Desde todos los espacios de la vida ciudadana se han multiplicado los balances políticos, económicos y sociales del mandato chavista durante 25 años en el poder, siendo por tanto, oportuno arrimar la leña al fuego del escrutinio lo sucedido en el campo del mundo del trabajo, como tema sensible para un régimen que se ha jactado de calificarse a lo largo del siglo XXI como el “defensor de la clase obrera”.
Orientación anunciada en los prolegómenos del inicio de gestión en 1999, cuya deriva se expresó en el articulado laboral del 87 al 97 elaborados en el seno de la asamblea constituyente, anunciada como una de las más avanzadas del continente, como cumplimiento de promesas planteadas en 1998 por el entonces candidato Hugo Chávez, quien propusiera la defensa de las prestaciones sociales, la seguridad social y las condiciones de trabajo entre otras reivindicaciones políticas y sociales jamás cumplidas por el régimen.
Pronto las verdaderas intenciones gubernamentales serían develadas, y más temprano que tarde la realidad descartaría con creces el texto constitucional, convirtiendo en ficción y decepción para los trabajadores las esperanzas de redención laboral anunciadas por el autoritario presidente y su tropa de incondicionales.
Al manifestar el rechazo del naciente régimen a las movilizaciones sindicales de 2001 en procura de reactivar la negociación colectiva en el sector público, calificadas como excusa de acciones conspiradoras por ser provenientes del “sindicalismo corrupto cetevista”, determinando el caldo de cultivo a un escenario de confrontación, que tuvo su desenlace explosivo en los paros nacionales de abril y diciembre 2002.
De allí en adelante la estrategia gubernamental se centró en la desactivación y fractura del movimiento sindical, mediante el paralelismo sindical y la utilización de las estructuras del estado para fortalecer un sindicalismo oficialista dócil a las políticas laborales gubernamentales.
En diferentes eventos su discurso indicó su visión de las relaciones de trabajo, al manifestarle a sindicalistas del Metro y de la CVG que prefería darles la plata a las misiones que firmar contratos colectivos para enriquecer a los sindicatos, así también en reuniones del Ministerio del Trabajo (2009) se consideraba que los convenios colectivos reproducían los valores burgueses en la conciencia de los trabajadores.
Toda esta ideologización de las relaciones laborales conllevó a la conformación de una doctrina política que determinó la implosión del sistema de relaciones de trabajo, al desconocer la autonomía sindical e imponer la degradación de la contratación colectiva, la persecución y encarcelamiento de la dirigencia sindical conductora de conflictos.
Podemos resumir que la concreción de esta operación antilaboral del régimen se expresa en: 1.- La proliferación de un código del terror mediante leyes que penalizan y judicializan la protesta sindical: Código procesal penal, de defensa y seguridad nacional, código militar, entre otros. 2.- La imposición del Decreto Ley Orgánica del Trabajo impregnada del “odio de clases”. 3.- La promoción de sindicatos paralelos oficiales con la denominación de “revolucionarios, socialistas y bolivarianos”. 4.- La imposición de Modelos de gestión y figuras laborales antisindicales: Consejos Revolucionarios de Trabajadores (CRT), Milicias Obreras, Control Obrero, Cogestión Revolucionaria 5.- Impulso a la precarización laboral a partir de la implantación de falsas cooperativas en el caso de PDVSA, CVG, alcaldías, gobernaciones y programas de trabajo precario como el Chamba Juvenil 6.- La suspensión indefinida de la convención colectiva bajo la resolución 2792 y la degradación de su contenido al incluir cláusulas de integración a milicias obreras, sustitución de sistemas de salud por misiones sociales, obligatoriedad del trabajo voluntario y el desconocimiento arbitrario del tabulador salarial y primas con el instructivo ONAPRE 7.- Las ilegales expropiaciones salvajes al sector privado que determinaron la pérdida de cientos de miles de empleos sin reconocimiento de derechos laborales. 8.- Imposición unilateral del salario mínimo y su sustitución bajo el concepto de Ingreso.
Todas estas tropelías entre otras cometidas durante el siglo XXI despertó durante estos 25 años las alarmas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien ha enviado durante este tiempo una romería de decenas de misiones de consulta, contacto directo, alto nivel, hasta el extremo de decidir finalmente enviar la Comisión de Encuesta desde 2019, quien ha propiciado desde 2022 hasta el presente 2024 cuatro reuniones en el marco del Foro Social, cuyos resultados hasta el presente han sido más declarativos que concretos para el restablecimiento del dialogo social y sus efectos en torno a la aplicación de los convenios 26, 87 y 144.
Hoy a un cuarto de siglo de este desmadre laboral el sistema de relaciones de trabajo ha derivado en la ruina, sin un ministerio del trabajo que administre eficientemente las relaciones de trabajo, al suspenderse los convenios colectivos y el derecho a huelga, y por otra parte la falencia de un sistema judicial que imparta la justicia requerida en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
En resumidas cuentas, el reto es fortalecer en la conciencia del trabajador la importancia de los sindicatos y de sus contratos colectivos, en un contexto confuso donde salario e ingreso se difunden como conceptos similares, y donde empresarios privados y gobierno se plantean solaz y plácidamente una vacatio legis para los derechos laborales y como colofón sustituir salario por ingreso.
Esta amenaza insultante exige a las centrales sindicales sin excepción alguna y a las corrientes sindicales a rasgarse las vestiduras y unirse, ante políticas que contradicen dramáticamente las conquistas labradas en el sistema de relaciones de trabajo constituido a lo largo del siglo XX.
Movimiento Laborista
