Recordé el episodio estos días, después de que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández -mejor conocido como JOH- fuera condenado en Nueva York por varios cargos de narcotráfico y conspiración con armas. Pero antes de hablar del expresidente y su condena, déjenme contarles la situación desesperada en la que puse a aquel exalcalde.
Era agosto de 2011. Y el presidente no era el narcotraficante JOH. El presidente era Porfirio Lobo Sosa. Este último está acusado en su país por corrupción. Su hijo, Fabio Lobo, que en 2017 fue condenado en Estados Unidos a 24 años de prisión por cargos de narcotráfico, ahora es testigo de la fiscalía neoyorquina, y declaró que tanto su padre como JOH colaboraban con el principal grupo de narcotráfico hondureño. Toda una maraña de narcos. Y falta. Pero volvamos al exalcalde al que metí en un lío: un día cualquiera, llamó al periódico y dijo que los narcotraficantes hondureños que controlaban la frontera con Guatemala y El Salvador iban a matarlo porque él había hablado conmigo para una pieza que recién había publicado.
Yo no conocía a ese exalcalde, nunca hablé con él. Hablé, eso sí, con otro exalcalde a quien en mi artículo solo identifiqué como “un exalcalde de la zona fronteriza del departamento de Copán”. Hay decenas que encajan en esa descripción, pero por alguna razón que nunca sabré, los narcos creyeron que era aquel hombre que desesperado me decía a gritos que iban a matarlo a él y a su familia.
El artículo se tituló “La frontera de Los Señores” y explicaba cómo los narcotraficantes vinculados con políticos (o los políticos vinculados con narcotraficantes) controlaban con impunidad toda esa área.
El jefe policial de esa frontera era Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, a quien acusaban de liderar grupos de exterminio en favor de los narcos. Cuando le pregunté si había asesinado, me contestó: “Hay cosas que uno se lleva a la tumba”. Este febrero, en la Corte de Nueva York, Bonilla se declaró culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. El político más célebre de esa frontera en aquel entonces era Alexander Ardón, alcalde del municipio de El Paraíso. En ese sitio, aunque sus calles eran de tierra, el palacio municipal emulaba al Capitolio estadounidense y tenía helipuerto en su techo. Ardón también acaba de ser condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El hombre, que trabajó para el célebre Chapo Guzmán, luego testificó contra el expresidente JOH y aseguró que le compraba la cocaína a su hermano, Tony Hernández, también condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Además, admitió que él mismo financió las campañas presidenciales de Lobo y JOH “con dinero del narcotráfico”.
Parece enredado, déjeme simplificarlo: todas las personas a las que he mencionado en este artículo, excepto aquel exalcalde al que casi matan por mi otro artículo, están acusados o condenados por narcotráfico.
En la llamada telefónica, el exalcalde me pedía en 2011 publicar una nota explicando que yo nunca había hablado con él. Le dije que era muy poco usual algo como eso y que más bien yo podía viajar, entrevistarle sobre su situación y acercarlo a organizaciones que pudieran protegerlo. “Nadie puede protegerme de esos señores en Honduras”, respondió. “O los convenzo de que nunca hablé con usted o mi familia y yo estamos muertos”, concluyó.
Hace unas semanas publicamos una exclusiva en El Faro, una entrevista al hijo del expresidente Lobo realizada en 2022, siete años después de su captura en Haití, cuando el hombre viajó a negociar un pacto para mover drogas y sin saberlo cayó en una operación encubierta de la DEA. El hombre, ahora devenido en testigo de la fiscalía estadounidense, acusó en esa entrevista a Carlos Zelaya, actual vicepresidente del Congreso y cuñado de la presidenta de Honduras, de haber coordinado aterrizajes de droga en pistas clandestinas antes de 2010.
Honduras lleva años siendo un narcoestado. Lo sabe bien aquel exalcalde que estaba a punto de ser asesinado sin haber dado declaraciones a ningún periodista. Y un narcoestado no se desmantela en un solo juicio en Nueva York.
El pasado 5 de marzo, en la corte estadounidense, el expresidente JOH dijo una frase que rezuma vigencia: “los narcos no tienen partido… Ellos apoyan a todo el mundo. O al menos lo intentan”.
En Honduras, los eslóganes políticos facilones y habituales se diluyen como azúcar en agua. El político hondureño que enarbole la guerra contra el narcotráfico debe saber que esa guerra sería principalmente una guerra contra el Estado del que es parte. No contra un polvo ni contra una planta, sino contra los políticos que llevan años ocupando sus cargos para lucrarse de ese polvo, de esa planta.
Toda esta maraña de corrupción me hizo recordar a aquel exalcalde con quien hablé en 2011, aterrado por los narcos, aquel que nunca fue mi fuente, pero que casi muere porque unos narcos así lo habían concluido. Porque podían, porque controlaban, porque mataban cuando querían. Me hizo pensar en lo abandonadas que han de sentirse las víctimas de este esquema nacional de narcotráfico y corrupción, gente que se enfrenta al poder policial, político, empresarial, criminal. Un emporio que, aún a día de hoy, y a la luz de lo revelado en el juicio en Nueva York, sigue vivo.
En aquella ocasión, acordamos con el exalcalde que yo escribiría la verdad en un mensaje telefónico: que no lo conocía, que nunca hablé con él, que mi fuente era otro exalcalde y no él, nunca él. Lo escribí. Me suplicó no hacer nada más ni hablar con nadie. Dijo que lo mostraría a los narcos. Al día siguiente le pregunté si seguía vivo. Me respondió con un mensaje de texto: “Bien. Me perdonaron los señores”.
