Nadie dudaba de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su grupo político arrasarían en las elecciones recién pasadas. Nadie tampoco esperaba que el triunfo en las urnas ocurriera como ocurrió. Las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero fueron un show nefasto que reafirmó el mensaje predominante en este país: el presidente tiene todo el poder, lo demás es decorativo.
Las elecciones fueron un show bufo. Grotescas, una burla nada graciosa.
Podría dedicar esta columna entera a todas las irregularidades acumuladas antes, durante y después de las elecciones, pero haré un esfuerzo por resumirlas.
La más importante se pronuncia rápido: el proceso era inconstitucional porque uno de los candidatos, nada más y nada menos que el presidente Bukele, competía por su reelección violando seis artículos de la Constitución.
La más novedosa no se pronuncia tan rápido: El Tribunal Supremo Electoral, el árbitro de estas elecciones, se comportó más bien como un jugador del equipo de Bukele. No respondió ante las múltiples irregularidades durante la jornada, como que había miembros de las mesas electorales que fueron sustituidos a última hora y sin razón alguna.
No dijo ni una palabra ante la proclamación de victoria que el presidente Bukele publicó solo dos horas después de cerradas las urnas, cuando no había ningún resultado oficial. No dijo ni pío ante las contundentes denuncias periodísticas de que muchos centros de votación para salvadoreños en Estados Unidos estaban controlados por seguidores del presidente.
No respondió ante la publicación de los audios de una reunión privada donde la presidenta del Tribunal reconocía que pudo haber existido un boicot para que fallara la transmisión de resultados.
No respondió ante la evidencia en video de papeletas con votos oficialistas que estaban perfectamente planchadas, sin marca alguna de los múltiples dobleces necesarios para insertarlas en la urna; ni sobre las imágenes de correligionarios del presidente participando en el conteo de votos sin estar acreditados para hacerlo; ni sobre por qué se dieron por válidas para el oficialismo algunas papeletas donde el votante escribió palabras como “inconstitucional”.
Pensándolo bien, lo del Tribunal sí que puede pronunciarse de forma breve: no cumplió con su papel de árbitro. Incluso más breve: no cumplió.
En medio de ese espectáculo bufo, Bukele no ganó nada nuevo: ya lo tenía todo. Ganó la presidencia con el 82 por ciento de los votos, pero ya era presidente desde 2019; ganó la mayoría calificada, 54 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, pero ya controlaba plenamente ese órgano de Estado desde 2021.
Lo importante de estas elecciones no es quién ganó. Todos sabíamos quién ganaría. La medida autoritaria del régimen de excepción impuesta por Bukele desde marzo de 2022 ha sido muy popular entre la población que padecía las pandillas. Bukele, como muchos autoritarios que lo precedieron en el continente, ha logrado popularidad inmediata con sus medidas de corto plazo para solventar realidades desesperadas.
Lo importante de estas elecciones es lo que perdimos. O, más bien, qué más perdimos, porque la raquítica democracia salvadoreña viene desmoronándose a pedazos grandes desde hace años. Esto creo que perdimos:
Cualquier ápice de credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral.
Cualquier perspectiva de tener en un mediano plazo unas elecciones justas.
Cualquier ilusión de tener en los próximos cinco años un país con algún contrapeso al poder. (Todos los partidos políticos de oposición pidieron la nulidad de las elecciones. No importó).
Cualquier optimismo de que la presión internacional sea un obstáculo al poder (el informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos señaló graves irregularidades en el proceso electoral. No importó).
Cualquier esperanza de no ser gobernados por un solo hombre en los próximos cinco años.
De nuevo, haciendo a un lado el grotesco espectáculo electoral, el resultado era previsible: el presidente Bukele tiene todo el poder, lo demás es decorativo.
