En México la observación internacional de elecciones arrancó en 1994. En esa ocasión, gracias a los esfuerzos de un buen número de personalidades, el gobierno de Carlos Salinas finalmente aceptó invitar a grupos organizados por diversas instituciones privadas o multilaterales como la ONU o el Centro Carter. En particular quiero recordar y celebrar el esfuerzo que realizó Carlos Fuentes durante una larguísima comida en su casa a finales de diciembre de 1993 con Salinas de Gortari.
A partir de entonces, detalles más, detalles menos, todas las elecciones presidenciales en México han sido atestiguadas por distintas misiones de observación electoral (MOE). La última, la del 2018, recibió varias MOEs, incluyendo una de COPPPAL, presidida por José Miguel Insulza, de Chile; de la OEA, encabezada por expresidente dominicano Leonel Fernández; y grupos de la Unión Europea y otras instituciones. En 2021 la misión de la OEA la encabezó Santiago Cantón. Resulta especialmente lógico y pertinente que para estas elecciones de 2024 acudan al país el mayor número de instituciones posibles, con el mayor número de observadores posibles, por el mayor tiempo posible. Hay tres razones por las cuales esto debiera resultar evidente para cualquiera.
La primera es que nos hallamos ante una elección de Estado, donde el Presidente y el gobierno violan sistemáticamente la legislación electoral y buscan influir indebidamente en el desarrollo de las campañas. En un manifiesto publicado estos días, un grupo de denominados intelectuales firmamos un llamado al trato parejo de las candidaturas por parte de los medios.
La segunda razón consiste en las dudas que existen sobre si el Estado reconocerá la hipotética derrota de su candidata, y qué sucedería en ese caso. Y el tercer motivo, que ya se comprobó en 2021 y fue oportunamente denunciado justamente ante la OEA, radica en la influencia, la participación, y en su caso posiblemente las alianzas de Morena con el crimen organizado en distintos estados de la República.
Las misiones electorales, en cualquier país, requieren de varios elementos para existir y desempeñar su trabajo de manera apropiada. Para empezar, recursos: en casi todos los casos, se necesitan fondos especiales, casi siempre procedentes de países ricos como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, etcétera, para financiar un gasto que no es despreciable. Incluye transporte de los observadores al país observado, desplazamientos de los observadores durante el periodo de observación, alojamiento y logística para los observadores, etcétera. Instituciones como la OEA o el Centro Carter no disponen de los recursos suficientes por ellas mismas para asegurar una observación adecuada. Por lo tanto, buscan y suelen obtener financiamiento de ciertas instituciones. En el caso de la OEA, en particular, de Estados Unidos y Canadá.
En segundo lugar, se necesita la invitación de las autoridades electorales del país en cuestión -lo hizo el INE en esta ocasión- pero también un llamado Acuerdo de Privilegios e Inmunidades por parte del gobierno anfitrión, así como un acuerdo de procedimientos, es decir, básicamente de accesos con el INE. Sin dichos acuerdos, las misiones electorales gubernamentales, como la Unión Europea, como la OEA, o la ONU, simplemente no pueden llevar a cabo su trabajo. Constituyen una condición indispensable para que dicha observación tenga lugar.
Por último, la mayoría de las misiones necesitan una cabeza visible, que suele ser un expresidente, un excanciller o una figura del ámbito multilateral. En el caso de México, para esta ocasión, se han mencionado, sin que ninguno de ellos por el momento haya aceptado, a personalidades como Juan Manuel Santos, de Colombia; Michelle Bachelet, de Chile; Laura Chinchilla, de Costa Rica; o incluso Roberta Jacobson, de Estados Unidos; entre otros.
Estamos a casi dos meses y medio de las elecciones del 2 de junio. Hasta donde tengo entendido, Estados Unidos ha aprobado un presupuesto menor -de 1.5 millones de dólares- para varias observaciones, incluyendo la OEA: una suma insuficiente. Canadá no aprueba aún su aportación. La Unión Europea decidió no enviar una misión de observación sino únicamente de expertos; no sé si la oposición cabildeó en algún momento el envío de una MOE como dios manda. La Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta ahora, no ha firmado el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades para la OEA. Tampoco se ha encontrado a la personalidad idónea para encabezar la misión de la OEA, que incluiría a 90 observadores, y que según la consejera presidenta del INE, vendría en tres etapas y no sólo el día de las elecciones.
Esperemos que todo esto se dé de manera eficaz, que el gobierno acepte sinceramente que haya misiones de observación electoral, que la oposición haga el trabajo necesario para que existan, y que nadie, ni el embajador de Estados Unidos en México, ni las misiones diplomáticas del gobierno de la 4T en el extranjero, saboteen la aprobación y otorgamiento de recursos para que las misiones de observación electoral pertinentes se den a cabalidad.
