El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aprobó la Asamblea Nacional francesa el 20 de agosto de 1789 rezaba: Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes está determinada, no posee Constitución.
Desde entonces se ha fijado el dogma de que una Constitución, además de ser un texto normativo, debe establecer la separación de poderes y también ha de contener una carta de derechos y libertades. Viene a cuento esta idea porque el pasado día 21 de enero el Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, declaró que con la futura Ley de Amnistía España no tiene Constitución. Si España no tuviera separación de poderes, el Gobierno y el Parlamento serían un solo órgano y los derechos fundamentales no estarían protegidos por un sinfín de instrumentos de garantía. Pero no es la primera vez que el dirigente conservador hace este tipo de afirmaciones pseudo-constitucionales como hizo sólo hace una semana cuando negó al Congreso la competencia para elaborar leyes inconstitucionales, siendo él, Núñez Feijóo, y no el Tribunal Constitucional, el que decide sobre la inconstitucionalidad de las Leyes.
Más allá de la escasa finura jurídica que muestra continuamente Núñez Feijóo, lo que debe llevar a reflexionar es cómo el Partido Popular ha construido el fetiche de la Ley de Amnistía y de su presunta inconstitucionalidad como eje principal (y hasta único) de su política de oposición. La amnistía es el único discurso de la derecha española hasta el extremo de que, como apuntó El País el 21 de enero, “El ataque a la amnistía atrapa al PP y empaña sus propuestas políticas”. Es un tema para meditar.
Frustrado doblemente por el fracaso electoral del 23 de julio y por el error de los sondeos electorales encargados exprofeso, el Partido Popular y sus dirigentes no han sabido salir de ese contratiempo y se han volcado en una cuestión que creen que les va a favorecer ante el cuerpo electoral y, al tiempo, les proporciona una imagen de firmeza opositora ante los votantes de Vox. Pero el tema de la amnistía es un tema envenenado que a medio plazo se volverá contra el Partido Popular.
En primer lugar, la amnistía desaparecerá de la agenda pública seis meses después de que los políticos fugados regresen a España, como ya ocurrió con los indultos. Este país tiene preocupaciones sociales, económicas y políticas más acuciantes y graves que la amnistía, que es una preocupación de clases medias ilustradas y con gran interés por los temas políticos. Toda la movilización que está generando el Partido Popular y también el desgaste que le está ocasionando se habrán quedado en nada dentro de un año.
En segundo lugar, con su campaña tous azimuts el Partido Popular está erosiorando gravemente el Estado democrático porque Núñez Feijóo y su partido:
*Están deslegitimando al Congreso al que niegan la competencia de aprobar Leyes si esas Leyes no gustan a la derecha;
*Dentro de poco provocarán un enfrentamiento constitucional agudo desde el Senado y es posible que intenten alguna maniobra inconstitucional;
*Quieren manipular a los Ayuntamientos y desplazarlos de sus competencias mediante un manifiesto de Alcaldes contra la amnistía;
*Intentan manipular al conjunto del Poder Judicial incitando a los Jueces y a los Tribunales a inaplicar una Ley del Parlamento mediante el procedimiento de suscitar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (para ello cuentan ya con juristas serviles que se han prestado a elaborar un manual de interposición de recursos);
*Ya han erosionado los órganos comunitarios llevando al Parlamento Europeo un debate nacional, no comunitario, con el que intentan provocar el descrédito de la política española;
Además, por intentar crear conflictos, hay incluso sectores de extrema derecha que quieren implicar al Rey pidiéndole que no sancione ni promulgue la futura Ley de amnistía, acto éste que podría ser el final de la Monarquía en España.
Es decir, el Partido Popular ha dejado de lado sus funciones de oposición responsable que ofrece alternativas de gobierno y en su lugar se ha enrocado en un tema envenenado que dentro de un año estará olvidado, pero dejando a cambio un deterioro constitucional muy notable que comporta el intento de deslegitimación del Estado democrático ante los ciudadanos. Porque deslegitima el Estado democrático el mensaje permanente de acusación de inconstitucionalidad a la futura Ley de Amnistía, pues ésta podrá gustar más, menos o nada a los ciudadanos, pero no es inconstitucional. No merma las atribuciones del Poder Judicial cuyas funciones están sometidas a la Ley del Parlamento ya que el Poder Judicial no tiene poderes implícitos que vendrían del Derecho natural.
En parte puede entenderse esta deriva de oposición destructiva por la presión que ejerce Díaz Ayuso sobre Núñez Feijóo, presión que le dirige hacia métodos y concepciones próximas a Vox (un compendio de esa visión de extrema derecha la tenemos en la entrevista que El Mundo hizo a la Presidenta madrileña el 20 de enero), pero si un dirigente político se presta a la extorsión que le hacen algunos compañeros de partido es porque es débil o porque se identifica ideológicamente con los extorsionadores. Sea cual sea el motivo, Núñez Feijóo ha comprado el extremismo de Díaz Ayuso y al comprar ese producto se aleja del centro derecha que hoy por hoy está huérfano de presentación política.
A la larga, este empecinamiento debilitará al Partido Popular, pero mientras tanto debilita la democracia porque trasmite el mensaje de que el Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional están al margen de la Constitución. Y esto es algo que predica un partido que no hubiera dudado en debilitar al Estado autonómico si hubiera podido hacer concesiones a Junts para gobernar. Ése es el panorama actual de la derecha española y no hay indicios de cambio a pesar de que un periodista perspicaz como Enric Juliana creyera recientemente que el Partido Popular empieza a rectificar (“Rectificaciones”, La Vanguardia, 21 de enero de 2024). Todo lo contrario, Núñez Feijóo no es capaz de rectificar porque no tiene una visión nacional de la política, sólo entiende la marrullería de la política provinciana y carece de la honestidad intelectual que impide a una persona hacer continuamente afirmaciones inexactas. Núñez Feijóo no va a cambiar y el Partido Popular sólo cambiará cuando los sondeos le transmitan la sensación de estar con el agua al cuello.
