El año 2023 cerrará con un moderado crecimiento económico de 3%, según la Cepal, y la disminución de la inflación, aunque esta sigue estando entre las más altas del mundo. El precio de la divisa norteamericana se mantuvo estable, especialmente durante el segundo semestre, porque Chevron –la empresa petrolera estadounidense que obtuvo la licencia para operar en Venezuela, luego del alivio de las sanciones- le transfirió al Banco Central el volumen de divisas que le permitieron a la entidad financiera colocar suficientes dólares en el mercado cambiario.
En una economía tan reducida y deprimida como la venezolana, los aportes en dólares de una sola empresa hicieron posible evitar la devaluación acelerada del bolívar. A este nivel de pobreza han conducido las políticas económicas del Gobierno. Los volúmenes de ingresos en divisas no permitieron, sin embargo, incrementar los sueldos y salarios de los empleados públicos, elevar el salario mínimo y las pensiones, que continúan siendo miserables, ni mejorar los servicios públicos. La electricidad, la salud y la educación pública, la distribución de agua potable y el transporte colectivo continúan estando en un estado deplorable.
En el plano político, el año concluirá con un Gobierno que sufrió tres derrotas consecutivas en apenas dos meses. La primera fue la realización de la Primaria el 22 de octubre. El régimen había apostado a que ese evento no se celebraría, o que, si finalmente se llevaba a cabo, sería un acto deslucido, raquítico y sin ninguna incidencia nacional, que mostraría las grietas y debilidades de la oposición. Ocurrió todo lo contrario: la concurrencia fue masiva y entusiasta, sirvió para vigorizar a la oposición y de ella surgió María Corina Machado convertida en la líder del sector más amplio e importante de la oposición.
El segundo descalabro del Gobierno ocurrió el 3 de diciembre, cuando convocó el referendo consultivo para preguntarles a los ciudadanos cómo debería encarar el diferendo con Guyana por el Esequibo, zona que se encuentra en reclamación desde hace casi dos siglos. Con el fin de contrarrestar los efectos de la Primaria, Maduro organizó esa consulta innecesaria e inconveniente, tal como quedó demostrado después. El Gobierno se empleó a fondo. Movilizó toda su maquinaria. Invirtió cuantiosos recursos financieros. Pero, a pesar de todo ese despliegue, la gente no fue a los centros electorales. El proyecto del régimen encalló porque la gente no le concedió ningún significado a esa cita. El CNE abultó la cifra de participantes, llevándola a diez millones y medio de electores, y destacando que el SÍ había ganado de forma holgada en la respuesta a cada una de las cinco preguntas contenidas en el cuestionario. Ninguno de esos ardides sirvió para modificar la percepción popular: la imagen que se instaló en la conciencia de los ciudadanos es que el ensayo había sido un fiasco total.
El último chasco fue la reunión del 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas entre el Presidente de Guyana y el Presidente de Venezuela. En ese encuentro, Nicolás Maduro no pudo hacer alarde de ninguno de los resultados supuestamente tan favorables obtenidos en la jornada del 3-D. No ratificó la creación del estado Guyana Esequiba; no reafirmó su decisión de desconocer la autoridad de la Corte internacional de Justicia (CIJ); ni tampoco la de cedular los habitantes de ese territorio; ni permitir que Pdvsa y sus socios inviertan en la plataforma marina y submarina del área en conflicto. Frente al mandatario guyanés. Maduro no mostró los colmillos, sino que se portó como un manso corderito, a pesar del supuesto éxito del referendo.
En medio de este cuadro tan desfavorable el Gobierno necesitaba anotarse una victoria, aunque fuese modesta. Apareció entonces la liberación de Álex Saab, luego de intensas negociaciones con la Administración de Joe Biden y, presumiblemente, con el conocimiento de MCM. El canje acordado significó rescatar del cautiverio a más de veinte venezolanos prisioneros en diferentes cárceles del país.
2023 termina con un Maduro más desprestigiado y aislado internacionalmente. Se comenta en distintos medios que dentro del PSUV existen sectores que proponen desplazarlo como candidato presidencial para abrirle espacio a otros líderes del oficialismo. No me parece factible esta opción. Los sistemas autoritarios no resuelven sus diferencias a través de la consulta, sino mediante maniobras palaciegas. Hasta ahora, el madurismo –a pesar de los errores y fracasos, entre ellos los de Jorge Rodríguez- se ve sólido dentro del PSUV y la candidatura de Maduro parece indestronable.
Lo que sí me parece evidente es que Maduro y, en general, el oficialismo, se han debilitado y tendrán que incurrir en un costo muy elevado si pretenden impedir la candidatura de MCM, quien después del 22-O ha desarrollado una estrategia impecable: Ha mantenido la conexión con los sectores populares que le permitieron obtener su categórico triunfo; y ha trazado líneas de conexión con los factores internacionales de poder que pueden presionar a Maduro para que acepte ir a unas elecciones inclusivas, transparentes y competitivas en 2024.
El mecanismo más poderoso de presión consiste en la amenaza de que retornen, agravadas, las sanciones internacionales. En este punto están haciendo énfasis parlamentarios norteamericanos, tanto republicanos como demócratas. El único responsable de que las sanciones recrudezcan sería Maduro, si insiste en mantener el veto sobre María Corina e impedir unas elecciones competitivas y transárentes. En este caso, el país seguiría hundiéndose.
@trinomarquezc
