Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006.
Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito.
Tuve conocimiento del caso desde 2020 como parte de una investigación de largo aliento que realizo desde 2019. El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del Cartel de Sinaloa. A cambio la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.
En ese tiempo Beltrán Leyva alias “El Barbas” obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales. Era parte de la cúpula de la llamada Federación asociado con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” e Ismael Zambada García alias “El Mayo”, entre otros.
Durante los dos años de investigación la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama.
Por parte del Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias “El R”, uno de los lugartenientes de “El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.
Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.
Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco al igual que el presidente, desde hace décadas Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO.
Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. Durante la campaña presidencial del 2006 fue el coordinador logístico, y en la del 2012 también fue un operador importante.
El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizaros a la campaña es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en Youtube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García alias “Pancho León” quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila, su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo a la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero.
Y la cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el Cartel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO, es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
Pude corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cartel de Sinaloa.
La trama
En un documento titulado “Operación Polanco” elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, oficina Ciudad de México y la División de campo de la DEA en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se explica la columna vertebral del caso. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit.
AMLO siendo candidato del PRD fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2000-2006. En julio de 2005 presentó su renuncia al cargo e inicio su larga precampaña para buscar ser presidente de México. En 2006 compitió por la Coalición Por el Bien de Todos integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia. Cuando se llevó a cabo la reunión en Nayarit, AMLO ya estaba en precampaña.
En aquel primer cónclave estuvieron presentes “La Barbie”, como representante de Arturo Beltrán Leyva. Su suegro Carlos Montemayor González, quien también era integrante del Cartel de Sinaloa. Dipp Jones y León García. Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. Se decidió que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero del Cartel de Sinaloa.
La segunda reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, colonia Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García. Hasta al menos el año 2022 en ese lugar tenían sus oficinas Mollinedo y Soto Caballero, quienes están asociados en la empresa Laverage Consulting. Juntos fundaron la asociación civil Movimiento Ambientalista Social en 2019 con la intención de fundar su propio partido político, pero no cumplieron con todos los requisitos y el Instituto Nacional Electoral les negó el registro.
Aristóteles 131 es la dirección que Soto Caballero tiene registrada como domicilio en su credencial de elector. Y por una época también Dipp Jones despachaba en el mismo lugar según registros obtenidos en mi investigación.
El gobierno de Estados Unidos supo que en Aristóteles 131 se hicieron la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006. Pero en una ocasión para asegurarse de que efectivamente los millones de dólares estaban siendo entregados a gente del equipo de AMLO, Arturo Beltrán Leyva envió a su operador financiero Roberto Acosta Islas alias “El R” a entregar el dinero.
En una entrevista que hice a inicios de 2022 a Celeste V. quien fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva- protagonista de mi libro “Las Señoras del Narco. Amar en el infierno”-, me confirmó que efectivamente “El R” era una de las personas de mayor confianza del jefe del clan de los Beltrán Leyva y era responsable de entregar pagos a funcionarios públicos y a algunas de las mujeres del espectáculo con las que el narcotraficante tenía relación.
Una que “El R” entregó dinero a Soto Caballero fue en el restaurante especializado en cortes de carne ubicado en la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco. Soto Caballero y Nico estaban en el lugar y el enviado de Arturo pasó a entregarles el dinero.
En total, de acuerdo a los participantes que declararon ante el gobierno de Estados Unidos, entre ellos Soto Caballero, llegaron a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares.
De acuerdo al informe de gastos de los candidatos en la elección presidencial de 2006 realizado por el Instituto Federal Electoral oficialmente AMLO gastó 616.15 millones de pesos en su campaña, cada voto por él costó 41 pesos con 75 centavos, 32 millones de pesos más que lo que gastó oficialmente Calderón en su campaña.
AMLO agradeció el apoyo financiero a La Barbie
El 15 de junio de 2006 AMLO hizo uno de sus cierres de campaña presidencial en un lugar llamado vado del Río Balsas, en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de asistentes y terminó el evento masivo al ritmo de la Arrolladora Banda Limón.
Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con “La Barbie”, agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante.
Oficialmente AMLO perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional. Pero como es común el Cartel de Sinaloa no solo había apoyado la candidatura de López Obrador, sino de acuerdo a lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” llevado a cabo en la Corte de Distrito Este de Nueva a fines de 2018 y principios de 2019, la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón, durante su gobierno el Cartel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
En el año 2008 López Nájera, uno de los protagonistas del financiamiento ilícito a la campaña de AMLO, se hizo testigo colaborador de la PGR en México y fue uno de los testigos que la Procuraduría usó en el polémico caso conocido como “Operación Limpieza”, en el que al final diversos acusados fueron liberados. En contraste de 2008 a 2011 cuando López Nájera fue informante del gobierno de Estados Unidos, en un modelo mucho más rígido y controlado donde cada dicho que decía debía ser confirmado por otros medio, su colaboración fue útil para llevar a buen término investigaciones sólidas.
Una investigación incómoda
Como AMLO era en 2010 una figura de relevancia política en México, para realizar una investigación sobre el financiamiento de su campaña presidencial el protocolo en ese tipo de casos obligaba a que diera su aprobación el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC por sus siglas en inglés) compuesto por mandos de la DEA en Washington, directores regionales y un representante del Departamento de Justicia, entre otros.
El cúmulo de información con el que contaban y el número de testigos fue convincente para que el comité diera su autorización. ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos? Las respuestas vienen en la segunda parte de este artículo.
