Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energética. Ahora, en un contexto de profunda crisis económica venezolana por causas de políticas erradas del gobierno revolucionario intentaron diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.
El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio nacional. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica Que se busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco. Esto se ha promovido ignorando dos requisitos necesarios como es la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas dónde son
Los mismos son impactados negativamente en el proceso de demarcación de los territorios indígenas; vulneraciones del decreto para los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica, así como en los derechos laborales y la militarización de la zona sin realizar consultas efectivas con las comunidades indígenas.
Las políticas erradas del Arco Minero han traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con enfermedades como el paludismo. En un país enfrentando una grave escasez de medicinas nacionales, esto no es un mal menor. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes a consecuencia de estas enfermedades es significativo.
La crisis social, política y económica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el país, merecen la atención de las organizaciones nacionales, así como de la comunidad internacional. Sin embargo, no podemos ignorar la grave situación ambiental que puede derivar de la implementación del proyecto del Arco Minero y la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la zona.
