En Venezuela la tortura se volvió una práctica cotidiana en los cuerpos de seguridad. Sin embargo, en fechas recientes, en el país suramericano, han dado un paso más que encajaría en una definición de sadismo institucional. La Dirección de Contrainteligencia Militar inició una operación de relaciones públicas para lavarse la mala fama, bien ganada a punta de aplicar “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la tortura blanca”, según testimonios de 122 víctimas, entrevistadas por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU.
La Unión Europea ratificó en noviembre de 2023 las sanciones personales a 53 funcionarios del Gobierno venezolano. Algunos de ellos son señalados de cometer fuertes violaciones de derechos humanos como “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas breves, torturas –incluida la violencia sexual– y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Pero las autoridades no han castigado a los causantes de tales atrocidades sino que ha afinado la aplicación del miedo para inhibir las protestas e inducir a la autocensura. También han recrudecido sus ataques contra mujeres. Hay unas 25 presas políticas en el país.
La detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Roció San Miguel, conocida activista de derechos humanos, evidenció, una vez más, las tácticas habituales. En esta ocasión también aplicaron la “sippenhaft”, término alemán que define la aprehensión de familiares de personas que están siendo requeridas por el Gobierno. San Miguel, venezolana de ascendencia española, fue detenida el viernes 9 de febrero de 2024. Permaneció incomunicada por más de 100 horas. Su hija Miranda también fue hecha presa, así como otros cuatro familiares, incluyendo la expareja de la analista en temas de seguridad de Estado.
Mientras estaba desaparecida, los rumores circulaban por los estancos de los grupos de WhatAapp, sistema de mensajería que es prácticamente una plaza pública virtual fragmentada en Venezuela. ” La tienen en la digecin (DGCIM)”, se corrió como una bola. En esta funesta sede del cuerpo de policía militar, ubicada en una zona industrial de Caracas, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo conoció al diablo. Unos días después se desvaneció en plena audiencia de presentación y murió. Su cuerpo tenía 38 heridas. Fue sepultado en ausencia de sus familiares: era junio de 2019.
El lunes 11 de febrero de 2024, en pleno asueto de carnaval, los abogados de San Miguel recorrieron los centros de detención en una procesión de más de 12 horas. En cada uno les dijeron: ella no está aquí.
Podría haber estado en una de las casas clandestinas de seguridad donde apagan cualquier grito de dolor con ruidos de licuadoras y otros electrodomésticos. Podría haber estado en algunas de las sedes conocidas de Servicio de Inteligencia, Sebin. De uno de esos edificios cayó del piso 10 el concejal Fernando Albán, en 2018. O tal vez podría haber estado en El Helicoide, un futurístico centro comercial, devenido en elefante blanco y posteriormente en un gran centro de tortura.
Luego de más de dos semanas detenida e imputada por presuntos delitos de traición, a San Miguel aún no se le ha permitido ver a sus abogados de confianza. Su sitio de reclusión es El Helicoide, donde hay espacios diseñados para que no entre la luz natural. De esta manera, la persona detenida siempre está bajo focos de luz artificial, como parte de la llamada tortura blanca.
Su hija y otros familiares fueron excarcelados con medidas de presentación, mientras su excompañero sentimental fue acusado de traición y otros delitos. “A las disidentes nos aplican una violencia intencionada, que incluye acoso, vejación y ataques por nuestra condición de mujeres” comenta una ex presa política, quien me relata que cuando estuvo detenida recibió descargas eléctricas en sus senos.
La documentación de un Gobierno que tortura ” lo normal” ha sido posible gracias a los testimonios de las víctimas y al trabajo de defensores de derechos humanos. Muchos de estos actos han quedado registrados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en extensos reportajes periodísticos y son parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la comisión de hechos de crímenes de lesa humanidad, acaecidos desde 2014.
Sin embargo, hay una maniobra de borrado y propaganda, al estilo de lo descrito en la célebre novela distópica 1984, de George Orwell. Tal estrategia busca inducir censura y autocensura así como elaborar “hechos alternativos”, a la usanza de Donald Trump.
Los voceros del Gobierno de Maduro negaron la desaparición forzada de San Miguel y de sus familiares. Calificaron de mentiroso a quien lo dijera y por si fuera poco le atribuyeron carga de delito. Llegaron al extremo de expulsar a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y exigieron que se retractaran, es decir, mintieran como condición para levantar la salida.
Maripili Hernández, exministra de Chávez y quien se declara chavista, aunque no madurista, escribió un polémico tuit el 15 de febrero de 2024. “Tengo 40 años trabajando en los medios de comunicación y nunca antes había tenido temor de expresarme. Pero que quede claro: el silencio es por miedo, no por falta de indignación o de vergüenza ante los hechos”.
El temor de Hernández y de otros es natural.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón asegura que la detención de San Miguel es un ataque a todos los defensores. “El temor es real, pero no dejamos que nos paralice. Nosotras representamos a más de 200 víctimas y no podemos parar”. Lo dice citando a Rosa Orozco, fundadora de esta organización, que vio luz luego de que su hija Geraldine Moreno fuese asesinada en la puerta de su casa. Efectivos de la Guardia Nacional le dispararon a mansalva balines de hierro. Era el 19 de febrero de 2014.
Con tantos documentos resulta unos osados actos de propaganda la convocatoria que hizo la DGCIM a un grupo de periodistas para ofrecerles un curso de corresponsal de guerra, que se reveló como lo que era realmente: mostrarle que en las instalaciones de este cuerpo no se tortura a nadie. Más audaz es que esta dependencia hizo circular videos en las redes sociales, donde explicaban las bondades de cuerpo de seguridad, mientras destacaban una y otra vez que eso de la tortura no era verdad.
Casi que puedo escuchar a algún instructor increpar graciosamente a los periodistas “acaso ustedes escuchan algún grito”, mientras con una bandeja de almuerzo, “como la que le damos a los detenidos” insistían en sus cualidades.
Solo el saberse impunes y creer que matar, arrancar dientes, asfixiar, abusar sexualmente, ahogar, aislar, electrocutar, inmovilizar, amenazar y perseguir, entre otros actos, no tienen castigo puede inducir a algunos organismos de seguridad de Venezuela a mostrarse con tanto descaro. Confío en que el repudio, la continuidad de las investigaciones por parte de la CPI y sobre todo el esfuerzo que hacen decenas de ciudadanos en la documentación de la barbarie incidan en revertir cualquier intento de ocultar la memoria.
