El “Tapón del Darién”, aquel único tramo terrestre donde la carretera Panamericana se interrumpe en su ruta de Alaska hasta Tierra del Fuego, ha adquirido una nueva dimensión. El tapón, en la frontera con Colombia, que antes servía a su propósito contra la expansión de enfermedades, del narcotráfico, de la migración irregular, y para cuidar el aspecto ambiental como Parque Nacional de Panamá, se ha convertido en una esclusa más, esta vez para migrantes en su camino hacia la frontera sur de EE. UU. A pesar de los esfuerzos del gobierno panameño por comunicar a través de múltiples medios que #DariénNoEsUnaRuta, sigue aumentando el número de migrantes de manera exponencial. Para el año 2023 se espera un cifra de 500.000 personas, que caminan un trayecto de 266 kilómetros plagado de peligros, tanto por el entorno salvaje de la selva del Darién como por la presencia de grupos criminales que cometen todo tipo de delitos antes y durante la travesía por ese pasaje. No es la primera vez que el Darién se ha convertido años en una importante ruta de tránsito para la migración irregular, sigue siendo la única vía terrestre que conecta Sudamérica con Centroamérica.
Ya entre los años 2015 y 2016 había una avalancha de ciudadanos cubanos que buscaban esta vía hacia el norte, seguido en el año 2021 por una ola de haitianos, mientras que ahora, en su gran mayoría, venezolanos seguidos por ecuatorianos y haitianos que se lanzan a cruzar esta selva. Para Panamá, un país de apenas 4 millones de habitantes, recibir a 60.000 personas que entran al mes por el Darién, es un reto enorme. La realidad migratoria parece sobrepasar a las posibilidades de ese país centroamericano.
Los “caminantes” llegan en condiciones muy precarias al país, al haber pasado por situaciones de extrema vulnerabilidad como el hambre, ausencia de alojamientos y fuentes de agua, cobros excesivos, desinformación y estafas, xenofobia y violencia física, psicológica y sexual. Como más del 20% de los migrantes que se internan en el tapón del Darién son menores de edad, y muchos menores no acompañados asumen el riesgo de esa trayectoria con el apoyo de coyotes que los dejan luego abandonados a su suerte en el camino, se han tenido que generar programas especiales para atender a estos grupos altamente vulnerables. Además ese flujo migratorio, que desde hace cinco años cobró fuerza, se ha ampliado porque muchas personas extraregionales procedentes de China, India, Afganistán, Bangladesh, Camerún y Burkina Faso aterrizan en Ecuador o Brasil y se unen al largo camino hacia el Darién, cruzando a la vecina Colombia.
La dimensión binacional colombo-panameña
El precario manejo de la región fronteriza compartida por Panamá y Colombia representa el reto central para aliviar la alto grado de vulnerabilidad y desprotección social que sufren los migrantes. Sin lugar a dudas, existe una falta de capacidad institucional, que está acompañada por los problemas conocidos de otros casos, como la baja presencia del Estado en los territorios fronterizos, que solamente en parte puede ser sustituida con una presencia de cooperación internacional.
Para suplir los problemas de la ausencia estatal habría que destinar recursos adecuados para fortalecer o crear programas de atención y acompañamiento a la población migrante, y superar la falta de coordinación entre las entidades del nivel central y el territorial. No es sin justificación que las autoridades panameñas se hayan quejado de una cierta pasividad complaciente de sus contrapartes colombianas, especialmente ante la presencia del Clan del Golfo, un grupo armado que opera en el norte de Colombia, y que ha estado participando cada vez más en la regulación del paso por el Darién.
La ampliación del tráfico de migrantes en el Darién colombiano, una de las economías ilícitas más compleja del país, ha llevado a que las dos Defensorías del Pueblo publicaran una alerta temprana en la cual advierten, de forma conjunta, sobre los riesgos de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), esto último sólo con respecto a Colombia.
Los efectos del encuentro de los presidentes Laurentino Cortizo (Panamá) y Gustavo Petro (Colombia) en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, donde acordaron activar la Comisión binacional de Buena Vecindad para avanzar en el tratamiento de la problemática, no se han hecho visibles hasta la fecha. Lo que se pide a la parte colombiana es que aplique e implemente la Política Integral Migratoria requerida para proteger a las personas que arriesgan sus vidas en ese peligroso cruce.
La dimensión multilateral
Los esfuerzos por lograr una coordinación entre Colombia, Panamá, Costa Rica y el gobierno de EE. UU. carecen de impacto en la zona. Propuestas como una militarización de las fronteras no parecen realistas a fin de reducir el tránsito de migrantes. Es así que se han decomisado recientemente más de 24 lanchas, de las cuales 12 eran guiadas por coyotes, pero, en su mayoría, estas fueron sustituidas por otras rápidamente.
Tampoco los planes de deportación logran convencer, ante la gran cantidad de personas y su procedencia de muchos países. Lo que se requiere es una protección eficiente de los migrantes por parte de las autoridades de Colombia y Panamá con la ayuda de la comunidad internacional, que no le ha prestado a la situación la atención debida.
Adicionalmente habrá que ofrecer vías legales de migración, una opción en la cual Estados Unidos trabaja junto con Panamá y Colombia, pero que se ha visto rebasada por la cantidad de solicitudes presentadas.
Por lo pronto será indispensable el combate contra la participación de grupos criminales en el proceso migratorio y se deberán destinar más recursos nacionales e internacionales a la región, donde, según informaciones oficiales, el gobierno panameño gastó en los últimos años “casi 70 millones de dólares”. Sin duda será de central importancia que el gobierno de Washington asuma una mayor responsabilidad en la situación del Darién, y deje de verlo solo como una esclusa más en el camino hacia el norte.
