El martirio de la población de Gaza después del inicio de la ofensiva militar desproporcionada iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, no tiene precedentes. Ha causado la muerte de 24.000 personas (a fecha del 15 de enero 2024), 70% niños y mujeres, ha destruido el 60% de las infraestructuras (hospitales, escuelas, comercios e instalaciones que proporcionan agua potable y energía) y ha desplazado 90% de los 2,3 millones de personas que viven hacinadas y confinadas en la Franja de Gaza sin posibilidad de huir del territorio. En los tres primeros meses, la ofensiva israelí ha matado el mismo número de niños (12.000) que los que murieron en Siria durante 11 años. La impunidad con la que Israel conduce esta guerra destructiva y despiadada no es nueva y se ha fortalecido tras décadas de complicidad de sus aliados, Estados Unidos y la Unión Europea.
La acusación de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y su demanda de adopción de medidas cautelares para que cese la brutal ofensiva israelí han sido rechazadas de forma explícita por Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. La Unión Europea ha mantenido también silencio.
La contundencia de la respuesta tampoco es una estrategia nueva por parte de Israel –salvo, quizás, por su desproporcionalidad– con la voluntad, como afirmaba el ex ministro de Defensa de Israel, Moshé Yalón durante la segunda Intifada, de marcar con “hierro rojo la conciencia palestina” e infligirles una derrota moral y doblegar cualquier tipo de resistencia.
Esta venganza implacable y el terror que ha propagado en la población, forzando su desplazamiento, es un nuevo episodio de la larga historia de desposesión y dominación del proyecto colonial sionista, que evoca los peores momentos de la persecución del pueblo palestino con la limpieza étnica de la Nakba, antes y durante la creación del Estado de Israel. Se inscribe en un continuum que descansa en una estrategia de deshumanización de la población palestina y en la negación de su existencia de acuerdo con el mito fundador del proyecto sionista “una tierra yerma y sin pueblo para un pueblo sin tierra”.
Gaza ha sido el epicentro de la resistencia palestina al proyecto colonial. La proclamación del Estado de Israel en 1948, y la posterior guerra entre Israel y los Estados árabes tuvieron consecuencias demográficas devastadoras para Gaza y sus habitantes. En 1948, el territorio controlado por la administración egipcia acogió a 200.000 refugiados en un 1% de la Palestina histórica tras la huida masiva de los palestinos de sus tierras. El peso de la población refugiada en este exiguo territorio ha tenido consecuencias políticas.
Epicentro de la resistencia
Gaza ha supuesto un importante desafío durante las primeras décadas de consolidación israelí. Desde entonces, la estrategia de Israel no ha cambiado mucho: ocupación, cerco y castigo a toda la población.
La Franja de Gaza fue ocupada por las fuerzas israelíes en 1956-57 en su lucha contra los fedayines y ocupada de nuevo a partir de 1967 sin poder doblegar la resistencia de Palestina. Fue en los campos de refugiados donde surgió la primera Intifada en diciembre de 1987 tras el asesinato de cuatro trabajadores palestinos Yabalia, que fueron embestidos por un camión militar israelí, extendiéndose desde allí el levantamiento popular contra la ocupación a Cisjordania. La primera Intifada no solo supuso un reto para Israel, sino que provocó cambios en las dinámicas de poder entre las facciones palestinas, con la aparición y creciente influencia de fuerzas islamistas.
La tolerancia de Israel con los Hermanos Musulmanes, permitiéndoles organizarse y financiarse, junto con el giro que daría la organización durante la primera Intifada con la creación del Movimiento de Resistencia Islámica (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya), más conocido por el acrónimo Hamás, transformará el escenario político palestino. Su rechazo de los Acuerdos de Oslo firmados por la Organización para la Liberación de Palestina –al considerarlos una trampa de Israel para seguir con la ocupación– fortalecerán su posición como líder de la lucha nacionalista palestina y de la resistencia armada. El papel de Gaza en la lucha nacional palestina explica el ensañamiento de Israel y la voluntad de destruirla.
La brutal ofensiva militar israelí de octubre de 2023 sobre Gaza, así como los sangrientos ataques de Hamás contra civiles israelíes que la precedieron, no se produjeron en el vacío como señalaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad, recordando que “el pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante”. La guerra del Sucot se suma a las ofensivas militares anteriores (2009, 2012, 2014, 2021) que para los militares israelíes son funcionales: se trata de “cortar la mala hierba” y evitar cada cierto tiempo que llegue a crecer de nuevo, en referencia a Hamás y a su capacidad militar para atentar contra la seguridad nacional israelí.
Como tantas otras alegorías racistas utilizadas por los responsables israelíes a lo largo de estos oscuros meses del otoño de 2023, esta forma parte del lenguaje colonial cuyo propósito es deshumanizar al adversario. El cerco impuesto a la Franja, descrito por algunos como medieval, tampoco es nuevo ya que el bloqueo desde 2007 ha conducido a un deterioro continuo de las condiciones necesarias para la viabilidad misma de la existencia de los palestinos en este territorio. En 2012 Naciones Unidas ya advertía de que la continuidad de la ocupación convertiría a Gaza en un territorio inhabitable en 2020.
