Para la mayoría de los venezolanos es evidente que el país está transitando por una de las mayores crisis humanitarias que podemos recordar, una realidad que no puede ser ocultada con mantras como el “Venezuela se arregló” o con campañas electorales que los poderosos que nos gobiernan intentan imponer. La crisis se ha instalado en nuestro país alcanzando todas las áreas de la vida social como la alimentación, la salud, la educación y los servicios públicos. Venezuela, duele decirlo, vive una EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA (EHC) que expulsa a sus ciudadanos de su tierra y condenan a la miseria a muchos de los que no han podido o querido irse.
Aunque uno de los rasgos que nos define como pueblo es el compromiso por la solidaridad, la atención de todas las víctimas de la emergencia humanitaria compleja puede sobrepasar nuestra capacidad de trabajo, haciendo necesario el apoyo de la ayuda internacional, el despliegue coordinado de las ONG y el compromiso de un Estado verdaderamente responsable. Un esfuerzo que requiere además, un conocimiento de la situación que viven los venezolanos, información que no está disponible por el secreto que impone el régimen a la difusión de los indicadores económicos y sociales que está obligado a publicar, atendiendo a su vocación de preservarse a toda costa en el poder evadiendo la crítica.
Atendiendo a esta necesidad, desde el 2018 nace el proyecto Hum Venezuela, una iniciativa para coordinar el trabajo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que a través de encuestas a 11 mil hogares, aplicadas en veinte estados del país y gracias al análisis sistemático de información de fuentes secundarias, nos brinda la posibilidad de conocer la envergadura de la crisis. En su último informe, que registra la situación en Venezuela entre el 2022 y 2023, nos indica, entre otras cosas, que en el país hay un estimado de 20,1 millones de personas con necesidades humanitarias, de las cuales 14,2 millones presentaba necesidades críticas en distintas áreas de sus vidas, con diferentes grados de severidad, llegando a umbrales de necesidades severas un total de 4,2 millones de personas. Según sus datos, en el país hay una “pobreza multidimensional extendida al 69,6% de la población y profundizada por el deterioro regresivo de los ingresos para la subsistencia económica y el empeoramiento de los déficits de los servicios básicos, particularmente electricidad.”
La situación de la alimentación, educación, salud, acceso al agua y servicios públicos son explorados y analizados con detenimiento en un informe riguroso y necesario que, junto al trabajo dedicado de otras ONG y centros de investigación, nos permite tener un panorama completo y complejo de la verdadera situación del país.
Como señalan los expertos que colaboran con Hum Venezuela, el tamaño y complejidad de una crisis que es sistémica y que se viene agravando en los últimos años, requiere un esfuerzo de mayor coordinación por parte de los financistas internacionales y actores sobre el terreno, superando las trabas burocráticas y las alcabalas políticas. Es urgente redoblar el presupuesto y el trabajo por alcanzar el mayor número de personas en situación de riesgo y poner fin a la estrategia que pretende hacer invisibles a las víctimas de la crisis.
A nosotros nos consta de primera mano que el venezolano es un pueblo de naturaleza solidaria capaz de movilizarse en apoyo a las víctimas de esta emergencia humanitaria compleja, un objetivo que nos convoca a todos, un proyecto que puede llegar a buen puerto si persistimos en nuestro compromiso por el servicio público en red, apoyando la verdadera organización popular que nace en las comunidades y sus liderazgos naturales que conocen muy bien hacia dónde deben dirigirse nuestros esfuerzos. Una urgencia que también nos obliga a seguir luchando por el cambio pacífico y constitucional que Venezuela necesita. Acabar con una crisis sistémica pasa necesariamente por un cambio pacífico del sistema y el retorno de un ejercicio verdaderamente democrático del poder que nos dé garantías de transparencia en el manejo de los recursos y la información, libertad para la acción de los ciudadanos, las ONG (amenazadas con una ley que busca acabar con sus fuentes de financiamiento) y donde la lucha contra la pobreza sea una verdadera prioridad para toda la sociedad.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
