Cada vez que se aproxima una fecha electoral crucial, el régimen empieza a enrarecer el ambiente aún más de lo que suele estar. Las fórmulas favoritas giran en torno a conspiraciones extravagantes, magnicidios fantasiosos y atentados rocambolescos en los cuales unos supuestos terroristas pretenden crear el caos y romper el hilo constitucional, como si ya el régimen no lo hubiese fracturado hace más de una década.
En esta oportunidad la acusación se apuntó contra Rocío San Miguel, la conocida luchadora por los derechos humanos, experta en temas militares y directora de la asociación civil Control Ciudadano. RSM se ha destacado por sus permanentes denuncias de la militarización creciente de la vida nacional; la invasión por parte de los militares de espacios que corresponden a la sociedad civil; los negocios turbios en los cuales están envueltos oficiales de la Fuerza Armada; y los abusos que la cúpula de esa corporación comete contra miembros de la propia institución. Comenzando este año denunció cómo habían sido degradados, maltratados y humillados 33 integrantes de la FANB, a quienes se les acusó de tramar una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro. Ahora están cobrándole su consecuencia y firmeza.
La forma como capturaron a RSM revela lo disparatado de la imputación que se le formula. El régimen inventó una fulana operación ‘Brazalete Blanco’ con la cual se estaría urdiendo fomentar un ambiente de violencia social en el que se desquiciarían las instituciones del Estado. De esa trama formaría parte fundamental RSM.
Resulta que a la abogada activista, los cuerpos de seguridad del Estado no la capturaron con una orden judicial en su casa o en su oficina –como suele ocurrir en los casos en los cuales la sospecha de conspiración se encuentra bien fundamentada-, sino que la apresaron en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a salir con su hija en un viaje hacia Estados Unidos. Si una persona tan bien formada e informada como RSM está implicada en una red conspirativa, lo último que se le ocurriría es correr el riesgo de circular con su hija por un sitio lleno de guardias nacionales y agentes del Sebin. Con su detención en un lugar tan concurrido, obviamente que se buscaba transmitir un mensaje muy claro: en Venezuela no se respetan las leyes ni la Constitución, y nadie está a salvo de los excesos policiales. Si ese atropello se perpetró contra una figura pública tan conocida y respetada en el plano nacional e internacional, el ciudadano común y corriente corre riesgos aún más altos de ser arrollado por la maquinaria represiva del Estado.
El mensaje intimidatorio fue reafirmado por el señor Tarek W. Saab en sus mensajes, nada poéticos, a través de X (antes Twitter) y luego en las comparecencias públicas. El régimen ha actuado de forma sincronizada: sus principales figuras se han alineado con Maduro frente a los ‘intentos’ de ‘magnicidio’ y han condenado el ‘terrorismo’ de la ‘oposición ultraderechista’, de la cual hipotéticamente forma parte RSM.
Todo ese tinglado se monta en un ambiente donde MCM se mantiene inhabilitada, se violaron los acuerdos de Barbados y se allana el terreno para realizar unas elecciones con unos candidatos comparsas que no representan a nadie, carecen de legitimidad y sólo pueden aspirar a blanquear un poco el rostro autoritario de Maduro, con unos comicios pretendidamente amplios e incluyentes.
También ocurre en una atmósfera donde Estados Unidos amenaza con reeditar las sanciones. RSM posee un prestigio tan sólido en el plano nacional e internacional, que podría transformarse en una ficha para negociar con el Gobierno de Joe Biden la posibilidad de que se suspenda indefinidamente la aplicación de castigos contra el Gobierno venezolano. Ese podría ser el propósito fundamental de esa detención tan caprichosa.
Desde que el régimen logró la liberación de Álex Saab, lo que ha hecho es endurecerse. La represión contra los políticos opositores y los dirigentes sociales aumenta continuamente. Las amenazas son cada vez más desembozadas. Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá, a menos que se produzca una combinación de factores nacionales e internacionales que lo impidan. Por fortuna, la reacción interna y foránea frente al atropello contra RSM ha sido unánime. Excepto pocas excepciones, los gobiernos de América Latina han condenado la acción contra RSM y se han solidarizado con ella. Sin embargo, este apoyo no ha servido para modificar la conducta autoritaria de un régimen, especialmente del fiscal nombrado por la Constituyente de 2017, que llegó al poder enarbolando los derechos humanos y dándoles una amplia cabida en la Constitución de 1999, pero que ahora los desconoce y viola con total impunidad. En realidad, el chavismo-madurismo, como todos los autoritarismos, nunca ha creído en esos derechos.
A quien sí le pusieron el brazalete fue a Rocío. Espero, junto a centenares de miles de venezolanos, que pronto se lo quiten.
@trinomarquezc