La naturaleza colonial del proyecto sionista de Israel ha sido ocultada (ya que difícilmente encajaba con la idea de Israel como Estado moderno y democrático en una región dominada por gobiernos autoritarios y “atrasados”) mediante diferentes estrategias destinadas a difundir un relato más aceptable.
El cambio de lenguaje de Oslo
El proceso de paz de Oslo permitió este cambio de lenguaje ocultando una ocupación de hecho, que apenas se vio alterada en los años noventa tras la Conferencia de Madrid de 1991 y los acuerdos parciales que se firmaron después, a partir de 1995. Estos, de alcance siempre muy limitado y reversibles, han sido socavados por la evolución de los hechos consumados sobre el terreno. Con la creación de una Autoridad Palestina (AP) como piedra angular de un supuesto “futuro Estado palestino”, se alimentó la ficción de un proceso de autonomización en progreso que culminaría con la consagración de un Estado con plena soberanía. Esta entidad administrativa a cargo de una porción limitada del territorio y sin soberanía, ha cumplido una función clave en el mantenimiento del montaje de “la paz liberal de Oslo” sostenido por EEUU y la UE. Este proceso fracasó. No favoreció la paz ni permitió avanzar hacia la solución de dos Estados al acompañar más bien el avance de la fragmentación territorial y humana de los territorios.
La desconexión de Gaza y su marginación han sido parte de este proceso al ser identificada como el reducto de la resistencia armada y los enemigos de la ilusión de paz propuesta por Oslo. La creación de Hamás, rama palestina de los Hermanos Musulmanes en la primera Intifada, favoreció la identificación del movimiento como una fuerza hostil a los intereses occidentales, en un contexto marcado por la demonización de las fuerzas políticas islamistas.
La segunda Intifada, en 2000, y la guerra global contra el terror a partir del 11 de septiembre de 2001, han fortalecido esta visión, con la identificación de Hamás como organización terrorista (incluida en las listas de la UE y EEUU), permitiendo a Israel desvincular la lucha contra el movimiento del Derecho Internacional y negar su legitimidad como posible interlocutor. Las elecciones de 2006 marcaron un hito en este proceso.
La victoria sorpresa del movimiento islamista permitiéndole controlar el gobierno de la Autoridad Palestina fue rechazada por la comunidad internacional, en particular por la UE, principal valedor del proceso de paz. A través de la ayuda desembolsada tuvo que recurrir a la creación de instrumentos alternativos (Mecanismo Internacional Temporal sustituido por el del Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión de la Ayuda Socioeconómica, PEGASE, de la Comisión Europea en 2008) para evitar financiar a una Autoridad Palestina bajo el control del partido islamista.
El prisma dominante de la seguridad en el contexto post-11S, que acusó de terrorista a cualquier resistencia a la ocupación, ha tenido un impacto también sobre las demás facciones palestinas y sobre la sociedad civil. La AP ha sido desde la segunda Intifada la autoridad encargada de la seguridad de los intereses israelíes en los territorios donde mantienen este control efectivo (área A), reducida a un porcentaje mínimo del territorio de Cisjordania.
Los Acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en tres sectores administrativos denominados área A, área B y área C con estatus diferente según quién la administra: el área A está administrada en exclusiva por la AP; el área B está bajo control administrativo de la AP y control militar de Israel; mientras que el área C, en la que se encuentran los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel.
Con la etiqueta o eslogan de la promoción de la democracia, la UE ha orientado el grueso de las ayudas a profesionalizar y reforzar la capacidad de la Autoridad Palestina en materia de seguridad (un tercio del presupuesto de la AP va destinado a la seguridad).
La retirada unilateral de la Franja de Gaza del ejército israelí en 2005 fue otro hito que apuntaló la estrategia de ocultación del estatus de Israel de potencia ocupante y sus responsabilidades de acuerdo con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. En efecto, la retirada de las tropas no ha permitido levantar las restricciones impuestas por Israel (control del espacio terrestre, aéreo y marítimo) impidiendo la movilidad de los palestinos y sujetando a un estrecho control cualquier bien que entre en la Franja.
Finalmente, la estrategia israelí ha consistido en aniquilar cualquier forma de resistencia pacífica como lo muestran las detenciones y asesinatos en los territorios ocupados, como la represión de movimientos como la “marcha del retorno” de 2018. Israel prefiere enfrentarse a un enemigo radicalizado y armado que pueda justificar el despliegue de estrategias militares masivas o el uso de la fuerza sin contención ni límites.
Complicidad y abandono
El martirio de la población de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 se está produciendo gracias a la permisividad y pasividad de EEUU y la UE que comparten una responsabilidad histórica por haber alentado y protegido el proyecto sionista colonial a expensas del pueblo colonizado, “los palestinos”.
