El día 19 de enero de 2024 Bernardo Arévalo finalmente pudo ser investido como presidente de Guatemala, después de un tumultuoso proceso que le siguió a su sorpresiva victoria electoral en la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023, la cual al parecer dejó descolocadas a las élites tradicionales de su país.
El voto contundente del 58 por ciento es la base de un mandato claro de cambio para Guatemala, un país tradicionalmente plagado de imposiciones de las élites, que se mueven entre bastidores para hacer valer sus intereses. A las elecciones siguieron meses de impugnaciones, trabas de cualquier índole por parte de la Fiscal General del país para evitar que Arévalo pudiera asumir su cargo – un proceso que el mismo calificó como un “golpe a cámara lenta”.
Así quedó en evidencia que esta investidura de las nuevas autoridades fue percibida por las fuerzas tradicionales políticas, militares y empresariales del país como amenaza a su tradicional juego político. Para el mismo mandatario, es claro que su mandato significa cerrar la época tenebrosa de cooptación corrupta de las instituciones del país. No cabe duda de que es y será una lucha cuesta arriba, una batalla día a día por mantener la democracia, confrontándose siempre de nuevo con la narrativa de un supuesto fraude y los sucesivos intentos de subvertirlo en su gestión.
Movilización de la sociedad civil
Al nuevo presidente le toca la restauración de Guatemala. Arévalo debe reconstruir y recuperar las instituciones y llevar el desarrollo a todos los rincones del país, especialmente aquellos tradicionalmente marginados. Contra las “elites político-criminales” y las trabas que estas levantarán para impedir su gestión presidencial, Arévalo tendrá que recurrir siempre de nuevo a la movilización de la sociedad civil, a los grupos indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y la Asamblea permanente de Autoridades Indígenas, al igual que al apoyo de la comunidad internacional.
Especialmente la irrupción de los grupos indígenas cambió el escenario político de la defensa del voto. Las autoridades judiciales guatemaltecas confiscaron urnas con dudosos alegatos de fraude, suspendieron el partido “Semilla” del ganador e iniciaron varios procesos para investigarlo penalmente. Aunque después de su toma de posesión, el atribulado presidente tiene que tomar medidas de precaución ante los muchos intentos del así llamado “golpe a cámara lenta”, que llevarán a crecientes controversias entre el Ejecutivo, el Legislativo y lo Judicial y podrían generar condiciones que permitirían levantar su inmunidad y de su vicepresidenta en el afán de “corregir” el resultado electoral.
Bukele y la victoria electoral anunciada
Cuando el 4 de febrero de 2024 el presidente Nayib Bukele se presente a la reelección, ya tendrá preparada la fiesta de su victoria electoral con un resultado de mayoría holgada que le darán a los ciudadanos salvadoreños. Según los pronósticos de las empresas encuestadoras no cabe duda de que el actual presidente concentrará todo el poder legislativo, lo que daría lugar a una mayoría de dos tercios en el Congreso salvadoreño.
Bukele – muy al contrario de Bernardo Arévalo – estará controlando no solamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, sino también los órganos de seguridad en su país, que le eran útiles para llevar adelante su campaña de seguridad contra las maras con una política. masivos de encarcelamientos.
El apoyo ciudadano que ha generado esta estrategia le llevaría de nuevo a la presidencia, aunque la Constitución prohíbe la reelección presidencial consecutiva. Sin embargo, el Tribunal Supremo le despejó el camino a Bukele para su reelección.
Copiar el bukelismo
La aceptación del “modelo Bukele” en cuanto a políticas de seguridad se ha extendido más allá del territorio nacional. En países como Honduras o Ecuador, que se encuentran igualmente en situaciones precarias en cuanto a las condiciones de seguridad pública y amenazas por parte del crimen organizados, los gobiernos correspondientes aspiran a copiar el “bukelismo”.
En estas consideraciones no se tiene en la mira el debilitamiento democrático del país, ni tampoco las crecientes amenazas contra los medios de comunicación independientes, al igual que el dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos y la militarización de la seguridad pública.
La plena concentración del poder en una mano se presenta como la salida a un abrumador problema de seguridad, sacrificando la democracia en el altar de una eficiencia de mando sin controles y garantías para los ciudadanos. Ante los abusos de autoridad, con encarcelamientos arbitrarios y juicios colectivos, la violencia abierta y el uso inicuo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército, no existe instancia independiente a la cual pueden recurrir los presos y sus familias.
Presidencias con futuro incierto
Guatemala y El Salvador son dos países centroamericanos que en el futuro estarán en el foco de la comunidad internacional, aunque esto solamente tiene capacidades limitadas para garantizar que no se repliegue más la democracia en la región.
Es evidente que la debilidad institucional y el peso de las redes de élites son las dos caras de una misma moneda que, arrojada al aire, tiene que ser captada por una ciudadanía consciente y activa en la defensa de la separación de poderes, el Estado de derecho y la democracia.
