¿Le torció el brazo Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro al obligarlo a presentar una hoja de ruta para decidir sobre las inhabilitaciones? ¿O el gobierno de Venezuela le ha hecho un desplante, un regate, una finta al imperio al ofrecer una vía en la que la aspirante a candidata María Corina Machado, presumible favorita de Washington (o, tal vez, sólo de los republicanos…) tiene muy escasas posibilidades de obtener lo que pretende?
Hay varios grupos de opiniones. Uno de ellos está formado por gente que dice que, ciertamente, el gobierno tuvo que ceder y que, aunque muchos lo duden, el Tribunal Supremo de Justicia podría terminar dejando sin efecto la inhabilitación de Machado. Un amigo bromista dice que a este grupo podemos llamarlo “¡Mano, tengo fe!”, aunque acota que primero entrará la Vinotinto por el ojo de aguja de las eliminatorias suramericanas, que una ricachona vilipendiosa al reino de los cielos del CNE.
Un segundo grupo -con muy poco respeto por los magistrados- piensa que dejar el asunto en manos del TSJ es más o menos lo mismo que asignárselo a la dirección nacional del PSUV, pues en ambos casos, la sentencia final dirá: «No te vistas, que no vas, el que va es Nicolás… ¡y punto!», aunque, claro, el fallo tribunalicio irá redactado en jerga legalista.
Y hay un tercer grupo integrado por quienes piensan que es una jugada maestra, de esas en las que el adversario queda en situación de perder o perder. Concretamente: si Machado dice que no se va a prestar a la farsa de un procedimiento en el TSJ, no habrá rehabilitación; y si decide ir, es presumible que pierda y que quedé con un estatus jurídico aún peor que el actual, pues ya no estaría inhabilitada por una decisión administrativa de la Contraloría General de la República, sino por un fallo firme de la máxima instancia judicial, de acuerdo a una hoja de ruta acordada por gobierno y oposición con testigos y facilitadores internacionales.
El solo requisito de reconocer al TSJ, dirigirse a este con reverencia y comprometerse a aceptar su sentencia pone al extremismo opositor en un gran brete, pues ya sabemos que lo consideran un instrumento del “rrrégimen”. El discurso de que en Venezuela unos demócratas a carta cabal enfrentan a una dictadura feroz, detentora de todos los poderes, perdería parte de su fuerza si Machado acude a la máxima corte a solicitar la revisión de su inhabilitación y a pedir una medida de amparo.
Y, mirándolo desde la perspectiva de los magistrados, será no inevitable, pero sí bastante difícil de evitar, que entre en juego el instinto de supervivencia, pues la ultraderecha que Machado encarna no pretende venir solamente por la cabeza de Maduro, sino también por todas las demás del actual orden, incluyendo las de los supremos jueces.
Naturalmente, la oligarca barnizada de pueblo podría ir al TSJ advirtiendo que no espera nada de esa instancia y adelantando que un fallo en contra será prueba fehaciente de que el Poder Judicial está en manos del tirano. Y esa actitud en sí podría provocar el rechazo de su recurso, con base en las mismas premisas de Barbados que les exigen buenos modales a los solicitantes y respeto por la decisión que tome el tribunal.
Episodios parecidos
Aquí, por cierto, cabe recordar episodios previos, fruto de situaciones que si bien no son iguales, sí son equiparables.
Una de ellas es la actitud del joven comandante Hugo Chávez cuando a los líderes del 4F se les ofrecieron medidas de gracia presidencial para salir de la cárcel. Varios de ellos las aceptaron y hasta se incorporaron al gobierno de Rafael Caldera como funcionarios (Francisco Arias Cárdenas y Jesús Ortiz Contreras, los más prominentes), pero Chávez se negó a dar ese paso que habría implicado un pacto con el sistema al que había tratado de cambiar por la fuerza. La coherencia (aparte de su carisma) fue uno de los factores que lo hizo sobresalir respecto a los otros oficiales alzados.
El segundo evento fue luego del triunfo electoral de 1998 y bien podría alimentar la fe de los que creen en una sentencia del TSJ a favor de Machado.
