Macron y su gobierno han conseguido aprobar en la Asamblea Nacional francesa su nueva ley de inmigración. El precio ha sido alto: su propio grupo parlamentario ha quedado dividido y herido, con votos significativos en contra y varias abstenciones, la dimisión de uno de los ministros (el de Sanidad), el malestar explícito de media docena más y una sensación de deslealtad con el proyecto político que llevó al liberalismo reformista al Eliseo. Alguien ha escrito que esta batalla política puede ser más dañina que la reforma de las pensiones.
No obstante, los demoscópicos aseguran que, contrariamente a aquella, la revisión legislativa que regulará y controlará el fenómeno migratorio y la vida cotidiana de las personas de origen foráneo en la Republica cuenta con el apoyo mayoritario de la población francesa. La mayoría -o la mayoría de la mayoría– ha jugado, por tanto, a favor de corriente. Quizás, pero en contra de sus principios o valores, se dice en los sectores críticos. Esos valores son, supuestamente, la humanidad, la universalidad de los derechos, la diversidad social y cultural, todos ellos herencia o desarrollo de los pilares constitutivos de la República fundacional de la Francia moderna: libertad, igualdad, fraternidad. Las grandes palabras que tanto encienden a los franceses. A la hora de la verdad, se impone una realidad más pedestre. En el caso de Macron, una flagrante contradicción con su inicial estilo rompedor, si ello era necesario para “hacer avanzar a Francia”. En su descargo hay que decir que en toda la Unión Europa ese el rumbo que se impone (1).
La nueva ley endurece las condiciones de vida de los inmigrantes, refuerza las medidas de control policial y administrativo, restringe el flujo migratorio con recetas represivas y limita derechos. Para acceder a prestaciones familiares o a la ayuda para vivienda, los inmigrantes tendrán que tener trabajo en el momento de la solicitud o demostrar residencia durante los últimos cinco años. Las condiciones para la reagrupación serán más estrictas. Se les relegará en el disfrute de otros servicios sociales, en aplicación del principio de la “preferencia de los nacionales”, y se criminalizará su condición bajo ciertas circunstancias agravantes (que podrán acarrear pérdida de la nacionalidad). En definitiva, se obviará su contribución a la riqueza y productividad de la nación. La eliminación de la atención médica del Estado ha sido excluida del texto, pero podrá ser incluida, en 2024, cuando se haga una actualización.
Un recorrido legislativo revelador
El recorrido de esta ley ha sido azaroso. Y revelador. Un primer texto salido de la Asamblea Nacional, ya un tanto restrictivo con respecto a las normas todavía vigentes, fue endurecido notablemente en el Senado debido a la mayoría de que goza en esta Cámara la derecha conservadora, cuya política en la materia difiere poco o casi nada de la que sostiene el partido xenófobo tradicional, es decir, el Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen.
Los gaullistas fueron durante décadas partido habitual de gobierno, pero hoy han quedado reducidos a una fuerza de resistencia conservadora favorecida por su anclaje territorial en zonas sobrerrepresentadas en el Parlamento, merced a un sistema electoral desequilibrado. Estos conservadores fueron rebautizados por enésima vez por Nicolás Sarkozy, quién, pese a su filiación originaria gaullista, sumó a sus muchas ambiciones la de poner fin a la alargada sombra del General en la política francesa. La denominación escogida fue Los Republicanos (LR), ambigua no por casualidad. El nuevo nombre excluía el término Partido en virtud de su proclamada vocación de cobertura nacional y de adscripción a los valores fundacionales del Estado; sin olvidar un guiño de convergencia ideológica con sus homólogos norteamericanos.
Pero LR no sólo parecen haber asumido el olvido de De Gaulle, sino que han eludido la retórica etiológica republicana. Durante décadas, los conservadores proclamaban su distinción de la extrema derecha poniendo en valor los principios básicos de la nación. El triunfo de la facción más derechista en la última elección interna ha emborronado los límites entre las dos derechas. Como ocurre en gran parte de Europa. Y no sólo por cuestiones tácticas, por oportunismo electoral, o por exigencias de matemática parlamentaria. No hay grandes diferencias programáticas entre estos Republicanos y los nacional-identitarios.
