El gobierno ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general si se niegan a participar en la consulta sobre el Esequibo
Sebastiana Barráez – Infobae
El insólito recurso del régimen venezolano, presos en las escuelas y que los niños voten en un simulacro del referéndum
El gobierno venezolano ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general, si se niegan a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Invierten gran cantidad de dinero en pintura para murales, en material para pancartas, en pegatinas para vehículos, en una imprevista campaña de cedulación, entre otros. No ha sido suficiente, ni siquiera que dirigentes de Oposición se hayan retratado sonrientes con Diosdado Cabello y que otros declaren que acudirán a votar con la excusa de “el tema es Venezuela”, por lo que el régimen también acude a los presos de diversas cárceles y por último a niños y adolescentes.
Los niños usados como un comodín de los intereses partidistas y políticos de la revolución bolivariana, sin respeto alguno por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, menos aun protegiendo a la parte de la población más inocente. No se mide el peligro que representa la publicación de imágenes y videos de niños y jóvenes menores de edad, como instrumento para que las más altas autoridades escolares en los institutos de educación, las gubernamentales, incluyendo a ministros, generales, incluso a la Vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Una mujer les aclara a los estudiantes que le indigna el abuso y que por ser menores de edad no están facultados para votar.
¿Ante quién recurren los padres si el Estado, que debe proteger a los niños, es quien propicia la acción contra ellos? La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre 1989, reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, pero esos derechos se basan en: la no discriminación; “el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas”.
Cuando los docentes y directivos de una institución, cumpliendo órdenes desde el más alto Gobierno, le imponen a los niños y adolescentes, muchos de ellos sin previamente consultar a los padres e incluso sin el consentimiento de ellos, a que participen en un evento vinculante con la situación política y electoral del país, están violentando el interés superior del niño.
Si el referéndum sobre el Esequibo, más allá de su inconstitucionalidad, remite a preguntas que requiere conocimiento del significado e historia de la reclamación de ese territorio, así como a las bases legales del mismo, es casi desconocido para la generalidad de la población, más aún para los niños, por lo que se convierte en una evidente manipulación de la autoridad ejerciendo presión sobre el menor, a quienes se les pide firmar y se le toman las huellas sin que esté presente su representante. ¿A dónde van esos datos?
Marcha por el Esequibo, de niños y jóvenes, que fueron sacados por las calles de El Nula, Apure
El uso de los datos
Desde la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12 años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Aseveró que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.
Indignada la madre de un adolescente obligado a votar.
Irene Díaz, habitante de la fronteriza población de El Nula, municipio Páez del estado Apure y representante de la escuela Barrio Páez, donde tiene a un niño de educación inicial, le dijo a la Radio Fe y Alegría, en un reportaje de José Leonel Gutiérrez, que fue agredida verbalmente por Franklin Delgado, coordinador intercircuital y representante educativo de la parroquia San Camilo, porque ella comentó que la actividad sobre el Esequibo, para la cual sacaron a marchar a los estudiantes, era una utilización de los niños para proselitismo político.
Delgado, visiblemente molesto le alzó la voz y haciendo gestos con sus manos generaron la reacción de la señora Diaz, quien catalogó el hecho como una falta de respeto. ‘Irene si no quieres estar aquí, vete’, dijo en tono fuerte.
Pero no fue solo ella, según destaca, el lunes 27 de noviembre varios representantes de otras escuelas en El Nula se quejaron a través de redes sociales y por Radio Fe y Alegría Noticias que los niños estaban siendo utilizados para que los representantes del PSUV, entre ellos algunos docentes, se tomaran fotos para enviárselas a los jefes políticos que están promoviendo el referéndum consultivo.
Las órdenes de Maduro
Nicolás Maduro le dijo días antes a la Ministra de Educación, Yelitze de Jesús Santaella Hernández, organizar en todos los liceos y colegios de educación media del país un proceso electoral para que los muchachos menores de 18 años voten en su liceo, hagan el ejercicio del voto.
A la vez, refiriéndose a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña del referéndum, le pedí, como experto electoral, que elabore un programa, un software, para que ustedes hagan sus mesas de votación y voten todos los estudiantes de educación media.
La toma de huellas y firma de una niña sin su representante presente. La brutal manipulación de niños por adultos funcionarios del régimen.
También le solicitó a la Ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas Ruzza y a Génesis Garvett, la diputada y coordinadora del Comando de campaña Venezuela Toda, que en los centros de educación superior, con los estudiantes universitarios mayores de edad, se conforme el 1×10, estrategia electoral que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha implementado para obligar a sus militantes y a los funcionarios públicos, militares y civiles, a arrastrar consigo a otros votantes.
El articulista Javier Vivas Santana dijo, a través de Twitter (X) “soy licenciado, magister y doctor en Educación. Nunca había visto un hecho semejante que un niño o niña de unos 5 años ejerciera un “voto” sobre un concepto tan complejo de territorialidad de Guyana; cuya historia tampoco conoce. Exijo al Ministerio Público una investigación”.
