Quienes militan en el extremismo político son los más efervescentes en las redes sociales, furibundos que se autoproclaman abanderados de representar una suerte de pureza política. Dicha “virtud pública y moral” que dicen exhibir les permite satanizar a todos aquellos que no compartan no solo el rumbo de suyo fallido, por inoperante y desconectado de todo realismo, sino por personificar el pecado de la traición, de la claudicación ante el régimen, tal vez por aparecer infelizmente en una foto, en un apretón de mano o plantear lo que debería ser natural en política: la negociación.
Si partimos de la tesis que este gobierno tiene rasgos indiscutibles de un autoritarismo feroz que impide el disentimiento democrático y usa a su favor la represión selectiva, la judicialización de los partidos opositores, la compra de las voluntades de determinados dirigentes y también las inhabilitaciones, es lógico que la lucha por el cambio transite por los pocos espacios o las herramientas que la frágil institucionalidad permite. En estos resquicios la habilidad política se juega su futuro.
Si el gobierno cierra una puerta, censura un candidato, decreta una norma injusta, lo sensato es presentar o buscar alternativas frente a esa realidad despótica y no bloquear cualquier posibilidad como propone el extremismo, que se diluye en acciones principistas y legales, sin duda necesarias, ante la violación de los derechos, pero que al final no son restitutivas. Ha sido siempre la negociación la que ha liberado a los presos políticos, para ilustrar, y no la decisión de tribunal alguno.
El régimen ya asumió el costo político de la inhabilitación de la aspirante electa de la plataforma. Le toca a la oposición dar una respuesta pertinente. “No puede haber elecciones sin mí”, ha dicho la candidata del sector radicalista. Esta impronta del mesianismo fracasado del cual deberíamos estar curados con los capítulos de López y Guaido, nos pone en el dilema de implosionar la ruta electoral y retomar, a decir de Teodoro Petkoff, “el suicida espíritu abstencionista”, la tentativa sediciosa y el fortalecimiento de la narrativa maniquea, porque esa afirmación desestima cualquier otra opción sobre el tablero.
Las preguntas obligadas: ¿qué hacer con una candidatura de gran aceptación, aunque vetada legalmente para concurrir en las presidenciales? ¿“Hasta el final” es llegar al día de la elección y no expresar el descontento a través del voto, porque era ella “la única expresión genuina de la oposición”? ¿Y qué hacemos con el descontento social que ronda el 90%? ¿Será cierto, como afirma el extremismo político, que la experiencia de Barinas es un mal ejemplo, a pesar de que la población opositora aumentara su participación, derrotando con mayor margen al candidato oficial? Finalmente, ¿Cuál es el objetivo político de primer orden para la oposición venezolana: la defensa a ultranza de una candidatura o el retorno de la democracia?
Los factores políticos inclinados hacia una propuesta popular y progresista que apuestan por una estrategia democrática y de masas no pueden, nuevamente, ceder ante el chantaje del extremismo convertido ahora en la hegemonía de la acción política. La candidata debería, por el bien de la nación, adecuar un planteamiento con más amplitud y consenso que trascienda el proyecto personalista, si no logra inscribirse. La profunda crisis obliga a deponer los egos. Es la hora de Venezuela.
