Imbricamos el pensamiento del inglés John Locke (1632-1704), padre del liberalismo moderno, ferviente defensor de la tolerancia y de los derechos de hombre: libertad, seguridad, en especial por la propiedad, con el Estado Ciudadano, en el punto del orden donde los hombres sean libres e iguales por naturaleza, mediante una sociedad o comunidad política “…pacto con otros hombres de unirse y contribuir en una comunidad designada a proporcionarles una vida grata, firme y pacífica de unos con otros…”.
Plantea nuestro filósofo que una vez que esta comunidad sea construida, la misma tendría “…la autoridad para obrar como un solo cuerpo, lo que se alcanza por el deseo y la elección de la mayoría…”. Ese cuerpo esa sociedad política, esa comunidad política sólo puede lograrse a través de una institución del Estado, un poder público, en nuestro planteamiento, con el poder ciudadano.
Nuestro pensador trabajó el concepto de división de poderes, hasta hoy esencial para el ejercicio democrático y las reivindicaciones de clase burguesa, que en su tiempo venía en ascenso. En el marco histórico de la revolución inglesa (1642), cuando se abre un largo periodo entre la abolición de la monarquía y la proclamación de la república, que termina (1660) con la restauración de monarquía, revolución gloriosa o incruenta (1688), en forma definitiva hasta nuestros días. Marco histórico que constituye el motivo y explicación de sus teorías liberales que expuso como líder de los whig y opositor al absolutismo.
En el pensamiento de nuestro filosofo está presente la libertad: el hombre por ser libre no puede ser sometido por ningún otro hombre. Y de eso se trata el Estado Ciudadano, donde las grandes mayorías tendrían la capacidad para tomar sus decisiones, sin presiones partidistas, ni de élites económicas o sociales.
A través de un poder público que garantice esa libertad para la conformación de esa sociedad política. Un poder público que profundice la democracia participativa y mejore el funcionamiento del resto de los poderes. Ello en función de que los ciudadanos formarían parte del sistema político en forma activa y protagónica – como exige en la letra nuestra constitución del 99, que en la práctica no se cumple -. Se trata de conformar una sociedad fuerte para que gobiernen los hombres, en expresión de Foucault.
Un poder público que cohesione a la sociedad venezolana. Y para ello entendemos que el punto está en la libertad que tenga la ciudadanía en su organización. En efecto, la gente quiere organizarse, pero no para que un partido se fortalezca, sino, para ellos mismos. Una real participación con reglas claras en orden, donde la gente sienta que se expresa y que su opinión cuenta.
Consideramos que, si la sociedad cuenta con verdaderos y respetuosos espacios para la participación y la deliberación, lo hacen. Lo hacen, porque pese a la diversidad de tendencias, pensamientos e ideologías hay temas comunes donde se puede generar consenso. Se trata entonces, de conformar una comunidad política en la búsqueda de objetivos comunes, en libertad como estuvo en el pensamiento de nuestro pensador.
En esa libertad de decidir el respeto por los derechos de los demás y el reconocimiento del valor del otro como suyo para conformar un todo y salir juntos adelante, son indispensables.
La intención es de impregnar de esos valores y derechos al Estado, lo cual se lograría a través del poder ciudadano. No el que está establecido en la Constitución del 99, compuesto por: la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y la Contraloría ¡NO! Se trata de un poder público dirigido por un cuerpo colegiado, cuyas autoridades sean designadas en elecciones de primer grado, con autonomía y con presupuesto propio, que sea de obligatoria consulta en el proceso legislativo, que eduque a la ciudadanía y la apoye para que los ciudadanos se organicen. Un poder público que se dedique hacer estudios de los cambios sociales, hacer evaluación de las políticas públicas y llevar estadísticas y censos.
Un poder público que reglamente la utilización de las herramientas de la participación ciudadana: asambleas ciudadanas y cabildos abiertos, consultas, propuestas legislativas… para que sus decisiones sean verdaderamente vinculantes. Un poder público que abra espacios para la deliberación donde gobierno y sociedad organizada se encuentren, para discutir y dialogar sobre los grandes temas de la sociedad y diseñar objetivos comunes. Este poder público reformaría el sistema político más no el régimen político de democracia participativa, protagónica, social, descentralizada y plural, por el contrario, reafirma esos principios fundamentales. En tal sentido, puede darse el cambio mediante una reforma constitucional.
En este esquema propuesto es importante el fortalecimiento de los consejos comunales, de las asociaciones de vecinos, de defensores de los consumidores, de los usuarios, de los colectivos minoritarios, empresas de propiedad social. Establecer mecanismos de consulta permanente con la sociedad; organizaciones de base que en redes generen capital social.
Es esa comunidad política, a la que hacía referencia Locke, que protege a sus miembros de los abusos de las élites ya que cada uno de sus miembros delega el poder a ellos mismos. Es lo que se refiere al concepto de sociedad civil en ejercicio de su soberanía. Esta comunidad política es la que nombra y designa a sus representantes, en este sentido: “(…) el poder que cada uno de los hombres entregó a la sociedad al integrarse a la misma no puede volver de nuevo al hombre mientras sobreviva la sociedad, sino que se mantendrá siempre en la comunidad política, lo cual expresa el sentido propósito y razón de nuestra propuesta del Estado Ciudadano.
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