Junto con la inmoralidad administrativa y el abuso de poder, la opacidad hace parte activa y decisiva de la política del Estado venezolano actual, en sus cinco Poderes Públicos Nacionales. No hay transparencia ni correspondencia ética y moral hacia el pueblo, la ciudadanía, la sociedad venezolana, en general.
Esta profunda anomalía se observa claramente en el proceso electoral presidencial previsto constitucionalmente para este año. Según los acuerdos de Barbados -firmados por los dos bandos cómplices de la destrucción nacional-, deberá realizarse durante el segundo semestre de 2024.
Venezuela es el único país del mundo con elecciones nacionales prevista para 2024, cuyo ente comicial -Consejo Nacional Electoral (CNE), en nuestro país- no ha establecido cronograma ni fecha de la elección del Presidente de la República: México lo hará el 2 de junio y Estados Unidos el 5 de noviembre, para citar solo dos ejemplos. Ambas fechas son conocidas desde el año pasado, y todo corre abiertamente ante sus respectivas sociedades y con severas restricciones en cuanto al uso de recursos públicos a favor de los aspirantes presidenciales de los respectivos partidos en el poder. Nada de esto lo respeta el gobierno corrupto y fracasado de Nicolás Maduro, el PSUV y sus satélites mantenidos y codiciosos.
El reino de la opacidad
La Venezuela del PSUV y sus satélites es el reino de la opacidad: mentiras, omisiones, censura y manipulación descarada, las 24 horas del día. Por ello, la palabra gubernamental vale bien poco, igual que la de los altos cargos de los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. En conjunto, la credibilidad la tienen en el suelo. ¿Quién puede negarlo? Casi todos lucen rasgos evidentes de enriquecimiento ilícito, manejo innoble de sus funciones públicas y desprecio pendenciero de la Constitución y las leyes. Se creen “dueños” de los organismos públicos, y además dotados de impunidad eterna, desconociendo lo efímero del poder.
En nuestro país, existe un insólito concierto de burócratas delincuentes, al más alto nivel de los Poderes Públicos Nacionales. Se burlan de los preceptos constitucionales e incurren en dejación de sus funciones, sin el más mínimo respeto hacia el pueblo que los eligió o eligió a quienes desde la Asamblea Nacional (en concierto mediocre con el Gobierno, el PSUV y sus satélites) designan a dóciles magistrados del TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública. Su primera condición es la abyección: mientras más serviles o arrastrados, mejor, siempre a las órdenes de la cúpula podrida del poder y sus redes de testaferros. Por ello, la opacidad general existente. Trabajan en la sombra y se protegen, cual disciplinados mafiosos bajo el mando de los capos.
Sin autonomía ni vergüenza
Lo cierto es que el CNE carece de autonomía, y sus rectores ni siquiera se preocupan por aparentar algo distinto. Saben perfectamente que están al servicio de Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge y Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el PSUV y sus satélites. Y lo peor es que no les importa: pisotean la Constitución y desconocen la dignidad política democrática del pueblo venezolano, sin rubor. Harán lo que les ordenen.
No existe base poblacional cierta
Hay que resaltar que no solo es el cronograma electoral, lo que requerimos:
– No existe base poblacional cierta, porque el Censo que correspondía realizar en 2021 fracasó. Fue en noviembre de 2011 que se realizó el último (XIV Censo de Población y Vivienda). ¿Sirven las proyecciones de aquellas cifras de hace 13 años? Evidentemente, no. Y peor, tomando en cuenta el masivo éxodo hacia el exterior de unos 7,7 millones de compatriotas, no reconocido ni cuantificado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
– Los nuevos votantes, jóvenes que cumplirán 18 años de edad hasta el día mismo de la elección, o ya los cumplieron, no han ingresado al Registro Electoral porque el CNE no se lo facilita.
– Nada ha resuelto el CNE para garantizar el voto a millones de venezolanas y venezolanos radicados en el exterior.
– Debe cesar la obstrucción de los derechos políticos constitucionales, impuesta por el Gobierno, el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia con inhabilitaciones políticas fraudulentas y la intervención judicial perversa de decenas de organizaciones con fines políticos.
– De igual forma, el CNE impide el registro y legalización de nuevas organizaciones políticas.
Esta enorme opacidad no puede esconderla el Gobierno, y menos con los escasos recursos histriónicos del diputado Rodríguez desde la Asamblea Nacional.
La mayoría independiente y honesta -empobrecida, asqueada de tanta corrupción y bellaquería- debe seguir presionando por un proceso electoral transparente, equitativo, democráticamente participativo y confiable. El Gobierno está hundido, derrotado.
manuelisidro21@gmail.com
