En la guía turística del gobierno del Estado de México, encabezado hoy por la gobernadora morenista Delfina Gómez, el municipio de Texcaltitlán es descrito como un lugar de ensueño. “Es una encantadora población que ha conservado el estilo de la Colonia. Es un placer observar las típicas casas blancas con balcones llenos de plantas, techos de teja roja y jardines salpicados de flores…”. “Los hermosos paisajes le ofrecen al viajero el lugar idóneo para hospedarse en medio del bosque, caminar por sus callejuelas empedradas y disfrutar del tradicional mercado de los días martes…”.
Pero como ocurre constantemente en México, una cosa son las ‘postales’ oficiales emanadas del gobierno y otra cosa la cruda realidad. Desde hace años los habitantes de Texcaltitlán están bajo el sometimiento del cartel de La Familia Michoacana.
Esto lo sabía a detalle desde enero de 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsable de la Guardia Nacional, hoy encargadas de la seguridad pública en el país y obligadas a combatir a la delincuencia organizada.
“Cobran cuota a los ejidatarios, aserraderos, carniceros, minas, comerciantes, etc. para permitirles trabajar; en caso de que no paguen la cuota son secuestrados y en muchos casos ejecutados, fungen como intermediarios para la compra venta de productos (pollo, huevo, tortillas, cerveza, carne, arena, materiales, etc.) creando un monopolio y generando mayores ganancias para la organización”, se detalla en el informe titulado “Panorama Delictivo Estado de México enero 2022”, elaborado por el gobierno estatal y entregado a la SEDENA por el capitán Humberto Sánchez Chávez, Enlace SEMAR EDOMEX, Unidad de Análisis Táctico Operativo, del cual tengo copia.
De esta forma, la Familia Michoacana actúa como señor feudal y los ciudadanos, abandonados por el gobierno federal a su suerte, son sus siervos. Tal vez a eso se refiere la burda reseña turística del gobierno estatal cuando dice que Texcaltitlán evoca a la época de la “Colonia”.
‘Los abrazos’ de Andrés Manuel López Obrador al crimen como política pública presidencial iniciada desde los primeros días de su mandato se convirtieron en esclavitud para millones de mexicanos.
Pero el viernes 8 de diciembre, la población se levantó en guerra. Un grupo de habitantes de Texcapilla, uno de los pueblos del municipio, desesperados por la dolosa inacción del gobierno, decidieron organizarse para hacer lo que por ley es el trabajo del poder Ejecutivo: defender a los pobladores y combatir la ilegalidad.
Los civiles atacaron a un comando de la Familia Michoacana encabezada en la localidad por un sujeto apodado “Comandante Arcelia” y por Juan Carlos Garduño Martínez, alias “Payaso”. Durante el enfrentamiento, ninguna autoridad intervino. Desamparados, con palos y armas de cacería, los pobladores lincharon presuntamente a “El Payaso” y a su grupo. El resultado de la batalla fueron al menos 14 personas muertas: cuatro habitantes y diez personas identificadas como parte del grupo criminal. Pero, de acuerdo a informantes de áreas de inteligencia del gobierno federal con los cuales establecí contacto, al menos fueron 20 muertos.
De acuerdo a las fichas de información emitidas por el gobierno de Delfina Gómez, de las cuales tengo copia, las autoridades de todos los niveles conocieron desde un día antes la tensión que había en la zona entre habitantes y el grupo criminal. Habían advertido que irían el 8 de diciembre a cobrar las extorsiones rutinarias y la población se estaba organizando para confrontarlos.
Ante las narices de las autoridades federales y estatales ocurrió el enfrentamiento.
La Familia, impune
La Familia Michoacana es un grupo criminal que se adapta velozmente a las nuevas circunstancias. Nacida en el estado de Michoacán, fue hegemónica durante casi todo el sexenio de Felipe Calderón, cuando el estado era gobernado por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, entonces integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) igual que AMLO. Hoy ilustres miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Tras una serie de rompimientos internos, reacomodos, la llegada de otros grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, y los cambios de partidos políticos en el poder, la Familia Michoacana hizo alianzas criminales y políticas que le han permitido sobrevivir y expandirse. Ahora también opera en Guerrero y el Estado de México.
En Michoacán opera aliada a otras organizaciones y han conformado el grupo Carteles Unidos, responsable del homicidio de Hipólito Mora, líder comunitario y de autodefensas en el municipio de Buenavista, quien fue asesinado el 29 de junio de 2023.
Antes de morir, en una entrevista exclusiva publicada en este espacio, Hipólito me reveló que Carteles Unidos- incluyendo Familia Michoacana- operaban libremente en Buenavista con la anuencia y complicidad no solo de la Guardia Nacional y SEDENA, sino también del partido oficial MORENA. Y aseguró que apoyaron al actual gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, para ganar las elecciones en 2021. “Amenazaron a candidatos de otros partidos, los hacían que trabajaran para MORENA y por eso casi en todas partes ganó MORENA. Carteles Unidos trabajó para apoyar a MORENA, la operación electoral fue por parte de Carteles Unidos, así fue”. Informes de la SEDENA corroboraron su dicho.
