De no producirse una decisión judicial que impida la participación de Donald Trump en los comicios presidenciales previstos para noviembre de 2024, es casi seguro que el exmandatario sea el candidato del Partido Republicano y, eventualmente, presidente de nuevo. La inhibición del Poder Judicial tendrá lamentables consecuencias para Estados Unidos y la democracia mundial.
Hay numerosos políticos, periodistas y analistas que piensan que, siendo Estados Unidos una de las democracias más antiguas y sólidas del planeta, deberían ser los electores norteamericanos quienes emitan el juicio aprobatorio o condenatorio del empresario que durante cuatro años estuvo al frente de la Casa Blanca.
Esa opinión me parece de una mansedumbre irresponsable y peligrosa para todo el sistema institucional norteamericano. Trump no merece benevolencia. El 6 de enero de 2021 alentó el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas en noviembre de 2020, cuando el actual presidente Joe Biden triunfó en los colegios electorales y en el voto popular, con una clara mayoría de más de siete millones de sufragios; se opuso a la transmisión ordenada y pacífica del mando, rompiendo una tradición de más de doscientos años de vida republicana; y aupó la toma violenta del Capitolio por un grupo de sus partidarios enardecidos por los bulos y calumnias difundidas por el mandatario y su poderoso aparato de propaganda.
Donald Trump promovió un golpe de Estado que, afortunadamente, resultó fallido porque no fue acompañado por las Fuerzas Armadas ni por la mayoría de sus partidarios en el Congreso. Su propio vicepresidente, Mike Pence, lo confrontó. Ese fracasó salvó, al menos temporalmente, la democracia norteamericana y sirvió, por un lado, para desanimar a algunos de los numerosos aspirantes a dictadores que existen en la Tierra, y, por otro, para fortalecer la democracia en los pocos países donde todavía impera. Hay que imaginarse en qué se habría transformado el mundo si el proyecto continuista de Trump hubiese triunfado. Las réplicas de Putin, Xi-Jinping, Kim Il Sung, Ortega y Maduro, se habrían expandido por la mayor parte del globo, sin ningún contrapeso que los detuviera. Para comenzar, Putin habría devorado a Ucrania y Xi- Jinping a Taiwán. Trump habría estado muy ocupado en verse el ombligo cerrando las fronteras de Estados Unidos.
Quienes han pagado las consecuencias de los desmanes del 6-E promovidos por Trump son algunos de los participantes más escandalosos de ese episodio. Algunos miembros de los Proud Boys y otros grupos de fanáticos supremacistas, ultraderechistas y ultranacionalistas han sido condenados a varios años de cárcel. Sin embargo, Trump, el principal instigador de los sucesos, no ha sido enjuiciado ni condenado. La Justicia ha sido expedita con los subalternos, pero no con el jefe que ordenó la invasión. Este desequilibrio en sí mismo constituye una injusticia por la discriminación que introduce entre el poderoso empresario expresidente y ciudadanos utilizados por la maquinaria de propaganda trumpista para romper el hilo constitucional.
La ‘justicia’ norteamericana ha marchado con tanta lentitud frente a Trump, que pronto comenzará la Primaria del Partido Republicano sin que el sistema judicial haya tomado ninguna decisión concluyente con respecto a su participación en esa consulta. Sólo las Cortes de Colorado y Maine –invocando la Decimocuarta Enmienda de la Constitución- han prohibido que el señor Trump aparezca en la papeleta de esos estados. Por supuesto, que el aspirante a la reelección ya apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Lo más probable es que en esa instancia el fallo de Colorado y Maine sea revocado. Como buen autócrata, Trump se aseguró durante su presidencia de contar con la mayoría en la Corte Suprema. Ya estaba pensando en su reelección, incluso indefinida, según algunos analistas de The New York Time y otros grandes medios.
El Poder Judicial no pondrá obstáculos a las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. La polarización animada por la cultura trumpista también se extendió a esa institución. La Corte Suprema se divide entre trumpistas y antitrumpistas, con la clara mayoría de los primeros, por las razones que antes señalé.
Si el Poder Judicial no va a introducir, como parece, la corrección que le impida a Trump ser candidato y, eventualmente, presidente, la alternativa es que dentro de Estados Unidos se promueva un movimiento de la sociedad civil capaz de enfrentar el exabrupto que significa su candidatura en la principal democracia planetaria y los insondables riesgos que conlleva para esa nación y el mundo, en una fase en la cual las libertades están sometidas al acoso permanente en gran parte del globo. Ese movimiento debería estar integrado por medios de comunicación, políticos, intelectuales, artistas, universidades y todos los que quieran sumarse a la defensa de la libertad y la dignidad.
Joe Biden lo señaló con claridad y brillo en su discurso del pasado 6 de enero, cuando conmemoró el asalto al Capitolio. Estados Unidos en 2024 está enfrentado al dilema entre dictadura y democracia. Tendrá que escoger entre esas dos opciones.
A los norteamericanos hay que recordarles lo ocurrido en la Alemania nazi y en la Venezuela de fines del siglo XX, después de que, gracias a la liberalidad del Poder Judicial, los líderes de golpes de Estado en esos dos países fueron amnistiados y ganaron las elecciones posteriores.
El 15 de enero de 2024 habrá en Iowa las asambleas electorales o «caucus» del Partido Republicano, que son el primer evento del ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos.
@trinomarquezc
