Los Días Internacionales representan una buena oportunidad para poner de relieve temas de gran trascendencia para la sociedad. En diciembre, coinciden dos de estas fechas significativas. El pasado 18 se conmemoró el Día Internacional del Migrante, fecha que fue precedida una semana antes por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas conmemoraciones adquieren especial relevancia para Venezuela, ya que ambas convergen sobre las graves penurias y desafíos que enfrenta una parte considerable de los millones de venezolanos que, durante los últimos años, se han visto forzados a abandonar su país.
Mas de medio millón de venezolanos huyeron de su país en 2023
A pesar de los esfuerzos de la maquinaria propagandista del régimen de Nicolás Maduro por vender la idea de que la grave crisis humanitaria compleja que afecta al país desde hace más de una década está siendo superada, el flujo de migrantes venezolanos se mantuvo constante a lo largo del año 2023. Según los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de medio millón de personas se vieron forzadas a abandonar Venezuela durante el presente año. Los informes de esta plataforma, liderada conjuntamente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indican que el número total de migrantes venezolanos en el mundo aumentó de 7.180.000 en enero de 2023 a 7.720.000 en noviembre de 2023.
Esta cifra sin precedentes de migrantes venezolanos podría ser aún mayor según las investigaciones de otras fuentes expertas. El sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), advirtió en declaraciones a medios venezolanos que la cifra publicada por R4V en noviembre de este año abarca solo a la población migrante venezolana concentrada en 23 países. Páez señala que, según los datos recabados por el ODV, para agosto de 2023, la cifra total de migrantes venezolanos ascendía a 8,5 millones de personas, distribuidas en 90 países y en más de 400 ciudades en todo el mundo. Por otro lado, el experto resalta que, aunque ha habido algunos retornos de migrantes al país, éstos constituyen objetivamente una cantidad marginal en comparación con aquellos que continúan migrando.
Según estos datos, en el último cuarto de siglo Venezuela podría haber experimentado una reducción poblacional mayor al 25%. Para comprender la magnitud del impacto de este fenómeno sobre la demografía venezolana, es relevante resaltar que este porcentaje es mayor al porcentaje estimado de caída poblacional ocurrido en Venezuela durante su Guerra de Independencia en el siglo XIX, el cual incluyó pérdidas directas debido a la guerra y a condiciones asociadas como epidemias y escasez de recursos. Otra forma de visualizar la magnitud de esta cifra es imaginar que si los 8,5 millones de venezolanos que han migrado durante el siglo XXI constituyeran un Estado independiente, ese conjunto superaría en número a las respectivas poblaciones de más de 140 países del mundo.
Concentración en países del hemisferio
Además de los perniciosos efectos sobre la vida y el futuro de Venezuela, este inmenso flujo demográfico, cuyas cifras ya superan las de otras tragedias de desplazamiento forzado internacional, como las de Ucrania, Siria y Afganistán, ha tenido un impacto significativo en los países del hemisferio. Según los datos de R4V, el 84,72% (6.540.000) de la diáspora venezolana ha migrado a otros países de la región, concentrándose principalmente en Colombia (44,04%), Perú (23,55%), Brasil (7,80%), Ecuador (7,34%) y Chile (6,80%). Si a estos números le sumamos las cifras de venezolanos que se han dirigido hacia Estados Unidos y Canadá, observamos que más del 90% de la migración forzada venezolana se ha concentrado en el hemisferio.
Los migrantes venezolanos deben ser considerados como refugiados
La definición extendida de refugiado de la Declaración de Cartagena (1984), establece que “se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
De allí que Importantes organizaciones internacionales, como ACNUR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y Amnistía Internacional, han hecho innumerables llamados a la comunidad internacional para que se consideren como “refugiados” los migrantes venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país tratando de sobrevivir frente a las masivas violaciones de derechos humanos y una emergencia humanitaria compleja que asola a Venezuela desde hace más de una década. Estas organizaciones, además, han enfatizado la necesidad de proporcionar a esta migración forzada venezolana una mayor protección internacional y asistencia humanitaria.
Necesidades apremiantes
Según el Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) 2023 de R4V, cuatro millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región siguen enfrentando necesidades humanitarias, de protección e integración apremiantes. Esta evaluación también reveló que una de cada tres personas venezolanas en la región carece de estatus regular o de la documentación necesaria para acceder a empleos dignos, servicios de salud, vivienda o educación.
La mayoría de los países del hemisferio donde se ha concentrado principalmente la migración venezolana son de ingresos medianos y bajos. Sus sistemas de protección social se han visto fuertemente impactados por este flujo de migrantes, requiriendo el apoyo internacional. A principios de diciembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció que sus socios necesitarán al menos 1.590 millones de dólares para brindar apoyo a tres millones de refugiados y migrantes de Venezuela, así como a sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe en 2024.
