada uno de los asuntos a tratar. Debe constituir un eje transversal ineludible que atraviese y permee los debates sobre cómo abordar los retos de las tres transiciones identificadas: verde, digital y justa. La responsabilidad de mirar con esas gafas que analizan cada acto rutinario o política pública a través de la categoría analítica de género es lo que nos permitirá superar de una vez por todas las pérdidas humanas y materiales del coste de la discriminación estructural hacia las mujeres.
No partimos de cero. Al contrario, los compromisos por la igualdad real y efectiva y por la paridad han sido fruto de una intensa y cómplice movilización entre las mujeres europeas, caribeñas y latinoamericanas y sus redes de mujeres políticas, concejalas, magistradas, activistas, empresarias y, sin duda, de redes feministas a ambos lados del Atlántico, que durante los últimos 30 años han luchado para que los derechos de las mujeres sean considerados derechos humanos.
Hacia la democracia paritaria
No viene mal recordar que hace tan solo 30 años que “las mujeres nos hicimos humanas”, como señala la costarricense Alda Facio, al rememorar el Programa de Acción de Viena que emanó de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1993. Es en torno a esa fecha cuando dio comienzo un proceso imparable hacia la democracia paritaria en ambas regiones; es decir, hacia un nuevo contrato social vertebrado por los principios de paridad, igualdad sustantiva y libertad-seguridad de las mujeres, libres de violencia y de discriminación, por ser mujeres.
No fue Europa, sino América Latina, la región que dio luz verde a la primera cuota adoptada por ley (Argentina, 1991). En 1992 en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, un encuentro auspiciado por la ministra de Asuntos Sociales del entonces gobierno de España, Matilde Fernández, congregó a mujeres políticas de Europa, Asia, África y América para cuestionar la relación de las mujeres con el poder y la democracia, preludio de la Cumbre de Atenas “Mujeres en el Poder” que puso los cimientos del proceso de reivindicación por la paridad en la representación y en la administración de las naciones.
Como se ha analizado en Política Exterior, a lo largo de estas tres décadas de proceso paritista, gracias, sin duda, a las medidas adoptadas por los Estados, leyes de cuotas y, sobre todo en América Latina, de paridad 50/50, se ha triplicado el porcentaje de mujeres que participan en la vida política. Sin embargo, para poder “duplicar pari passu la masa de las facultades mentales para prestar los servicios más elevados a la humanidad” (J.S Mill), la igualdad entre pares, hombres y mujeres, debía serlo “en todo”. Esta igualdad sigue aún muy lejos de la vida cotidiana que viven las mujeres, en España, Brasil, Guatemala, México o Trinidad y Tobago.
Muchas son las barreras y resistencias al empoderamiento político, económico y social de las mujeres, pero, sin duda, la pandemia del Covid-19 puso en evidencia la urgencia de transformar –para siempre y de manera radical– esa creencia en que el trabajo ligado al cuidado del hogar y de la familia no es un verdadero trabajo y debe ser asumido por las mujeres. Frente a esto, la única verdad sobre el trabajo del hogar y los cuidados es que, en todos estos países, a las mujeres, por el hecho de ser eso, mujeres, se les ha asignado la tarea de cuidar. Ningún filosofo, economista, ingeniero, político, o pintor, ninguno, hubieran podido desarrollar sus teorías o crear sus obras sin el trabajo, (sin sueldo, sin reconocimiento, sin horario), de sus hermanas, madres, esposas o hija, como describe Katrine Marçal en Quien le hace la cena a Adam Smith, una historia de las mujeres y la economía.
Así como las sufragistas se alzaron para decir basta, hartas de no poder opinar ni participar en la vida política, hoy, tanto las mujeres con “otros” trabajos fuera de la casa, como las que se dedican a cuidar a menores o dependientes mayores sin remuneración alguna, exigen a los hombres y a las instituciones nada más que la corresponsabilidad. En este sentido, resulta prioritario poner atención a los debates que se están desarrollando en el último año en eventos y encuentros a los dos lados del Atlántico y que podrían –y deberían– desembocar en la concreción de una agenda de género entre la UE y América Latina y el Caribe.
A finales de 2022, con el objetivo avanzar en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión Europea presentaba su “Estrategia Europea de Cuidados”, para garantizar unos servicios asistenciales de calidad, asequibles y accesibles en toda la UE y mejorar la situación tanto de los cuidadores (profesionales o informales) como de los receptores de cuidado. Por esas mismas fechas y en discernible sintonía, se celebraba en Buenos Aires, dentro de las actividades programadas por la Comisión Económica para América Latina CEPAL), la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, bajo el lema: “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”. Ya en 2023, la Red Internacional de Mujeres EU-LAC organizaba, en lo que podría interpretarse como un ensayo para la cumbre birregional, el “Tercer Diálogo Interregional de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC. Cuidados de larga duración: buenas prácticas y desafíos en la construcción de sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género en la UE y ALC”. Ensartados por el hilo de los cuidados, estos eventos y encuentros no solo ponen de manifiesto una preocupación compartida por ambas regiones, sino que, probablemente, apuntan a algo más profundo: a una misma estrategia para avanzar con paso firme en la agenda de género.
Los cuidados y el avance de la agenda de género
No son pocas las voces autorizadas y las opiniones de especialistas que, desde hace décadas, aunque de manera más acusada durante estos últimos años, insisten en priorizar la palanca de los cuidados para avanzar de manera sustantiva en la igualdad de género. Sea como fuere, lo cierto es que ambas regiones, a base de compromiso y esfuerzo, han llegado a ser referentes mundiales en el diseño y en la puesta en marcha de políticas y sistemas integrales de cuidados.
