La reciente sentencia que obliga a Bélgica a reducir sus emisiones en al menos un 55% para 2030 y el reconocimiento del delito de ecocidio en Chile inspiran nuevas demandas. Casos como el de las ‘abuela de Suiza’ o el de los jóvenes de Portugal son algunos de los más importantes que tendrán sentencia este año.
La crisis climática se siente de manera más evidente cada año en forma de noches tórridas, de incendios forestales incontrolables a deshora o de inundaciones que arrebatan cada año vidas humanas y provocan grandes pérdidas económicas. Frente a este retroceso en la seguridad y calidad de vida, cada vez son más quienes exigen responsabilidades a las empresas que contribuyen al desastre y medidas contundentes a los Estados. Esta demanda de un planeta más justo y habitable no solo ruge en las calles, también se dirime en los tribunales.
El Sabin Center for Climate Change Law ha contabilizado hasta 2.341 litigios climáticos, 190 de los cuales se presentaron el año pasado. La mayoría de las demandas se producen en Estados Unidos, pero en la actualidad también hay causas relevantes en países como Bulgaria, China, Finlandia, Rumanía, Rusia, Tailandia y Turquía. Los juicios por el clima trascienden las fronteras nacionales y han llegado a los tribunales internacionales.
La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos están evaluando las obligaciones de los países en relación con la crisis climática. Se espera que sus opiniones consultivas (advisory opinions) marquen qué obligaciones tienen los Estados en materia de medioambiente y protección de los derechos humanos y también que aporten claves para las futuras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras audiencias.
Chile, primer país en reconocer el ecocidio
El año pasado, Chile se convirtió en el primer país en reconocer el delito de ecocidio en su código penal. La nueva legislación establece que se perseguirá a las personas y empresas contaminantes, que podrán ser sancionadas con penas de hasta 10 años de cárcel. En España, el Parlament de Catalunya ha pedido incluir el ecocidio en el Código Penal en una propuesta de ley registrada por la CUP.
En los últimos años se observa un incremento de los procedimientos contra corporaciones por sus emisiones de gases de efecto invernadero y por los perjuicios medioambientes derivados sus actividades. Solo en Estados Unidos, se estima que próximamente lleguen a juicio 20 casos presentados por ciudades y estados federales contra empresas fósiles, conocidas como las Carbon Majors.
Sentencia histórica en Bélgica
En España, no han proliferado este tipo de litigios. Entre otros, porque en 2023 el Tribunal Supremo desestimó la demanda contra el Gobierno por inacción climática que habían interpuesto varias organizaciones ecologistas. Sin embargo, el año pasado, el más cálido desde que hay registros, ha dejado grandes victorias en los tribunales de otros países.
El 30 de noviembre la ONG belga Klimaatzaak consiguió que el Tribunal de Apelación de Bruselas ordenase al Estado belga a reducir en al menos un 55% sus emisiones para 2030. Esta sentencia sienta un importante precedente para «los más de 40 casos similares pendientes en todo el mundo, incluyendo aquellos contra los gobiernos en Italia, Australia y Corea del Sur, donde las comunidades están a la espera de los resultados finales en 2024», señala Lucy Maxwell, codirectora de Global Litigation Network, en declaraciones recogidas por el Global Strategic Communications Council.
«El Tribunal belga afirmó que la acción climática es un deber legal, basado en derechos humanos bien establecidos y deberes de derecho civil; y ordenó al Gobierno a cerrar la brecha de ambición entre su débil reducción de gases de efecto invernadero y lo que la ciencia exige para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C», añade Maxwell.
Derechos de la infancia
En 2023, un tribunal de Montana (Estados Unidos) falló a favor de 16 jóvenes demandantes, de edades comprendidas entre los 5 y los 22 años, en su lucha contra las políticas energéticas de su Estado, basándose en su derecho a un medio ambiente saludable. Otro caso destacable es la intervención del Comité Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur en un caso dirigido por jóvenes, al declarar que la crisis climática viola prácticamente todos los derechos humanos.
Además, el año pasado, instituciones internacionales como Comité de los Derechos del Niño y la Asamblea General de la ONU afirmaron el derecho de la generación más joven a un medio ambiente seguro y saludable. Desde Colombia hasta Nueva Zelanda, los jóvenes están presentando demandas para exigir medidas más contundentes frente a la emergencia climática y la protección de sus derechos.
