Este año se celebrarán las elecciones concurrentes más copiosas de la historia de México donde se elegirá a la primera presidenta de la República, se renovará totalmente el Congreso de la Unión, se elegirán nueve gobiernos estatales, más de dos mil alcaldías y los treinta dos Congresos locales. Sin embargo, lo que podría ser una simple rutina democrática está lejos de serlo y, paradójicamente, el dilema se inscribe en la matriz: Democracia vs. Autocracia.
La transición a la democracia fue producto de una serie de pactos legislativos que fueron dotando al país de una serie de instituciones que despejaron la desconfianza que había sido el sello de las relaciones interpartidarias. A partir de ese momento crepuscular, la incertidumbre en la competencia por los votos fue una constante al punto de provocar el fin del llamado «partido de Estado» y la llegada de los procesos de alternancia en los tres niveles de poder político (municipios, estados y presidencia de la República).
Sin embargo, la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su oferta de cambio del régimen neoliberal, administrado por los sucesivos gobiernos del PRI y el PAN entre 1982 y 2018, derivó en un régimen de corte populista de izquierda. Se trata de un proyecto que primero se aglutinó alrededor del Partido de la Revolución Democrática, bajo el emblema de la coalición «Por el bien de todos, primero los pobres» que disputó la presidencia en 2006 y 2012 y, más tarde se transformó en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) transformada en la coalición «Juntos hacemos historia». Bajo este lema obtuvo un triunfo apabullante en las elecciones de 2018 y se convirtió en el primer presidente producto de la confluencia de distintas fuerzas de izquierda.
Quienes votaron por un cambio de corte socialdemócrata donde coexistieran civilizadamente el Estado social con el gran capital, el partido en el gobierno con las oposiciones y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, rápidamente sufrieron un desencanto.
El presidente López Obrador marcó distancia desde el inicio con el gran capital al cancelar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México con pérdidas millonarias para las finanzas públicas. El Congreso de la Unión, que había sido el escenario de las negociaciones y transformaciones democráticas de los últimos treinta años fue capturado por el discurso de que había que «acabar de fondo con el viejo régimen de componendas políticas».
Ese cambio pasó por llevar a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial a la prueba de las urnas. Lo cual no ha podido concretarse debido a que el partido del presidente y sus aliados no cuentan con los votos suficientes para cambiar la Constitución e introducir esta figura electoral.
Sin embargo, el empeño no ha cesado pese a los fracasos en el Senado de la República y el presidente ha llamado a sus seguidores a hacer realidad el llamado Plan C en las elecciones de la próxima primavera. El plan consiste en alcanzar la mayoría calificada del Congreso de la Unión para llevar a cabo las reformas constitucionales que facilitarían el control del Poder Judicial.
Hacia una autocracia sui generis
Actualmente el país transita desde un sistema democrático representativo hacia una autocracia de izquierda populista sui generis. Y los ciudadanos deberán decidir con su voto en los comicios primaverales si consolidan o no esta tendencia.
Los ciudadanos deberán decidir, además, si quiere detener o no la militarización que alcanza niveles nunca vistos en el país gracias a las múltiples atribuciones que el presidente otorgó a las fuerzas armadas, a pesar de haber dicho en 2018 en plena campaña electoral que «los militares durante mi gobierno volverán a los cuarteles».
Y es que el Ejecutivo pretende llevar adelante una reforma constitucional para que la Guardia Civil, puesta en operación por el gobierno con mando civil pase a tener mando militar. Esto cobra un particular significado tras el fracaso de la estrategia de «abrazos no balazos» que ha significado hasta noviembre de 2023 un saldo de 173 mil homicidios dolosos.
En las próximas elecciones, los ciudadanos deberán también decidir si le dan o no la mayoría calificada a Morena y sus aliados con la cual podrá eliminar a los organismos autónomos que el presidente considera que «no sirven para nada». Uno de ellos es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que atiende solicitudes ciudadanas de información del gasto de recursos públicos en nóminas, contrataciones y otorgamiento de permisos a particulares para la explotación de recursos nacionales. Y en esa tesitura están el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En definitiva, los desafíos electorales para 2024 no son menores y los mexicanos deberán decidir entre apostar por conservar las llamadas instituciones de la democracia o avanzar hacia el autocrático proyecto de la 4T.
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