Esta convergencia se ha visto confirmada en los debates de la Ley de Inmigración. Aunque Reagrupamiento Nacional dispone de apenas 3 senadores, las posiciones de Los Republicanos les complacían abiertamente. No tuvieron necesidad de agitar el barco desde las tribunas o las calles. La deriva legal cumplía en gran parte sus expectativas. Las organizaciones de defensa de los inmigrantes denunciaron en su momento que las enmiendas introducidas por la derecha “afectan a todos los derechos actuales”, “llevan la marca de las derechas extremas” e “integran todos los clichés posible sobre la inmigración” (3) .
Pero lo grave es que el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, no fue muy combativo frente a la derecha conservadora, celoso de conservar en buen estado los puentes de un pacto ulterior, como se ha visto luego. Dijo que, cuando el texto endurecido volviera a la Asamblea, se limarían los aspectos más desagradables. Pero el requiebro tuvo corto recorrido. Como la izquierda no apoyó a la mayoría liberal, el Ministro se encontró entre la espada y la pared. En una votación previa, el texto suavizado fue rechazado. Darmanin presentó la dimisión… pero a Macron, no a la jefa de gobierno, Elisabeth Borne (dicen las malas lenguas que por riesgo a que le fuera aceptada). El presidente se negó a permitir la caída del Ministro e instó a una solución. El recurso al decretazo en esta ocasión había sido descartado de antemano.
Al final, la reglamentaria Comisión Mixta paritaria intercámaras (CMP) produjo un texto de consenso más cercano a las posiciones conservadoras que a la liberales. Al cabo, el proyecto de Ley ha sido aprobado con una mayoría muy amplia (349 votos contra 186), pero con los desgarros antes apuntados. Casi una cuarta parte de los diputados de la mayoría (50 de 251) no apoyaron el texto, votando en contra, absteniéndose o ausentándose de la sala. Y algunos de estos díscolos tienen un papel político relevante.
Pero, al cabo, el texto salió adelante con holgura. Ni siquiera hubieran hecho falta los 89 votos de la extrema derecha, que se sumó con proclamas de “victoria ideológica” al campo del sí. Para salvar la cara, algunos socios de Macron, como el presidente del MoDem, habían sugerido previamente que la Ley quedara en suspenso si para su aprobación se hubiera precisado de los votos ultras. A Macron le satisfizo la idea, que encajaba con su retórica de no favorecer las opciones del RN. Pero el patrón de LR la calificó de “anomalía democrática”.
En todo caso, no todo está dicho. El Consejo Constitucional debe confirmar que la Ley no conculca la Carta Magna, como algunos señalan. La propia jefa del Gobierno, que ha defendido con su firmeza de libro habitual el texto, ha admitido que “compartía algunas dudas” sobre algunas de las disposiciones impuestas por la derecha (3).
La perspectiva de 2027
De momento, Macron ya tiene su Ley. Puede pensar que ha sofocado otro incendio, pero en realidad, ha colocado cargas explosivos en el edificio reformista. Su mayoría queda visiblemente resentida. La batalla presidencial de 2027, en la que él no será candidato, ha comenzado. El macronismo, como fuerza política inspiradora construida con retales, agoniza. Los liberales franceses tendrán que luchar muy mucho para mantener sus opciones en el centro-derecha.
El gran beneficiario de estas refriegas políticas podría no ser la derecha conservadora, sino el nacional-populismo. Marine Le Pen no sólo va como una flecha ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo (siempre obtiene buenos resultados en esos comicios). Su ambición presidencial parece más sólida que nunca. Es de esperar que, en los próximos años, la otrora agitadora de la política francesa siga limando sus aristas más incómodas y reforzando su alternativa de dirigente respetable.
Los recientes triunfos de Geert Wilders en Holanda y de Giorgia Meloni en Italia (aunque la filiación de ésta pertenezca a una veta ultra europea rival), se unen a las posiciones de gobierno conquistadas por sus afines en el norte del continente. Si se confirmase en septiembre la victoria de sus amigos xenófobos de la AfD en los länder orientales de Alemania, la estatura presidenciable de Le Pen podría ser irresistible. De ser así, el empeño de Macron de sacar adelante un legado legislativo propio “cueste lo que cueste” habrá tenido al aire metafórico del pacto de Fausto con el diablo.
Notas
(1) “Partout en Europe, les portes se referment”. COURRIER INTERNATIONAL, 25 de noviembre.
(2) “Du droit du sol à l’aide médical d’Etat: comment le Sénat a durci le projet de loi ”inmigration”. LE MONDE, 14 de noviembre.
(3) “Loi su inmigration: le texte adopté, crisis ouverte au sein du camp Macron”. LE MONDE, 20 de diciembre.