En la Franja de Gaza, la población palestina ha sido sometida a un castigo colectivo desde hace décadas (cárcel al aire libre) con el beneplácito de los socios de Israel. La UE se ha limitado a financiar la ocupación, eximiendo a Israel del pago del coste que debería asumir como potencia ocupante. La UE es el principal donante de Palestina con un apoyo estable que alcanza los 1.200 millones de euros anuales para el conjunto de la UE y sus Estados miembros. Las instituciones europeas desembolsan 300 millones anuales. Pero este compromiso financiero viene acompañado de una condicionalidad que ha contribuido también a exacerbar las tensiones entre las facciones palestinas.
Se manifestó así mismo en octubre de 2023, en reacción a los ataques de Gaza, cuando algunos de los Estados miembros anunciaron la suspensión y revisión de la ayuda para garantizar que no beneficie a Hamás. No es la primera vez que algunos Estados intentan obstaculizar la financiación destinada a Palestina. En 2021 el comisario húngaro de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, pidió, por ejemplo, condicionar el desembolso de la ayuda a la revisión de los contenidos de los manuales escolares considerados como anti-sionistas. La ayuda internacional ha acompañado la estrategia israelí de fragmentación del territorio palestino y de su población para debilitar y romper cualquier resistencia al proyecto colonial.
La ayuda internacional ha tenido solo un papel paliativo y no ha podido frenar el deterioro constante de las condiciones básicas que pudieran permitir el desarrollo económico sostenible de los territorios palestinos. Nadie contesta, además, el diagnóstico compartido por las instituciones europeas, Banco Mundial y otros informes de Naciones Unidas, que apuntan en la misma dirección: las causas de la degradación continua de las condiciones socioeconómicas de la población palestina son atribuidas a la ocupación y el cerco al que se ha sometido a la Franja de Gaza desde 2007. La presión demográfica y las destrucciones continuas, así como la apropiación de recursos por parte de Israel y el cierre, condenaban, antes de la guerra del Sucot, a 2,23 millones de personas (1,7 millones de refugiados) a condiciones de vida cada vez más precarias. El 80% de las personas activas percibía un salario mínimo de 435 dólares; el 3% de la población tenía más de 65 años, el 35,6% vivía bajo el umbral de la pobreza y el 80% dependía de la ayuda internacional.
Los Estados árabes tampoco se han mostrado más solidarios y su instrumentalización de la cuestión palestina al servicio de sus propios intereses ha contribuido al abandono a su suerte de los palestinos y a su marginación en las agendas políticas de los dirigentes de la región. La Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica, reunidas en Arabia Saudí el 11 de noviembre consiguieron que sus miembros condenaran la agresión israelí en Gaza, así como los crímenes de guerra, y han pedido un alto el fuego inmediato, el levantamiento del asedio de Gaza y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria.
Todos rechazaron el desplazamiento forzoso de palestinos del enclave a Egipto o de Cisjordania a Jordania, y pidieron el fin de las exportaciones de armas al Estado judío. Sin embargo, no se han adoptado medidas contundentes como la ruptura de relaciones políticas y económicas con Israel, como proponían Irán o Argelia. Además, el proceso de normalización en el marco de los Acuerdos de Abraham fragiliza una legitimidad ya fuertemente cuestionada por las opiniones públicas árabes, que siguen siendo sensibles y solidarias con la cuestión palestina.
Impotencia del multilateralismo
Los titubeos y las dilaciones del Consejo de Seguridad de la ONU ante los crímenes que se están cometiendo, socavan la credibilidad de Naciones Unidas que no ha sido capaz de aprobar una resolución pidiendo el cese al fuego. La última, adoptada el 22 de diciembre de 2023, se limita a pedir medidas urgentes para permitir un mayor acceso humanitario y crear las condiciones para un cese duradero de las hostilidades. Desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, cinco propuestas de resoluciones han sido vetadas por Estados Unidos. La impotencia de Naciones Unidas para cumplir con su misión de garantizar la paz y seguridad colectiva afianza la tendencia a la desregulación de la fuerza en el sistema internacional, que no augura nada bueno para los años venideros, tal y como lo ha recordado Ghassan Salamé, exministro libanés de Cultura.
La impotencia del multilateralismo en proteger los derechos de los palestinos amparados por una larga lista de resoluciones de Naciones Unidas está vaciando de sustancia los principios normativos promovidos por Occidente, acusado de doble rasero. Gaza, como lo señala Kamek Djendoubi, ex ministro de Derechos Humanos de Túnez, asesta el “golpe de gracia a los valores comunes y al marco de referencia del Derecho Internacional”.
La nueva Nakba de los palestinos de Gaza es un indicador de la delicuescencia del orden internacional promovido por Occidente y percibido como la duplicidad por la negación a condenar el proyecto colonial israelí y su brutalidad, y adoptar las medidas necesarias para su cese. La incapacidad de Naciones Unidas para imponer un cese al fuego es una vergonzosa capitulación moral que las futuras generaciones palestinas no olvidarán. •
Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora GRESAM, GICMOM.