Se acentúa la tendencia al cierre de fronteras
Un porcentaje significativo de los migrantes venezolanos se enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, a un muro infranqueable de requisitos y exigencias que les hace imposible ingresar o permanecer en los países de acogida del hemisferio. La investigadora venezolana María Gabriela Trompetero, de la universidad de Bielefeld, Alemania, señala al respecto que “cada vez observamos más políticas de cierre a la migración forzada venezolana en la región, un incremento de medidas de securitización de las fronteras, un aumento de las barreras para acceder a mecanismos de protección y una falta de políticas de integración para las personas refugiadas y migrantes venezolanas”.
Para Trompetero, las razones de esta tendencia estriban en que “muchos países de la región ven a la migración venezolana como una migración económica, y los sistemas de refugio están colapsados ya que siguen insistiendo en el reconocimiento individual y no grupal (Prima Facie) para otorgar la condición de refugiado. Algunos países también temen adquirir más compromisos con las personas refugiadas. Además, existe la idea entre algunos tomadores de decisiones de que si les dan a todos el reconocimiento de refugiados, esto generaría un efecto llamada. Por último, el aumento de la xenofobia en la opinión pública en algunos países contribuye al crecimiento de esta tendencia”.
Estudios recientes sobre el fenómeno de la migración forzada en América Latina y el Caribe señalan que en la región se está generalizando la tendencia a abordar la migración forzada no desde la perspectiva de los derechos humanos, sino desde un enfoque que enfatiza el control fronterizo y la seguridad nacional. Esta política de “securitización” tiende a considerar la migración como un potencial peligro para las sociedades de acogida y minusvalorara tanto los derechos humanos de los migrantes como el aporte que estas personas puedan dar al desarrollo, tanto de las sociedades de acogida como a las de sus respectivos países de origen.
La “securitización” no resuelve el problema
Según Trompetero, “si bien los países pretenden disminuir los flujos migratorios con estas medidas de securitización, la literatura al respecto demuestra que cuando las personas huyen de países como Venezuela, no importa cuántos obstáculos enfrenten, seguirán saliendo en búsqueda de protección y una vida digna”.
Evidencia de ello es que, a pesar de las fuertes restricciones fronterizas instauradas durante este año en el hemisferio, el flujo por rutas peligrosas, como la selva del Darién, y por vías marítimas irregulares e inseguras ha continuado e incluso ha aumentado. Según información proporcionada por el Servicio de Migración de Panamá, un total de 317.145 venezolanos cruzaron en el año 2023 de forma irregular la selva del Darién. Esta cifra representa casi el doble de los 150,327 venezolanos que realizaron esta peligrosa travesía durante el pasado año 2022.
Por otra parte, estas políticas de cierre y securitización favorecen que los migrantes más vulnerables caigan en manos del crimen organizado. Según denuncia Trompetero, “las bandas criminales que operan al margen de la ley y, en algunos casos, incluso autoridades, se aprovechan de la necesidad de migrar y de la vulnerabilidad de estas personas para cobrarles altos precios por el paso por rutas más peligrosas o incluso introducirlos en redes de trata y tráfico de personas”.
Aumenta el riesgo de las deportaciones
Otro riesgo en aumento para los migrantes venezolanos en el hemisferio es el incremento de las deportaciones. Trompetero señala a este respecto que “las personas refugiadas y migrantes venezolanas que no logran regularizar su estatus migratorio en los países donde se encuentran o cuyas solicitudes de asilo son rechazadas, enfrentan el peligro de ser deportadas y retornar a Venezuela, un país que en estos momentos no es apto para recibir a estos deportados. La continuidad de la emergencia humanitaria compleja y la consolidación de un gobierno autocrático, que viola los derechos humanos de sus presos políticos y no garantiza los derechos básicos a sus ciudadanos, hacen que estas devoluciones sean inseguras para el retornado. Además, las personas deportadas corren el riesgo de ser detenidas de forma arbitraria al llegar al país, enfrentando diversas vejaciones, como ya se evidenció en el caso reciente de los retornos desde Islandia en noviembre de 2023 y en el caso del joven teniente Pedro Naranjo Machado, quien fue deportado por los EE.UU. y actualmente se encuentra preso en Ramo Verde”.
Hasta que Venezuela no logre restablecer un sistema de gobierno que promueva la libertad y el desarrollo humano, la crisis migratoria persistirá. Mientras tanto, es urgente y un imperativo de justicia social internacional brindar apoyo financiero a los países del hemisferio que han acogido la mayor parte de estos considerables flujos de migrantes venezolanos. Simultáneamente, es necesario que los países del continente privilegien políticas migratorias basadas en la solidaridad y en el respeto a los derechos humanos, especialmente hacia los migrantes más vulnerables.