En este sentido, y como revelan los datos diligentemente atesorados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el World Policy Analysis Center, llama la atención, por ejemplo, las prometedoras iniciativas adoptadas en relación con los permisos de paternidad, por ser este uno de los puntos más rezagados en las políticas de cuidado. Entre otras cosas, por movilizar a todos los actores del “diamante de cuidado” (Estado, mercado, familia, comunidad), un término propuesto por la académica Shahra Razavi con el objetivo de identificar a los actores responsables de brindar cuidados (desarrollado en una investigación de UNRISD). Y ello a pesar de resultar decisivo para redistribuir la carga de los cuidados, liberar tiempo a las mujeres, además de desdibujar los tradicionales mandatos de género, contribuyendo así a la consecución de sociedades más igualitarias e inclusivas.
Ahora bien, ¿por qué priorizar los cuidados frente a otras iniciativas y batallas de la agenda feminista y social, igual de importantes? Tal vez, porque el trabajo de cuidado, asumido mayoritariamente por las mujeres, incluso desde niñas, al tener una repercusión directa en las oportunidades de educación, empleo, salario, tiempo libre, autonomía, etcétera, constituye el principal obstáculo para lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.
Conviene recordar a este respecto que organizaciones internacionales del calibre la OIT y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se demoraron mucho en reconocer el cuidado como un trabajo (apenas ha sido reconocido), desatendiendo con su complicidad, como diría María Ángeles Durán, el inmenso iceberg que oculta la “riqueza silenciosa” que suponen los cuidados. Como ya se ha dicho, a Katrine Marçal no le ha temblado el pulso a la hora de nombrar a las cosas por su nombre. A su juicio, “no existen los cuidados gratis” y, por tanto, o estos son costeados por los contribuyentes o será una mujer quien tenga que hacerse cargo de ellos, con los costes personales, laborales y vitales pertinentes.
Las estimaciones realizadas hasta la fecha de las horas de cuidado no remunerado realizado por mujeres y niñas a lo largo y ancho del planeta hacen que nos extraviemos entre tantos guarismos. Según un informe de Oxfam (Tiempo para el cuidado), el valor económico del trabajo de cuidados no remunerados que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años triplicaría el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Según un cálculo revelado por ONU Mujeres, la pandemia habría supuesto para las mujeres 512.000 millones de horas adicionales de trabajo no remunerado, solo en cuidado infantil.
Si a lo anterior le añadimos el aumento de la población y de la esperanza de vida, la amenaza que la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial presentan a los sectores laborales tradicionalmente feminizados, las migraciones climáticas y la violencia sexual y machista asociada a las mismas, las cadenas globales de cuidados, etcétera, podemos advertir no solo las múltiples intersecciones que se combinan a la ya conocida desigualdad de género, sino de qué manera el futuro de América Latina y el Caribe y el de la UE están estrechamente unidos.
De la misma manera que empezamos a reconocer que todas las personas producen y consumen cuidado, aunque en cantidad y calidad muy variable, la pandemia reveló, como nunca antes, que los cuidados son valiosísimos porque los apreciamos imprescindibles para la prosperidad y la cohesión social, como ha señalado Victoria Camps (Tiempo de cuidado). ¿Y no es acaso prosperidad y cohesión social (global) lo que se busca en la renovada relación UE-CELAC?
Pues bien, algunas lecciones preliminares pueden extraerse tanto de la trayectoria de América Latina y el Caribe y la UE, como de la pandemia. La primera es que a mayor igualdad de género, mayor capacidad de resiliencia para afrontar acontecimientos inesperados. La segunda es que, sin resolver los cuidados, las mujeres, agotadas, dejan de participar en la economía, abandonando sus empleos, como revelaron informes de McKinsey durante la pandemia, lo que supone restar al crecimiento económico global cerca de un billón de dólares frente a una ganancia de 13 billones en el PIB mundial previstos de 2020 a 2030. La tercera es que la mejor manera de empezar a construir esa igualdad entre hombres y mujeres pasa por apostar decididamente –social y políticamente– por sistemas integrales de cuidados robustos a la par que sostenibles. Para que las mujeres puedan contribuir en la economía y en la política hay que reforzar la dimensión social de la ciudadanía de las mujeres.
La agenda de la igualdad no está ganada. Según el último informe del Global Gender Gap del Foro Económico Mundial (2022), al ritmo actual, se tardarán 67 años en América Latina y el Caribe y 60 años en Europa para cerrar las brechas actuales entre hombres y mujeres. Y mientras tenemos la certeza de que esta agenda está aún pendiente, debemos también hacer frente a las contraofensivas antigénero que afloran en ambas regiones, descalificando los avances del feminismo, ridiculizando las brechas, invisibilizando la violencia hacia las mujeres, en un claro retroceso de los derechos humanos, que no puede tolerarse desde la pasividad.
La relación UE-América Latina y el Caribe debe dejar claro que no se dará ni un paso atrás; por el contrario, se van a acelerar los pasos que aún faltan para alcanzar esa “igualdad en todo”, hacia una verdadera corresponsabilidad de hombres y mujeres. Es justo, es legítimo, y es lo más inteligente para avanzar como sociedad hacia la
prosperidad, la cohesión social y desarrollo sostenible.
