La última esperanza de la izquierda peruana, Pedro Castillo, el líder sindical que concentró y defraudó los votos de los sectores empobrecidos, ha cumplido un año en la cárcel. Un año desde que interrumpió la programación y leyó un discurso en televisión nacional que sepultó su mandato. Un autogolpe de Estado, sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, que se hizo humo en cuestión de horas. Y que detonó un nuevo capítulo de la inacabable crisis en la que está atascado el Perú.
La justicia peruana ha dictado dos medidas de prisión preventiva en contra de Castillo: 18 meses por el delito de rebelión y 36 meses por liderar una presunta red criminal en Palacio. Esta última vencerá en marzo de 2026. Por lo menos hasta entonces, el maestro rural nacido en Cajamarca continuará en Barbadillo, el penal de los expresidentes, que hasta este miércoles tenía como huésped a Alberto Fujimori, además de a Alejandro Toledo, extraditado desde los Estados Unidos en abril de este año.
En cada audiencia virtual, Castillo no pierde la oportunidad de repasar su libreto: asegura que no se levantó en armas; que es un preso político, víctima de un complot y que debe ser restituido en Palacio. También ha dicho que durante su detención el 7 de diciembre de 2022 fue apuntado por una metralleta, denunciando tortura y maltrato psicológico. Este lunes, en una sesión donde sus abogados buscaban dejar sin efecto la primera orden de prisión preventiva, atribuyó su suerte a Patricia Benavides —fiscal de la Nación que acaba de ser suspendida durante seis meses por liderar una organización criminal—, a altos mandos de la Policía y a cierto grupo de congresistas. Ellos planearon acabar con mi Gobierno y mi gestión porque no pertenezco a esta élite y no están de acuerdo con mis orígenes, dijo.
Esa ha sido su principal estrategia para desviar la atención de sus actos: victimizarse por racismo y clasismo. De ello se ha hecho eco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de sus principales escuderos a nivel internacional. Fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión, padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú. No lo quieren porque es indígena. AMLO ha calificado de hecho atípico su frustrado golpe de Estado. Es precisamente en México donde la esposa y los hijos de Castillo se encuentran asilados.
Para los abogados del hombre que hizo del sombrero su sello durante la campaña presidencial, el delito de rebelión solo es válido si se consuma. Y como eso no ocurrió, sostienen que debería ser excarcelado. Son los argumentos de los argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto. La tentativa siempre tiene que ser idónea. No solo es homicidio si mato a alguien, también puede haber tentativa de homicidio. Pero si quiero matar a alguien con un perejil, obviamente que no. Él sabía que no tenía ningún apoyo, aseguran. En esa misma línea, Pedro Castillo dijo hace poco: El día que yo leí ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie.
En estos doce meses sus defensores han tratado de justificar su proceder con un sinfín de maneras. Guido Bellido, su exprimer ministro, deslizó la posibilidad de que pudiese haber estado drogado cuando leyó su Mensaje a la Nación y solicitó un examen toxicológico. Otro grupo de sus seguidores señala que el golpe en realidad lo dio el Congreso al cercarlo con sus acusaciones y destituirlo de manera irregular. Otro sector de sus incondicionales remarca que lo de Castillo fue un gesto hacia quienes votaron por él. Un acto de rebeldía antes de patear el tablero. Sea como fuere, tras cumplirse un año, la Fiscalía de la Nación todavía no ha presentado una acusación penal por el golpe de Estado. Un proceso que podría extenderse hasta abril de 2024.
Si bien casi la totalidad de sus ministros renunciaron en el acto y la mayor parte de la clase política lo condenó, Pedro Castillo todavía cuenta con un grueso de simpatizantes que no le ha soltado la mano. Desde hoy hasta el 10 de diciembre se han convocado cuatro días de protestas en Lima y provincias de la sierra sur bajo el lema: refundemos el Perú. Aunque con matices y divisiones, un año después los pedidos se mantienen: la salida de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
El fin de Castillo supuso el accidentado inicio de Boluarte en Palacio. En la víspera, mediante un decreto supremo, el Ejecutivo declaró el 7 de diciembre como el Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y la Defensa de la Democracia. Un eslogan que para sus opositores es una provocación. La aventura presidencial de Pedro Castillo duró 17 meses de escaso manejo político, deficiente gestión pública y varias carpetas fiscales. Pero sobre todo la derrota de lo que inspiró, que puede leerse en el nombre de la agrupación que lo llevó al poder: Perú Libre.
El País de España