SEDENA tenía información detallada
El municipio de Texcaltitlán, donde ocurrieron los hechos, es parte de la zona que sirve a la organización criminal de corredor entre Guerrero y Michoacán. La Familia Michoacana es la organización criminal predominante en el Estado de México, tiene presencia en al menos 49 municipios del Estado de México, según el informe “Panorama Delictivo Estado de México enero 2022” al que me referí en los primeros párrafos.
También operan en menor escala: el Cartel Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito, Nuevo Imperio, Cartel del Golfo y Cartel de Tláhuac.
Desde al menos enero del 2022, la SEDENA encabezada por el general Luis Crescencio Sandoval, tenía conocimiento a fondo de la forma en que La Familia Michoacana atormentaba a los ciudadanos del Estado de México y el nombre de sus líderes.
Se identifican en el documento como miembros de la cúpula criminal a: Johnny Hurtado Olascoaga, alias “Pez”, a su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “Fresa”, a Medardo Hernández Vera, alias “Lalo Mantecas”, a quien se ubica en el informe como “jefe operativo, en el Estado de México” y a Josué Ramírez Carrera, “Tuerto”, como “jefe financiero, en el Estado de México”.
Se afirma que Silverio Martínez Hernández, alias “Comandante Fierros”, es jefe de las subplazas de Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonatico y Zacualpan, Estado de México, y se señala como su segundo al mando a Carlos Viveros Cabrera, alias “Negro” y/o “Chapopote”.
Artemio Martínez Castrejón, alias “Mala”, es mencionado como jefe de las subplazas de Tenango del Valle, Tenancingo, Villa Guerrero y Malinalco. Y a Juan Moreno Salgado, apodado “Jabón”, jefe de la subplaza de Sultepec, y a Patricio Velázquez Aguirre, alias “Verde”, jefe de la subplaza de Almoloya de Alquisiras.
Desde entonces, era ya claramente identificado un sujeto apodado “Comandante Arcelia” como líder en Texcaltitlán, “siendo su segundo Juan Carlos Garduño Martínez, alias Payaso”. Según las autoridades, fue asesinado por los pobladores el 8 de diciembre y, ahora muerto, dicen las autoridades que también usaba el nombre de Rigoberto Sancha Santillán. Las fotos que se han mostrado de “Payaso” no corresponden a la fisonomía y edad de las contenidas sobre la misma persona en un informe de la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República, fechado en julio de 2022, del cual tengo copia.
La Fiscalía General de la República encabezada, por Alejandro Gertz Manero, también tiene buena dosis de responsabilidad. En julio de 2021, el delegado de la FGR, Julio César Ulises Chávez, se comprometió con la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional a trabajar coordinadamente en materia de seguridad pública, de acuerdo con la minuta de la cual tengo copia. Ahí se discutieron los errores de las fuerzas federales al presentar ante el Ministerio Público a los detenidos, lo cual deriva en su liberación.
Llama la atención que, ante los claros malos resultados del delegado de la FGR, este fue nombrado en 2023 como delegado en Guerrero, otro estado donde opera la Familia Michoacana.
El cinismo
Dos años después de que la SEDENA, Guardia Nacional, Marina, y la FGR tuvieron conocimiento de todo y no tomaron medidas definitivas para proteger a los ciudadanos, los pobladores hartos tomaron medidas extremas y se defendieron el 8 de diciembre.
El 9 de diciembre, con el cinismo que lo caracteriza y que ha dejado profunda huella- y sospecha- a lo largo de sus cinco años de gobierno, luego de lamentar los hechos, AMLO se lavó las manos: “…la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir, pero entre todos”. Evade su responsabilidad jurídica de que combatir los delitos federales es tarea suya, no de los ciudadanos. Incitar a los ciudadanos a defenderse ante la inacción de su gobierno es mandarlos al matadero.
De hecho, ese mismo 9 de diciembre a las 15:45, en un reporte recibido por las autoridades policiacas y militares del cual tengo copia, se denuncia que en Sultepec circuló un convoy de entre 30 y 50 camionetas con cerca de 300 personas con armas largas y cortas, granadas y lanzacohetes. Las personas iban vestidas con logotipos de La Familia Michoacana, vestidos como militares. Iban en dirección a Texcaltitlán.
De acuerdo a informantes de las fuerzas armadas federales, al menos 13 habitantes de Texcaltitlán fueron capturados por el grupo criminal, entre ellos mujeres, hombres, ancianos y dos niñas. El grupo exige al gobierno de Delfina Gómez, la gobernadora emanada del partido Morena, una de las más cercanas a AMLO, que entregue a los 4 líderes de la comunidad que organizaron el ataque armado, o de lo contrario amenazan con matar a los civiles privados de su libertad.
En la misma actitud dolosa de AMLO, Delfina reconoció el 14 de diciembre que las personas están “desaparecidas”, no “secuestradas” y que presume fue por voluntad propia.
AMLO y los gobernantes emanados de su partido Morena no pueden pedir a los ciudadanos que hagan lo que ellos no quieren por complicidad y/o negligencia. El polvorín social que reventó en la “encantadora población” de Texcaltitlán- como casi con sorna describe la guía turística estatal- podría rápidamente expandirse hacia otros municipios de México, cientos, que son gobernados por la delincuencia organizada. Eso derivaría en una especie de guerra civil. La ingobernabilidad alentada por AMLO complica aún más los comicios presidenciales del 2024.
