La doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia y reconocida jurista en el continente, sostiene que la expectativa que existe en torno a la situación de la ingeniero industrial María Corina Machado, la auténtica líder de la oposición, debe a que se encuentra dentro de un juego político e inmersa en las negociaciones entre el régimen y la Plataforma unitaria Democrática.
La salida que existe en este momento es muy fácil: revocar su inhabilitación, como respuesta al lapso de 72 horas que le ha dado la Sala Política-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Al iniciar la entrevista, el reportero de El Impulso le pidió una explicación acerca de la situación que se ha venido presentando después del 17 de octubre de este año, cuando se firmó el acuerdo de Barbados, en que las partes llegaron al entendimiento de efectuar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 el 22 de ese mismo mes, como había sido establecido por la Comisión Nacional de Primaria, fue electa mayoritariamente la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado; el 30 de octubre, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara nulas las consecuencias del proceso primario; y ahora la Contralorìa General de la República, por órden de la Sala Político-Administrativa, tiene que dar respuesta a la solicitud hecha por Machado, como quedó establecido en las conversaciones gobierno- Plataforma Unitaria Democrática, acerca de su situación porque no existe justificación alguna para su presunta inhabilitación.
Este no es un asunto jurídico, expuso, de manera que es difícil que yo te dé una explicación jurídica. Este es un asunto político, en el cual está inmersa la negociaciòn de Barbados. En la misma se acordó que las personas inhabilitadas tenían que acudir a la Sala Político-Administrativa para el régimen no quedar mal y hacer ver que cumple con la Constitución, las leyes de la República, etcétera. El régimen estableció un plazo para que los interesados fueran al Tribunal Supremo de Justicia, plazo que no está en la ley, sino en la negociación.
Aquí la negociación está por encima de cualquier cosa, añade. Lo que se firme. Y ese documento está firmado por ambas partes. Pero, este documento impacta a personas que no están en la negociación, María Corina Machado y otros inhabilitados que no están sentados en la negociación, son efectos de la negociación.
Como el gobierno siente que se le reconoce se acordó que los inhabilitados fueran al tribunal y éste, supuestamente, entre comillas, iba a levantar las inhabilitaciones. Esa es la negociación, comenta. Pero, negociar con el régimen es negociar a medias; es sí, pero que no. Ya no sólo María Corina, sino otros inhabilitados fueron a la Sala Político- Administrativa a demandar y pedir medida cautelar. Cada uno con sus razones. María Corina diciendo: yo no he sido notificada de nada, no tengo expediente, y por el contrario, esta es una vía de hecho. No tengo ningún fundamento para estar aquí y pido que se me ampare y se me otorgue mi derecho político que me corresponde como aspirante a la presidencia de la República.
Para la doctora Cecilia Sosa hay dos cosas que le parecen importantes separar:
Uno es que la única líder en Venezuela por la oposición, que está investida del poder popular para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y ser candidata a la presidencia de la República por la oposición es María Corina Machado. Es indiscutible y el otro es que el régimen no quiere que sea candidata y, entonces, la inhabilita, con los trucos que se le ocurra. Pero, como en la negociación existe el inicio del levantamiento de las medidas económicas, el régimen se compromete a levantar las inhabilitaciones, liberar a presos políticos, etcétera. Firmado y punto.
¿Cuál es la realidad ahorita?
Que la Sala Político-Administrativa tendría que dar amparo a María Corina, no sé cuáles son las razones que hayan introducido los otros, pero levantaría las inhabilitaciones y ellos quedan con los juicios pendientes, por si acaso al régimen se le ocurre decir: están inhabilitados otra vez.
El régimen siempre quiere guardar la data para sacarla en alguna oportunidad por si la tiene que usar, comenta. La decisión, cualquiera que sea, que tome la Sala Político Administrativa es política.
Es política no porque esté escrita en la Constitución, sino porque está en un acuerdo para poder quedar un poquito mejor el régimen, asienta. Porque si el régimen fuera limpio, verdaderamente democràtico, la salida sería muy fácil: el contralor o el encargado del despacho, revoca la inhabilitación. Todavía lo puede hacer. El puede revocar esa decisión porque es un compromiso. Por eso es que María Corina dice que ahora la pelota está en la cancha, lo cual no es otra cosa que el régimen controla el Tribunal. Ahora le toca al Ejecutivo presionar al Tribunal, para que éste levante la inhabilitación.
En otras palabras, todo depende de que el régimen cumpla lo que firmó y quedar decente después del desastre que hizo con la Contraloría. La salida correcta de un gobierno es revocar los actos que fueron tomados arbitrariamente para inhabilitar a personas, indica. Y en ese sentido estoy incluyendo a quien es hoy gobernador del Zulia, quien fue un inhabilitado negociado. La doctora plantea que se diga cuáles son las causas de las inhabilitaciones de cada una de las personas que por ahora no pueden aspirar a ocupar cargos de libre elección. En ese aspecto considera que se deben revocar todas las inhabilitaciones decididas por causas políticas y no por causa de corrupción.
Toda inhabilitación por causa de corrupción es válida, resalta. Pero, además la Constitución es muy precisa en su artículo 64 cuando dice que para escoger al presidente , hay que tener 18 años y no estar inhabilitado políticamente. Si una persona está inhabilitada no puede votar. Y el 65 precisa que no podrá optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo a la gravedad del delito. Conviene destacar también que el acto de la Contraloría es administrativo, que lo está revisando un tribunal administrativo y cualquiera que haya sido inhabilitado por ese organismo puede optar a la presidencia de la República porque no ha sido condenado penalmente. Es por eso que la inhabilitación es una persona accesoria al delito que haya sido cometido por la persona.
Aquí, definitivamente, hay un juego político, que no voy a calificar, para levantar las inhabilitaciones, declara en forma concluyente la doctora Cecilia Sosa. Si tuvièramos un presidente que de verdad tuviera un comportamiento transparente en relación a su comportamiento presidencial y controla los poderes del Estado, ya hubiera ordenado a quien está encargado de la Contraloría revocar las inhabilitaciones y no obligar a los afectados a ir a la Sala Político-Administrativa diga que eso no está bien.
Pacífico Sánchez – El Impulso
