Tambores de pleito para McDonald’s. La cadena de comida rápida más famosa del mundo encara un frente judicial en España de consecuencias inciertas para su modelo de negocio. Al menos una veintena de franquiciados presentará una querella contra la filial española de la multinacional por estafa, falsedad en documento mercantil y coacciones. También se querellarán contra la matriz internacional, McDonald’s Corporation, y contra sus directivos en España y en Estados Unidos. La querella se va a interponer sí o sí, no es un estudio de viabilidad, aseguran fuentes cercanas al caso. Los afectados, que han gestionado hasta 50 restaurantes y cifran los daños de millonarios, no descartan escalar el asunto hasta llegar a la Audiencia Nacional.
El meollo del conflicto se centra, en síntesis, en dos puntos. Por un lado, la casa del Big Mac, y siempre según la versión de los gerentes, sostiene una red de falsos intermediarios y contratos fantasma diseñada para generar sobrecostes y facturas duplicadas. Acusan a la cadena hostelera de utilizar un intermediario de atrezzo, la mercantil Havi Logistics, para cobrar dos veces por la distribución de las hamburguesas, los refrescos y otras mercancías. Son los conocidos como costes de logística. Por este concepto, los gestores pagarían, por un lado, a McDonald’s, con los royalties de pertenencia, y a Havi, por otro, con las facturas de proveedor. Pero los franquiciados aseguran que el servicio es el mismo.
En un segundo frente, los querellantes ratifican que fueron obligados a formar parte de una unión de franquiciados llamada COOP. El objetivo de esta asociación es impulsar actividades de marketing y publicidad de la propia casa y para ser miembro hay que pagar un 4% de los beneficios del local. La incorporación a la COOP es voluntaria; sin embargo, los gestores de estos locales aseguran haber sufrido represalias por la matriz al negarse a participar.
Antecedentes a favor de la empresa
McDonald’s se defiende. Mantenemos una excelente relación con los 122 franquiciados que gestionan el 92% de los más de 600 restaurantes que tenemos en España, remarcan portavoces de la marca. Es la primera vez que el rey del fast food se pronuncia sobre su relación con Havi y la COOP. La multinacional pone el acento en que, hasta la fecha, ningún juez ha dado la razón a un franquiciados en todas las causas abiertas por este asunto. Todas las demandas han sido, o bien archivadas, o bien han dado pie a sentencias a favor de la cadena. En la actualidad no hay ningún litigio con ningún franquiciado del Sistema McDonald’s, remarcan.
Lo cierto es que los rifirrafes por la relación entre McDonald’s, Havi y la COOP vienen de largo. La discusión sobre la duplicidad de costes logísticos y de marketing ha derivado en varias luchas judiciales, con acusaciones cruzadas en tribunales, en los últimos diez años.
Por el momento, la balanza judicial siempre se ha inclinado en favor de McDonald’s. En 2015, un grupo de franquiciados demandó a Havi por la vía penal, pero el asunto terminó en carpetazo dos años después en el Tribunal Supremo. Tan solo un juez de Castellón, en 2021, dio la razón parcialmente a un exfranquiciado y condenó a la cadena de hamburguesas más poderosa del mundo a pagarle 3,7 millones de euros por soportar costes duplicados.
La alegría, no obstante, le duró poco. En octubre de 2023, la Audiencia Provincial de Castellón corrigió este criterio. En su fallo, contundente, los magistrados fueron claros: Ninguna vinculación de carácter societario existe entre Restaurantes McDonald’s S.A. y Havi Logistics. Esta postura judicial del tribunal provincial desmota la versión de los exgestores, que centran su acusación en denunciar que Havi y McDonald’s son, en realidad, lo mismo. Los magistrados también negaron que el ingreso a COOP fuese obligatorio, ni que existiese un método para presionar a los responsables de local que decidiesen quedar fuera del sistema. Los afectados ya han anunciado que recurrirán esta sentencia frente al Tribunal Supremo.
Aunque los antecedentes judiciales no son halagüeños, José Luis González-Montes, abogado del bufete Cremades Calvo-Sotelo, se muestra optimista. Su firma, que ya ha representado a otros franquiciados de McDonald’s, comandará la nueva querella por estafa que prepara esta veintena de gerentes descontentos. Y asegura que la guerra dista de estar perdida.
Podemos probar que detrás de Havi y de COOP en realidad se encuentra McDonald’s, asevera el letrado en conversación con este medio. Montes afirma que cuenta con informes periciales y abundante documentación nueva que así lo demuestra, recabada de los pleitos que en los últimos años ha disputado contra la multinacional franquiciadora.
La batalla está servida. En la actualidad, su despacho mantiene tres demandas de reclamación de pagos duplicados contra McDonald’s, a la espera de que los jueces se pronuncien. Uno de mis clientes, relata el abogado, fue obligado a abonar el 17% de sus ventas a la matriz, más un 5% de royalties a McD Corp, la matriz internacional, y además debía gastar un 4% en publicidad y promoción del restaurante. A todo esto, hay que sumar lo que el abogado define como costes ocultos, como la logística, las obras de reforma, la modificación de maquinaria, la publicidad, las promociones o los patrocinios.
McDonald’s ha arruinado a muchísimos de sus franquiciados, zanja Montes. Por su parte, McDonald’s pone sus esperanzas en el criterio de los tribunales, tanto en la vía civil como en la penal. Confiamos en la justicia y esperamos una pronta resolución de todos los casos en los que aún cabe algún tipo de recurso.
Esfuerzo probatorio
¿Hay posibilidades de que la querella de los franquiciados de McDonald’s prospere? Los antecedentes reflejan que el destino natural de este tipo de pleitos es el archivo. Otras cadenas como Carrefour, DIA o Granier han sido llevadas frente a la justicia por algunos de sus franquiciados por la vía penal; sin embargo, ninguna de estas querellas ha cristalizado en una condena. Los jueces exigen un esfuerzo probatorio enorme para concluir que existe una verdadera red para engañar a los gerentes. Un fallo que desencadenaría consecuencias de calado: cárcel para los responsables y un aluvión de indemnizaciones.
El País de España
