Hay sucesos que en cuestión de horas cambian para siempre el curso de la historia, de un país o del mundo. Hace 35 años un 27 de febrero fue la fecha que dio inicio al derrumbe de 40 años de democracia y libertad.
Era un lunes y como todos los lunes, estaba reunido el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática (CEN) El ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, había inaugurado la costumbre de asistir a las reuniones del CEN. Alrededor de la una de la tarde, una secretaria le entregó un papel. El ministro lo leyó, se levantó y se retiró sin decir una palabra. El CEN discutía un asunto banal de rencillas internas en alguna seccional del Partido. Me levanté para ir al baño y afuera los periodistas que cubrían la fuente de AD, me preguntaron qué opinaba de lo que estaba sucediendo. ¿ Y qué está sucediendo? ¡Hay disturbios en toda la ciudad!
Se suspendió la reunión, tomé el acostumbrado camino de regreso a mi casa por la avenida Libertador, las calles desiertas pero cantidad de vidrios rotos en las aceras. Encender el televisor ya en casa fue un golpe que no sé si describirlo como psíquico, moral, anímico. Era como si todo mi mundo se hubiese derrumbado. Ver por las ventanas de mi apartamento como salía gente de los barrios aledaños cargando con partes de reses congeladas y cantidades de víveres. Más tarde las imágenes mostraban a personas de clase media con lujosas camionetas, asaltando negocios de electrodomésticos y cargando con neveras, lavadoras y televisores.
¿Qué nos pasó y cómo pasó? Enseguida (y hasta el día de hoy) aparecieron los analistas que atribuyeron –y atribuyen– la furia popular a las medidas económicas implementadas por Carlos Andrés Pérez parte II. Nada más falso.
La única medida adoptada, la chispa que desató el desastre, fue un aumento de céntimos en el precio de la gasolina que indignó a los autobuseros de Guarenas. Y de allí vino todo lo demás incrementado hasta llegar a la locura depredadora.
Unos días antes, el 15 de febrero, CAP había invitado a los miembros del CEN de AD a La Casona, para presentarnos el gabinete de los llamados «IESA Boys». Recuerdo la frialdad con que algunos hablaban de la liberación de precios, del dólar, de los intereses. Ese mismo día, al llegar a la sesión de Diputados le dije a Hayde Castillo, diputada de Copei y directiva de la Comisión de Finanzas, lo que iba a suceder con los intereses de las hipotecas y la tragedia que se avecinaba para los compradores de viviendas. En pocos días logramos la aprobación de la ley de Protección al Deudor hipotecario, que les salvó sus hogares a centenares de venezolanos.
Pero lo peor estaba por venir: la catarata politiquería barata para acusar al gobierno de miles de muertes causadas por la reacción del ejército enviado a las calles para contener los saqueos. Me tocó la tarea, como presidenta de la Comisión de Política Interior de Diputados, de llevar a cabo las investigaciones, que incluyeron abrir la tumba común llamada «La Peste» y al final concluir que hubo un total de 276 fallecidos como consecuencia de la actuación del Ejército. Hasta el día de hoy, 35 años después de aquellos trágicos sucesos, se insiste en creer que los disturbios y saqueos fueron planificados.
Nunca pudimos probarlo durante las investigaciones pero lo que es cierto e innegable es que sin el 27 y 28 de febrero de 1989 jamás habría ocurrido el 4 de febrero de 1992.
Los planes de recuperación económica del gobierno de CAP II, lo que se llamó el «paquete», debieron ser modificados; aparecieron o salieron de su cueva los llamados «Notables» que encontraron el ambiente propicio para inmolar al gobierno de CAP y a él mismo como enemigo mortal. Fue el caldo de cultivo para que Hugo Chávez y los colegas que lo acompañaban en sus planes golpistas iniciados una década antes, se envalentonaran para la fallida sublevación del 4 de febrero.
Fracasaron pero lograron cambiar la historia de Venezuela para que 25 años después, lo que fue un fracaso puntual, se haya convertido en un desastre total, y lo que fueron saqueos de bodegas se transformaran en el saqueo a fondo de todo lo saqueable en Venezuela. Así se explica que para ellos los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 sean unas efemérides.
Abogada, parlamentaria de la democracia.
