Modernamente la defensa de los derechos humanos, ha sido una tarea que la comunidad internacional emprendió en la segunda década del siglo pasado, con el nombre de Sociedad de las Naciones, luego de finalizadas las cruentas guerras mundiales, donde se produjeron genocidios, torturas, fusilamientos y muchos crímenes más, contra la integridad humana, lo que por supuesto conmovió la conciencia de los gobernantes de aquel entonces y cuyos sucesores en lo sucesivo procuraron mantener esa línea de que esa clase de personajes fueran juzgados por Tribunales internacionales, sobre todo aquellos gobernantes que abusando del poder y con el fin de mantenerse en el mismo, perseguían, torturaban o asesinaban a sus enemigos, lo que progresivamente dio lugar a una legislación que castigaría penalmente a los responsables de los crímenes que se cometían en los conflictos bélicos.
Como materialización de los descritos en el año de 1919, firmado el Tratado de Versalles, entre los países aliados y Alemania, se establecieron disposiciones sobre el juicio y la punición de los principales responsables por los crímenes que fueron cometidos durante la guerra. Así mismo, al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se crearon los primeros tribunales criminales internacionales, como el Tribunal de Núremberg, famoso por los juicios allí celebrados y en donde se delineo la noción de lesa humanidad; y el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Estos tribunales fueron una respuesta a los horrores del genocidio Nazi en Europa y a los crímenes de guerra japoneses. Como puede apreciarse la comunidad internacional en los últimos 100 años al menos, no ha permanecido callada ante los crímenes de guerra, como los que ocurren en Ucrania y los crímenes contra la humanidad, cometidos por Slobodan Milosevic, que no fueron ignorados por la comunidad internacional.
Este personaje que era Presidente de la fenecida Yugoslavia, fue acusado de una serie de crímenes contra los ciudadanos de esa federación, compuesta de distintas etnias, y terminó con sus huesos preso en La Haya a la orden de un Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia en 1933, que le iba a juzgar por sus desafueros contra los ciudadanos de Albania, Kosovo y Serbia, dado el cúmulo de evidencias sobre muertes provocadas, que existían contra este personaje de la historia siniestra de los Balcanes y sus más cercanos, pero que desafortunadamente no ocurrió en virtud de haber aparecido muerto en su celda, por razones que no quedaron nada claras, pues existen diversas versiones sobre ese hecho. En vida Milosevic, también ordenó exterminios, provocó grandes emigraciones de grupos étnicos, persiguió políticamente a sus adversarios e incurrió en la comisión de otros actos inhumanos, contra aquellas poblaciones civiles.
Quienes vivimos en este lado del mundo, leíamos y conocíamos de aquellas terribles situaciones de guerra y desmembración de un país, sin imaginar siquiera que décadas después, el Gobierno de nuestro país, sería sometido a un juicio penal internacional, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, esto es, delitos atroces o de carácter inhumano que conculcaron derechos y garantías individuales y colectivas, asegurados por el ordenamiento jurídico internacional, cuando el ordenamiento jurídico interno no da respuesta satisfactoria a las víctimas o familiares, que en el caso venezolano, se informa que son numerosas y que no han encontrado justicia, dando con los responsables civiles y militares, de las actuaciones de organismos militares y de seguridad, que cobraron vidas de personas que ejercían su derecho civil de protestar pacíficamente contra el Gobierno y otras que quedaron discapacitadas por actuaciones del Gobierno con exceso de fuerza.
La Corte Penal Internacional, sentenció y publicó la semana pasada que, las investigaciones por delitos de lesa humanidad continuarán, a pesar de las objeciones políticas de voceros del gobierno a esa decisión de la justicia penal internacional; que olvidaron ex profeso seguramente que esa resolución judicial es inapelable; y que sus cuestionamientos no pasarán de ser eso, pues la apelación que en Derecho ejerció dentro del proceso, fue declarada sin lugar, así como están fuera de lugar, las declaraciones del ciudadano Fiscal General de la República, que como poder supuestamente autónomo ha quedado muy mal parado institucionalmente, al no ponerse de lado de las víctimas, que según la organización no gubernamental PROVEA llegan al cuantioso número de 8.900, quienes hicieron sus denuncias en cuyo petitorio se destacaba que el Fiscal de la Corte Penal reanudara sus investigaciones ante la ausencia de interés del gobierno de establecer responsabilidades, pesar de existir indicios de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al negar por unanimidad la apelación del gobierno de nuestro país, se descarta automáticamente el argumento de que se les vulneró el derecho a la defensa, como se ha declarado por la vocería gubernamental, lo que sí quedó claro además es que en esta instancia judicial universal no se dan los privilegios y prerrogativas procesales que recibe el Estado cuando se enfrenta a los particulares, es por ello que, la Corte le recordó al Gobierno que debe estar pendiente de los trámites del proceso, ya que está a derecho y “no está obligada a notificarle de todos los actos que pretende investigar, especialmente de los que, se refieren a un gran número de presuntos actos criminales”, cuyas investigaciones han carecido de profundidad, dado que, no reflejan suficientemente el alcanzar y visibilizar las cadenas de mando responsables de ordenar actuaciones militares y policiales desmedidas, simulando hacer creer a la Corte Penal que lo hacía, lo cual fue detectado y rechazado.
