En todo el mundo, la acometida de sectores conservadores con discursos y campañas que justifican las discriminaciones, cuestionando los avances en materia de derechos humanos, representa una amenaza a nuestras democracias, a la vez que mina la capacidad de enfrentar los desafíos del mundo actual. Estos grupos tienen obsesión contra los derechos de las mujeres y las diversidades. Por ello están contra de las leyes reconocen sus derechos, aquellas que favorecen la igualdad y las que penalizan la violencia de género. Pugnan por su derogación, así como a favor del desmantelamiento de los mecanismos de igualdad.
Las Américas están hoy bajo presión de estos movimientos que desafían los instrumentos y convenios internacionales signados por sus países para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y eliminar la violencia en contra de las mujeres.
Hace unos días, en el Perú, se inscribió en el legislativo una iniciativa de ley para cambiar de denominación el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia. En Paraguay, en un proceso plagado de irregularidades, correligionarios de la senadora Kattya González del Partido Encuentro Nacional impulsaron su destitución, en un acto considerado como una clara muestra de violencia política en razón de género. Mientras en la Argentina, el actual Gobierno tomó la decisión de degradar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría en el Ministerio de Capital Humano. Además de proscribir el lenguaje inclusivo y el enfoque de género en las comunicaciones y documentos oficiales. Y en Guatemala las autoridades judiciales consideran cerrar la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación del Poder Judicial. Lo que representa un retroceso en los mecanismos para velar por el cumplimiento de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
Dichas iniciativas dan marcha atrás en los avances logrados en materia de protección de los derechos de las mujeres en la región y son contrarias a los principios y obligaciones establecidas por la Convención de Belém do Pará. La Convención, que este año cumplirá treinta años de haber sido adoptada (9 de junio de 1994), es el principal instrumento para garantizar a las mujeres y niñas de nuestra región una vida libre de violencias, y una pieza clave del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este contexto, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo para el Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), realiza una labor continua de observación y seguimiento, para que en todas las actuaciones de los gobiernos se respeten e incorporen los estándares de derechos internacionales y las obligaciones adquiridas por los Estados.
Los pronunciamientos y comunicados realizados por el Comité a los países, son el medio para conminar a sus autoridades a rectificar el rumbo y revertir las acciones que se alejan del cumplimiento de estos derechos. Hace unos días el Comité lanzo dos fuertes llamados al gobierno argentino y al Poder Judicial de Guatemala para dar marcha atrás al retroceso en estos derechos.
En la marcha hacia la conmemoración de los treinta años de la Convención de Belem do Pará, no debemos olvidar que la vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres son derechos humanos ampliamente reconocidos por el derecho internacional. Bajo estos principios de respeto e inclusión, gobiernos, sociedad civil y comunidad internacional deben trabajar de la mano en pro de los derechos y avances de las mujeres y de la diversidad.
