Tres conclusiones del Índice de Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela
Instituciones corruptas, impacto de las megabandas y oro ilícito imperan en el país.
La incapacidad del gobierno venezolano para impedir la proliferación de grupos criminales ha causado que cuatro actividades ilícitas representen ingresos equivalentes al 15% de la economía del país, según el Índice de Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela.
El instrumento analizó los factores de la economía que contribuyen a la prevalencia de las nuevas economías criminales durante sus investigaciones desde 2022 hasta mediados de 2023.
El estudio de corte cuantitativo y cualitativo evaluó cuatro categorías: La vulnerabilidad de las instituciones estatales, los agentes criminales, el alcance de las economías criminales en Venezuela y el impacto desestabilizador que esas economías tienen en la sociedad en general.
El informe sobre la economía fue particularmente condenatorio en su acusación de la debilidad de las instituciones públicas, incluidos el gobierno, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, al permitir el crecimiento del crimen organizado.
Además, midió el impacto de los grupos criminales y comparó la importancia de las economías criminales de Venezuela. Entre ellas, el tráfico de personas, el narcotráfico, el contrabando de combustible, la extorsión, la corrupción en puertos y aeropuertos y el mercado ilícito de oro.
A continuación, InSight Crime presenta algunas de las principales conclusiones del informe
Corrupción en la economía permea instituciones venezolanas en todos los niveles
El índice denunció el fracaso de las instituciones estatales en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que ninguna de las políticas o acciones del gobierno ha tenido impacto alguno en la lucha contra las redes que controlan las economías criminales.
Los niveles de corrupción entre los funcionarios del Estado, la transparencia en la publicación de información sobre asuntos criminales, la cooperación internacional, el sistema de justicia del país y sus fuerzas de seguridad recibieron las peores puntuaciones posibles en el índice. Según el informe, esto indica que contribuyen significativamente a la continuidad de las economías criminales del país.
El informe subrayó la incapacidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad para incidir de manera eficaz en las economías criminales. Los investigadores destacaron la Operación Relámpago del Catatumbo, que entre 2022 y 2023 tuvo como objetivo expulsar a los grupos armados que ocupan territorio en el estado de Zulia, cerca de la frontera con Colombia, donde controlan las rutas del narcotráfico. Aunque esta operación ha dado lugar a múltiples incautaciones importantes de cocaína, se han producido pocas detenciones o enfrentamientos que sugieran que los grupos a los que supuestamente iba dirigida se han debilitado.
En algunos casos, las “megaoperaciones” diseñadas para combatir a los grupos criminales han originado una expansión de los mismos delitos. Por ejemplo, residentes del estado de Guárico se quejaron de que las fuerzas de seguridad empezaron a extorsionarlos durante la Operación Trueno, cuyo objetivo era acabar con las bandas de extorsionadores de la zona en 2022.
Las alianzas entre redes criminales y personas que ocupan cargos en instituciones estatales han creado incluso economías híbridas, como el tráfico de chatarra o el contrabando de combustible, en las que negocios legales e ilegales se solapan.
Impacto de las megabandas es mayor que el de las guerrillas
El informe divide a la miríada de actores criminales de Venezuela en tres subgrupos. Las “organizaciones criminales” incluyen las bandas más grandes del país, como el Tren de Aragua. Los “grupos guerrilleros”, integrados por dos organizaciones de origen colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ex-FARC mafia. Por último, las figuras como abogados y banqueros que permiten operar a esos grupos, son referenciadas como “facilitadores”.
Aunque tanto las organizaciones criminales como los grupos guerrilleros obtuvieron la misma clasificación en términos de liderazgo definido, conexión con el Estado y uso de la violencia, Transparencia Venezuela consideró que las primeras eran una amenaza más importante debido al mayor control territorial que poseen.
Oro ilícito reina
El contrabando de minerales, el narcotráfico, la corrupción en puertos y aeropuertos y el contrabando de combustible sumaron 9.400 millones de dólares en 2022, lo que equivale a más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, según el informe de Transparencia Venezuela.
Aunque es difícil hacer estimaciones fiables sobre las economías criminales, los investigadores calcularon la cifra basándose en factores como la producción total estimada de oro, las incautaciones de drogas, los precios y la producción de combustible, y encuestas relacionadas con la extorsión.
El índice clasificó el negocio ilícito del oro como la economía ilícita más importante, por delante del narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico de personas y la extorsión.
A pesar de que los altos precios internacionales del oro impulsaron la minería informal en Venezuela y en el extranjero, el informe estimó que el narcotráfico generó casi tres veces más ingresos que el negocio ilícito del oro en 2022. Sin embargo, la ONG clasificó al oro ilícito como la economía ilegal más importante de Venezuela sobre la base de la cantidad de personas que involucra, ya sea directamente o a través de actividades asociadas como el contrabando de mercurio.
El gobierno ha lanzado operaciones a gran escala contra la minería, y las fuerzas de seguridad han evacuado a miles de mineros del Parque Nacional Yapacana. Pero no parece que estas operaciones hayan logrado desarticular a los grupos criminales que controlan el negocio. Dado que los elementos corruptos del Estado siguen beneficiándose de la minería informal, estas operaciones pueden servir para garantizarles una parte más favorable de esos beneficios, en lugar de erradicar la práctica.
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