Las 121 personas rescatadas por el Geo Barents, el barco de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Mediterráneo central, desembarcaron en el puerto de Bari, en el norte de Italia, a mediados de febrero. Junto a ellos, la tripulación bajó cuidadosamente dos camillas naranjas donde descansaban los cadáveres de dos mujeres jóvenes que habían fallecido durante la ruta. A una de ellas, el equipo de MSF la encontró muerta en el fondo de una embarcación neumática después de rescatar al resto de ocupantes; la otra, murió a bordo del Geo Barents sin que los sanitarios pudieran hacer nada por evitarlo. Estas dos muertes irreparables son una de las últimas tragedias que hemos presenciado a las puertas de Europa, desgraciadamente no es un drama aislado.
El reciente informe Muerte, desesperación y desamparo: el coste humano de las políticas migratorias de la UE documenta la espeluznante adopción de tácticas violentas, autorizadas por las políticas de la Unión Europa (UE) y sus Estados miembros, y azuzadas por discursos cada vez más deshumanizadores de sus líderes. El objetivo es claro: alejar a las personas migrantes y refugiadas del continente. Y es que, en cada paso del viaje migratorio, la UE escoge usar la violencia como medida de disuasión.
Muchas de estas personas se ven atrapadas, a menudo de forma brutal, en países fuera de la UE, donde se les niega el acceso a asistencia médica básica y a seguridad y protección debido a los acuerdos de externalización, como el de Níger o el Túnez; este último firmado hace menos de un año. Otro ejemplo son los guardacostas libios, financiados con fondos europeos, que interceptan rutinariamente a personas en el mar y las encierran en centros de detención en Libia donde se han documentado condiciones de vida deplorables y graves episodios de crueldad. En estos países, y también en Serbia, hay patrones similares de violencia exportada desde la UE.
Cuando consiguen salir de la espiral de ensañamiento y falta de atención en terceros países, estas personas quedan bloqueadas en las hostiles fronteras europeas. En tierra, más de 2.000 kilómetros de muros y alambradas, sumados a violentas represiones por parte de las fuerzas de seguridad, causan lesiones de diferente consideración. MSF asistió a más de 20.000 personas en las fronteras de la UE entre agosto de 2021 y septiembre de 2023. En el mar, los Estados se han desentendido de su obligación de asistir a aquellos en peligro, convirtiendo la ruta del Mediterráneo central en la más peligrosa del mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones.
Si logran entrar en la UE, se encuentran con el desmantelamiento de mecanismos de protección que minan su salud y bienestar. Son detenidas en países como Italia o Grecia, donde el máximo exponente de confinamiento son los Centros Cerrados de Acceso Controlado financiados por la UE. Los trastornos depresivos, por estrés postraumático y de ansiedad son frecuentes entre nuestros pacientes en las islas griegas de Lesbos y Samos, incluidos los niños y niñas.
Y cuando la persona consigue superar todos estos obstáculos, se encuentra con políticas excluyentes que la privan de cualquier posibilidad de curarse, asentarse y vivir con dignidad. Debe hacer frente al abandono y la indigencia. Al preocuparse sobre todo por mantener a las personas en las fronteras exteriores, la UE institucionaliza estas dinámicas, cuyos efectos perversos ven nuestros equipos en países como Francia y Bélgica.
Llevamos años dando la voz de alarma, pero la situación solo ha empeorado.
El Pacto de Migración y Asilo —acordado por los ministros de Interior de la UE en diciembre y que previsiblemente aprobará el Parlamento Europeo en abril— insiste en el objetivo único de disuadir y excluir a aquellos que buscan seguridad, sin reforzar el sistema de acogida y asilo, ni hacer frente a la violencia que impregna la gestión de los movimientos de personas. Entre otras medidas, permite la creación de zonas de detención en las fronteras que incluirán automáticamente a los menores no acompañados que puedan suponer una “amenaza para la seguridad”. Familias y niños también podrán ser detenidos.
Otro ataque al maltrecho derecho de asilo es el acuerdo que acaba de ser ratificado entre Italia y Albania, que conlleva la tramitación de las solicitudes de asilo en territorio no europeo, y la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados.
En definitiva, acciones que comportan una reducción de los derechos de las personas en movimiento y/o solicitantes de asilo, que huyen de la persecución, el conflicto o la extrema pobreza.
La UE se empeña en seguir un camino que la aleja de sus valores fundacionales y se despreocupa de su responsabilidad de acogida y asilo, anclada en el respeto a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, mientras fomenta políticas y prácticas de disuasión que infligen sufrimiento y muerte. Hace falta voluntad política para revertir esta situación y es urgente hacerlo. En 2016, MSF renunció a los fondos de la UE y sus Estados miembros en protesta por el pacto UE-Turquía, pensando que habían llegado muy lejos en la deshumanización de las políticas migratorias; no imaginamos que fuera solo el principio.