Para Tomas Eizaga inculcar la cultura democrática del voto desde temprano, con simulacros en las escuelas, sería una gran idea. Lo malo es quienes lo impulsan, para qué y cómo. El contexto. Los niños deberían votar, por ejemplo, para elegir a sus delegados de clase o sobre un paseo escolar.
La instrucción precisa poner a votar a los muchachos.
Josefina Álvarez opina que “no conforme con que los niños ven clases solo 2 días a la semana, van a tomar las escuelas hasta el lunes para su parapeto de referéndum; obviamente a los pocos días vacaciones decembrinas. Destruyen la educación de nuestros niños”.
Adriana Mendoza considera que “hoy más que nunca, debemos reiniciar la campaña ‘Con mis hijos no te metas’. Maduro, sin autorización paternal, está poniendo a los niños, de 12 a 18 años, a votar por el referéndum, en el CNE; y a los pequeños con las maestras. No permitamos ese abuso”.
Reclusos en una escuela
Desde que el 28 de noviembre 2023 empezó a rodar un video, donde la voz de una mujer explicaba, mientras mostraba las imágenes de la cancha deportiva del Colegio San Agustín, en El Márquez, Caracas, que desde la madrugada había casi un centenera de presos en ese lugar, los cuales en efecto se veían portando el uniforme amarillo, se encendieron las alarmas.
Los estudiantes llegaron después para ingresar a las aulas de clase. Lo inaudito es que los representantes no fueron previamente notificados de que los reclusos del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estarían dentro de la institución, porque tampoco la escuela previamente lo supo ni lo autorizó.
El periodista de sucesos, Román Camacho, dijo posteriormente que los organismos de seguridad habían ordenado “ingresar a los privados de libertad a Zona 7. Hicieron un llamado a mantener la calma y esperan que a media mañana se resuelva la situación. Exhortaron a los padres que quieran retirar a sus hijos que lo pueden hacer”.
La reacción de muchos padres y representantes fue de molestia, quienes a través de las redes sociales reclamaban la acción que pudo haber tenido consecuencias peligrosas para los escolares. Un vocero de la institución salió a las puertas del colegio siendo increpado por los representantes; él respondió que “si bien es cierto hay 150 privados de libertad sentados dentro del colegio, la verdad es que están rodeándolos como 300 guardias”.
Carlos Trapani, quien es el coordinador general de la ONG Cecodap Por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, solicitó que se investigara esa presencia de militares y de reclusos en el mencionado colegio, calificándolo como “un grave precedente que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo. Es indispensable que el Ministerio Público inicie una investigación a los fines de identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que sean necesarias”.
Los centros educativos no son ni pueden ser espacios para realizar operativos policiales ni militares. Así como usar sus instalaciones para el registro o permanencia de personas que se encuentren bajo investigación y custodia policial o militar. Los centros educativos son un espacio exclusivo para los niños, sus docentes y familias.
Recordó que “la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional obliga a ejercer el servicio de policía utilizando los mecanismos y medios pertinentes y ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la preservación de la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva”, dijo Trapani.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.
Opinan los venezolanos
Desde la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12 años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Aseveró que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.
Por su parte, para el profesor universitario Pedro Benítez, en un artículo de AlNavío, el propósito central del referéndum consultivo, convocado para el próximo 3 de diciembre, no es el reivindicar la reclamación venezolana sobre los 159.500 km2 de la Guayana Esequiba, de la que el país fue despojado por el imperio británico mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899. El propósito de los convocantes de la consulta popular no es otro sino el de buscar la manera de mantenerse en el ejercicio del poder político sobre Venezuela, recurriendo a una estratagema tan antigua como la civilización misma. No hay razones externas, son internas.
Omar Contreras Molina asegura que El Esequibo oxígeno para un presidente que no levantaba cabeza en las encuestas , solo utilizando la exaltación del sentimiento patrio ha movilizado masas obligadas asistir a marchas, conciertos, concentraciones, facilidades para renovar cédulas de identidad, programas hasta el cansancio en televisoras y radios estatales, e inclusive utilización de niños en escuelas, liceos, sin importar las leyes que les protegen, para garantizar participación todo se vale, hasta organizaciones políticas, religiosas, empresariales, universidades levantaron su corazón henchidos de patriotismo y dejaron bien plasmado el ferviente deseo de participar en el referéndum , todo viento en popa para el gobierno, la epidermis del patriotismo cunde, unos lo hicieron visible otros en el más profundo silencio para no sentirse culpable”.
¿Por qué ahora? Preguntaba una niña al presidente y lo dejó desarmado, se salió por la tangente y no dio explicación convincente, lo sacó del libreto”, dice puntualizando que “durante tan largo tiempo no nos preocupó esa franja que aún permanece en nuestro subconsciente, solo reclamación, pero no la poblanos, ni los hicimos venezolanos, era el área marginal, solo algunos religiosos, pero ahora sí es importante en tiempos de elecciones.