De las ‘abuelas de Suiza’ a los jóvenes de Portugal, causas que se decidirán en 2024
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene varios litigios pendientes por resolver este año. Uno es el de las conocidas como ‘abuelas de Suiza‘, un grupo de mujeres de KlimaSeniorinnen (Mujeres Mayores por la Protección del Clima), con una media de 73 años, que apoyadas por Greenpeace Suiza han demandado al Gobierno de su país por entender que su insuficiente política climática vulnera sus derechos. Otro es el planteado por el eurodiputado francés Daniel Carême contra su Gobierno por inacción frente a la emergencia climática.
También está está pendiente de sentencia en Estrasburgo el mayor caso climático visto hasta ahora, el de los seis jóvenes portugueses que vieron arder sus hogares en los incendios de 2017 y que han sentado en el banquillo a 32 Estados europeos, incluida España. «Un fallo a favor de los seis jóvenes podría obligar a los países europeos demandados a aumentar su nivel de ambición climática de acuerdo con sus obligaciones legales existentes y con la ciencia», declaró a Climática Sébastien Duyck, abogado senior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés).
El caso ha sido fuente de inspiración para jóvenes de todo el mundo, pero es un reto jurídico difícil de ganar dada su ambición. Durante la vista de septiembre del caso portugués, los gobiernos europeos intentaron eludir la responsabilidad de salvaguardar el futuro de los demandantes frente a la crisis climática.
«Las obligaciones en materia de cambio climático no están contenidas en las normas que entran en la competencia del TEDH. Los tratados de Naciones Unidas como el Acuerdo de París no prevén un tribunal ni mecanismos de sanción, los Estados evitan así meterse en estos problemas», señaló a Climática Karlos Castilla-Juárez, responsable de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya.
Apelación contra la petrolera Shell
En mayo de 2021, la ONG Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos) ganó un juicio histórico bautizado como «el Pueblo contra Shell». Con efecto inmediato, la sentencia de La Haya ordenó a la petrolera reducir sus emisiones en un 45% para 2030, en comparación con las cifras de 2019. El gigante petrolero recurrió el veredicto y no ha dado muestras de cumplir con la orden del tribunal. La vista del caso tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 12 del próximo abril. Se espera que la sentencia se dicte cinco meses después.
Roger Cox, socio del despacho Paulussen Advocaten y abogado del caso, espera que el Tribunal holandés rechace el recurso presentado por Shell y que se envíe «una fuerte señal de que la reducción de las empresas de combustibles fósiles es inevitable». El jurista avanza que Milieudefensie y su equipo jurídico también iniciarán un nuevo caso pionero sobre el clima este año contra una empresa del sector financiero. «Seguiremos trabajando incansablemente para acelerar el mundo hacia la transición que necesitamos», asegura.
Batalla contra el lavado verde
Otra de las tendencias jurídicas al alza es la batalla contra el lavado verde de las grandes empresas. La Comisión Europea lazó en marzo de 2023 una propuesta legislativa contra el «ecopostureo» de algunas grandes empresas que utilizan etiquetas medioambientales engañosas en sus productos. «Es posible que sigan proliferando los casos de climate-washing que cuestionan la integridad de las estrategias empresariales y las afirmaciones en torno al balance cero neto, y es probable que se vean condicionados por los cambios normativos en curso», explica Catherine Higham, del Instituto de Investigación Grantham.
La represión al activismo climático también es cada vez más patente. Cientos de personas han sido asesinadas por su defensa de los recursos naturales, sobre todo en América Latina. Además, no son pocos los activistas encarcelados por sus acciones de protesta en países como Reino Unido o Alemania. En España, miembros de Rebelión Científica o Futuro Vegetal también podrían ser condenados. Y movimientos climáticos que recurren a la acción directa son considerados como terroristas en países como Francia.
En este contexto, la vía judicial abre nuevas vías para canalizar la protesta climática. Uno de cada dos juicios climáticos se ha ganado hasta ahora. Sí, el 50% de los casos climáticos tienen resultados judiciales favorables y estos litigios tienen importantes impactos indirectos en la toma de decisiones sobre el cambio climático más allá de los tribunales, según un informe del Instituto de Investigación Grantham. Está por ver si el porcentaje de sentencias a favor de un planeta más habitable aumenta este 2024.