Al asumir la presidencia, Chávez convocó el referendo para preguntarle al pueblo si quería una Asamblea Nacional Constituyente (su promesa central en la campaña). Los más sobresalientes juristas opinaron que el recién juramentado mandatario no tenía entre sus facultades el hacer ese tipo de convocatorias. El asunto terminó dirimiéndose ante la entonces Corte Suprema de Justicia, que era un coto cerrado de las tribus judiciales del bipartidismo. Se esperaba que la Corte rechazara la vía referendaria y planteara que la única manera de modificar la Constitución de 1961 era a través del Congreso de la República. Pero la mayoría de los magistrados se inclinó a favor del nuevo presidente y dio luz verde al referendo y, por tanto, abrió las puertas del proceso constituyente.
¿Puede pasar algo así en el TSJ actual? Es una de las interrogantes pendientes.
De la sanción administrativa a la pena judicial
Una clave de la vía planteada es que judicializa el asunto de las inhabilitaciones administrativas, de una manera que podría favorecer a los afectados o podría hundirlos. Una delicada apuesta.
Si el TSJ analiza casos que derivan de irregularidades administrativas (las que investiga y sanciona la Contraloría) bajo los criterios del Acuerdo de Barbados, varios de los inhabilitados podrían quedar peor parados. Sus inhabilitaciones ya no serían por cuestiones relacionadas con el ejercicio de los cargos públicos que han tenido, sino por sus conductas de instigación a la violencia, peticiones de injerencia política o de intervención armada extranjera, apoyo a falsos gobiernos interinos y otras que puedan tipificarse como delitos de lesa patria.
[Que se haga esto, dicho sea de paso, ha sido un clamor de la militancia revolucionaria, harta de que funcionarios con competencia para encausar a presuntos traidores a la patria, se dediquen a denunciarlos mediáticamente, sin tomar medidas concretas para sancionarlos. Pero ese es otro tema].
Una muy probable decisión del TSJ ratificando algunas de las inhabilitaciones y agregándoles la carga de los delitos contra la soberanía política y territorial del país, causarán gran escándalo en los gobiernos enemigos, en los organismos multilaterales al servicio de estos y en la maquinaria mediática. No hace falta ser clarividente para vaticinar que se hablará de lawfare, como una perversa desviación de la democracia.
Claro que el lawfare ha sido el arma favorita de las derechas en países del vecindario, como Brasil, Argentina, Perú y Ecuador para impedir que los candidatos y partidos progresistas ganen elecciones o se mantengan en el poder. Pero ya sabemos que en estos asuntos siempre hay un doble rasero: si lo hace la derecha, es producto de la independencia judicial; si lo hace la izquierda, es una muestra de autoritarismo y dictadura.
Y esto nos lleva a comentar uno de los grandes mitos, engaños, fraudes de las democracias ejemplares del mundo: la supuesta independencia de los jueces, una mentira que no resiste la más superficial de las indagaciones.
Es una de las tantas cuestiones en las que las potencias del norte exigen a los países a los que tienen sojuzgados, pero que ellas mismas no practican.
¿Pugnas intraopositoras?
Una arista que no debería dejar de observarse es la de la pugna interna de las fuerzas contrarrevolucionarias y cómo estas pueden haber influido en la gestación de una hoja de ruta en la que la más prominente de las inhabilitadas queda en una situación tan comprometida.
Los malpensados se inclinan por ver allí una maniobra para aislar por completo a Machado, lo que será complementado con las revelaciones que, de un momento a otro, se harán en torno a las verdaderas cifras de participación y votos en las primarias.
Hay unos cuantos líderes o aspirantes a tales, locos por suprimir a ese factor de perturbación que es Machado para presentarse ellos como la opción habilitada y viable.
Y, por supuesto, lo que vaya a ocurrir en estos días previos a la Navidad nadará en el caldo del clima posterior al referendo sobre la Guayana Esequiba, que también ha hecho más anchas algunas de las grietas entre las oposiciones.
[Esta semana falleció Carmen Castillo Travieso, periodista de ética no negociable; guerrillera antes y guerrera siempre; amiga furibunda y militante de las mejores causas, aunque las supiera perdidas; luchadora contra las adversidades hasta su último respiro. Era parte de mis más gratas rutinas enviarle cada fin de semana mis reflexiones publicadas acá. Y ella, además de comentarlas, las difundía entre sus muchas amistades con un fervor que siempre me conmovió. Hoy no puedo hacer más que dedicarle este artículo a su memoria ejemplar].
