El 21 de octubre de 2019, la República de Colombia, como miembro de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) consultó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida, motivado a la diversidad de posturas existentes en los países del continente en relación con la aplicación de esta figura. Para ese alto Tribunal por “reelección presidencial indefinida” se entendió la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la Presidencia de la República por más de dos períodos consecutivos de duración razonable. En el caso del Presidente Maduro Moros, éste ya tiene dos períodos presidenciales, (2013-2018) y (2019-2024), sin contar los meses que la ejerció entre 2012 y la elección presidencial del año siguiente, lo que por cierto generó una gran polémica debido a que el actual Presidente se desempeñaba como Vicepresidente de la República y no había renunciado con la antelación debida, para poder optar el solio presidencial como ordenaba la Constitución.
En el caso concreto de nuestro país, y aplicando la opinión de la Corte Interamericana, al aspirar Maduro un tercer período presidencial, quebranta esenciales derechos políticos de otros ciudadanos, incluidos los de su propio partido político; como los de participar directamente en los asuntos públicos o acceder al ejercicio de importantes funciones de Estado en condiciones de igualdad como lo establece la Convención Americana, que también le atribuye la obligación, de promover y defender la democracia y en especial uno de sus más importantes valores, como lo es el de la alternancia en el poder, que hacen generar oportunidades, sin mayores obstáculos, para que los ciudadanos o las organizaciones políticas contrarias, puedan acceder al poder. La alternancia, no debe interpretarse como una rendición o un desentendimiento del partido o de los partidos de gobierno, a su derecho-deber de volver a conquistar un electorado, para continuar en el poder; el asunto está en que, favorecido por el mismo, como ocurrió en nuestro país, se establezca la figura de la reelección indefinida que es contraria al principio de alternancia democrática y siempre con un mismo candidato.
En el mundo político venezolano, el proceso democrático de alternancia en el Poder, fue alterado cuando se incluyó en la Constitución, la enmienda No. 1, contentiva de esta controversial figura, que hizo ilimitado el poder de los gobernantes en la república, los estados y los municipios, expresado en las urnas electorales, gracias al liderazgo carismático del fallecido expresidente Chávez Frías+, llevándose por delante a este caro y tal vez poco apreciado valor democrático en la actualidad. Por lo tanto, las reglas de acceso al ejercicio del poder fueron modificadas sin ningún límite, por el poder político en perjuicio de nuestra Carta Magna. Para la Corte Interamericana, la identificación de la soberanía popular con la mayoría expresada en las urnas para aprobar la reelección indefinida, es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático, como ocurre en Venezuela, pues para el régimen la mayoría lo es todo, mostrando poco respeto por las minorías a quienes segrega, lo mismo que poca institucionalidad en el ejercicio del poder político, el cual obra sin mayores controles en lo político y electoral, para impedir esta clase de posturas antidemocráticas.
En ese orden de ideas, este año 2024, se deben efectuar las elecciones presidenciales, lo cual implica que, se vence el período establecido para el desempeño de este cargo ejecutivo nacional, por tanto, los ciudadanos de las distintas corrientes del pensamiento político tendrán derecho a participar directa y libremente en la búsqueda de ocupar la titularidad de la Presidencia de la República en condiciones de igualdad, para acceder a este cargo, como las tiene el actual Presidente, quien por tercera vez, va a la reelección, configurándose de esta manera, la irregular figura de la reelección indefinida. Este tipo de supuestos, contradicen la concepción democrática de la Corte Interamericana, que condena esos períodos indefinidos de gobierno, vale decir, una reelección tras otra, pues con esta odiosa figura, algunos gobernantes pretenden perpetuarse en el ejercicio del poder. “La perpetuación de una persona en el ejercicio de un cargo público conlleva al riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos, y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia”.
Esto último, nos pasa en realidad, porque el actual Presidente de la República, no recibe de la mayoría del pueblo venezolano, la legitimidad suficiente para que siga gobernando; sin embargo, se quiere reelegir por tercera vez, sin contar tampoco con la credibilidad y confianza popular, todo lo contrario, cada día es más cuestionado y a pesar de eso, seguramente será por tercera vez, candidato presidencial en su burocrático partido, en detrimento del comentado principio de la alternancia democrática. Se preguntarán los lectores, entonces como queda este principio de raíz constitucional, frente a la reelección indefinida, contemplada en la enmienda No. 1 de la Constitución, al respecto hay que decir que, este contrabando ideológico, supuestamente legal también, fue introducido en la Constitución, por ser un capricho felón contra ella del Presidente Chávez.
Con esta decisión el sistema interamericano de derechos humanos, puede considerar la reelección presidencial del ciudadano Nicolás Maduro Moros, como vejatorio a los derechos políticos de los restantes ciudadanos y partidos políticos que aspiran acceder a la Presidencia de la República, dado que la gobernabilidad en democracia supone la representación y participación de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración de origen, raza, ideología o condición social, sin que nadie se considere o pueda ser considerado necesario o imprescindible para gobernar, como lo hace el actual régimen oficialista. En definitiva, la figura de la reelección presidencial indefinida constituye una restricción a la alternancia democrática y a las aspiraciones políticas de los ciudadanos y su encarnación es totalmente contraria al Estado Democrático.
